Cuando las 13 Colonias americanas se independizaron de Gran Bretaña en 1776, los peligros internos y externos no habían desaparecido. Urgía, por lo mismo, aglutinar a esas naciones que lucharon juntas contra el opresor dentro de una marco institucional coherente y aceptado por todos.
Los más brillantes cerebros de entonces debatieron durante muchas horas las alternativas y concluyeron que la opción republicana era la que más convenía a las partes. Inspirados por la doctrina de la Declaración de la Independencia, el fruto de sus debates fue la Constitución aprobada por la Convención Constitucional el 17 de septiembre de 1787.
El documento tenía que ser ratificado por las 13 Colonias según proceso en ese mismo documento especificado. Había escepticismo y resistencia a ceder la soberanía en favor de un gobierno central, por lo cual la tarea de persuasión se encargó a tres ilustres gestores de la Unión: Alexander Hamilton, James Madison y John Jay.
Ellos escribieron 85 artículos y ensayos con el seudónimo común de Publius, que se publicaron en los medios de mayor difusión de la época y que fueron profusamente discutidos en reuniones públicas y privadas. La necesidad de unirse para mejor afrontar las amenazas internas y externas no dejaba dudas. La incógnita debatible era cómo.
Madison partió de un principio simple pero convincente y de certeza perenne: “los hombres no son ángeles”, dijo “y los ángeles no gobiernan”. Por tanto, concluyó, hay tenemos que unirnos pero con un gobierno lo menos intrusivo posible para evitar los excesos de tiranía que han sido constantes en la historia.
Para comenzar, en los artículos que luego se conocieron como Escritos Federalistas, se ponderó la necesidad de respetar la identidad y derechos de cada una de las 13 naciones, uniéndolas en una Federación. De esa manera, todo lo que no estuviese estrictamente regulado y prohibido en la Constitución, quedaría en manos de cada Estado el resolverlo.
Los derechos inalienables de los ciudadanos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, descritos en la Declaración de Independencia, no eran dádiva de nadie sino de la divinidad. Se rompía, así, el mito de que el poder de monarcas o emperadores pudiera provenir de Dios y que en manos de ellos estuviera el otorgar o no tales derechos a los súbditos.
Pero el poder, si conferido por Dios al pueblo, tenía que ser administrado no por ángeles, sino por hombres. ¿Quién podría garantizar que tal poder podría ser manejado sabiamente y por cuánto tiempo, dada la falibilidad del ente humano? Fue entonces que surgió la convicción en quienes redactaron la Constitución de dividir el poder del gobierno en tres instancias.
El actual presidente Barack Hussein Obama se refiere despectivamente al supuesto “excepcionalismo” de los Estados Unidos, afirmando desde que se posesionó en el 2009 que “no tenemos nada de excepcional, somos como cualquier otro país del mundo”. No es verdad pues lo que distingue y hace excepcional a este país es el concepto de “república”.
Una república en que la armonía social se sustenta en la libertad y respeto a la ley. La fuente de toda ley es la Constitución con su mandato de distribuir el poder del gobierno en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial para que se contrapesen entre si a fin de evitar abusos y excesos. Cuando el Ejecutivo desoye ese mandato, el equlibrio se resquebraja.
Es lo que está ocurriendo con Obama. Aunque pertenece a una ideología autotildada de “progresista” o “progresiva”, es decir de izquierda, su actitud revela añoranza de un poder como el que primaba antes de las prédicas Federalistas del Siglo XVIII. La religiosidad de Obama está en entredicho, pero parece que él cree que alguna divinidad le confirió a él y no al pueblo el derecho a gobernar.
El concepto de República, que aquí ha funcionado mejor que en ninguna otra parte del globo hasta convertir a los Estados Unidos en la primera potencia mundial, ha comenzado a declinar en años recientes, hasta agudizarse con Obama. Peor aún si paulatinamente se ha ido creando un cuarto poder dentro del gobierno, la burocracia.
Este cuarto poder está asumiendo en sí mismo los poderes de legislar, juzgar y ejecutar. Son las agencias, casi 7.000, que se han ido formando no caprichosamente sino con autorización y delegación de poder del propio Congreso Federal. La explicación que se da, no justificación, es la expansión de la nación y del poder central.
Las agencias regulan (legislan) prácticamente sobre todas las actividades humanas, del medio ambiente, el clima, los alimentos, la educación, la sexualidad, el transporte, los combustibles, las inversiones. Usualmente las agencias están del lado “progresista”, de suerte que no necesitan de presión alguna del presidente actual para actuar.
¿Acaso es un hecho consumado, imposible de remediar? La respuesta la deberían dar los legisladores. Ahora el Congreso Federal tiene mayoría de oposición en las dos cámaras, al igual que hay mayoría republicana en los congresos estatales y gobernaciones. Pero no se escuchan argumentos ni individuales ni colectivos para afrontar este problema sustancial.
El cual va íntimamente ligado a la destrucción de la República, carcomida por las dentelladas del progresismo/estatista al estilo Obama. Las perspectivas se ensombrecen al contemplar cómo Obama sigue gobernando por fuera de la Constitución. Lo ha hecho desde el 2009 y pese a ello fue reelecto en el 2014.
¿Acaso la mayoría en los Estados Unidos está renegando del legado de los fundadores de la República y autores de la Constitución y quiere dar un vuelco a la historia para dejar de ser “excepcional” y parecerse, como lo quiere Obama, “a cualquier otro país” como Venezuela, Ecuador o Cuba?
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