Cuando una persona miente y no se retracta, es probable que continúe mintiendo para evitar ser sorprendido, hasta cuando ello sea insostenible. Igual sucede con el incumplimiento de la ley.
Una sociedad comienza a desarticularse si quienes gobiernan persisten en la mentira y en el quebrantamiento de la ley. Para mantenerse en el poder tienen que recurrir a la violencia verbal y física, tolerable hasta cierto límite.
La historia está plagada de casos pasados y recientes. En unos países los gobiernos autoritarios han sido sustituídos generalmente tras revueltas militares. En otros, tras controversias aunque sin alteración institucional.
Entre los últimos están los Estados Unidos. Ha habido gobernantes que han querido alterar el equilibrio democrático de contrapeso de los tres poderes. Franklin D. Roosevelt, por ejemplo, quiso modificar en su favor el número de jueces de la Corte Supema, pero fracasó.
Richard Nixon pretendió abusar de la presidencia para anular a sus rivales demócratas, pero el escándalo de Watergate lo obligó a dimitir. No así el demócrata Bill Clinton, quien se libró de la destitución por perjurio, al haber mentido bajo juramento que no tuvo sexo con una jovencita voluntaria en la Oficina Oval de la Casa Blanca.
El actual gobernante Barack Hussein Obama ha sido un pertinaz violador de las leyes en sus distintos niveles, comenzando por el constitucional. Uno de sus principales quebrantamientos ha sido el irrespeto al equilibrio de las tres ramas del poder. Desde que asumió el mando en el 2009 ha soslayado al Congreso cada vez que ha podido.
Ha gobernado sin Presupuesto; ha forzado la aprobación del Obamacare y la ha ido reformando al paso sin atribuciones para hacerlo; ha nombrado superministros de Estado o Zares sin la venia del Congreso; ha entregado al enemigo taliban a cinco de sus más peligrosos líderes; ha reconocido al grupo terrorista Hamas como cogobernante de la Autoridad Palestina.
La lista podría alargarse más. Se agrega hoy la estratagema para debilitar más a la oposición republicana con la inmigración. Ha decidido por decreto ejecutivo, que prescinde del Congreso, que no habrá más deportaciones de inmigrantes ilegales y que, más bien, facilitará el acceso de niños por la frontera sur.
Los asistirá con albergue, alimentación y medicinas en Arizona, cuya gobernante ha sido opuesta a su política de inmigración. Dice Obama que su ayuda a los niños es “por sentido humanitario”, ya que proteger a los más indefensos es consustancial al alma americana. Él es, sin embargo, el “Abortero en Jefe” de la Nación.
Se espera que el anuncio de Obama desatará una oleada de inmigrantes sin precedentes. Las madres llevarán a sus niños a las fronteras para que allí los guardias fronterizos los recojan y conduzcan hacia los refugios respectivos, construídos por orden de la Casa Blanca.
Dirán los niños, aleccionados, que llegan al país para reunirse con sus padres (inmigrantes ilegales) lo cual enternece a cualquiera. Luego, si no es ese el caso, sus padres se darán modos para cruzar las frontera en búsqueda de sus vástagos. Lo cual enternece a cualquiera. Y respalda la amnistía. En todos los casos, el negocio de los coyotes irá viento en popa.
Y en todos los casos, es la ley la que se viola. Nadie, que no sea xenófobo o racista, se opone a la inmigración. Los Estados Unidos es una nación que se ha engrandecido por la diversidad de la inmigración, sin paralelo en el mundo. Pero la inmigración tiene que sujetarse a un curso legal, que se ha vulnerado por negligencia de regímenes de los dos bandos.
En el gobierno de Ronald Reagan se intentó superar el problema del exceso de inmigrantes ilegales otorgando por “una sola vez” la amnistía, para que a futuro se sellen las fronteras y los aspirantes se sujeten con estrictez a los trámites de ingreso. No ocurrió tal y a la fecha se dice que el número de ilegales llega a unos 21 millones o 23 millones.
Con George WBush se ensayó pasar una ley sensata de reforma, que en esencia facilitaba la conversión de los ilegales a la legalidad mediante un proceso simple y realista. Sus partidarios republicanos no le apoyaron y él, respetuoso del sistema, retiró el proyecto. No lo impuso a rajatabla como en el caso del Obamacare.
Los demócratas aprovecharon el error republicano para apropiarse de la reforma y ganarse el respado latino, que es el grupo ilegal mayoritario. De la ley de Bush tomaron lo esencial, pero la distorsionaron con infinidad de añadidos convirtiendo el proyecto en un mamotreto de cerca de 3.000 páginas comparable al Obamacare y que en suma busca la amnistía.
La Cámara de Representantes, con mayoría republicana, propone que la ley se simplifique y apruebe por partes para no cometer los mismos errores que con la ley de salud. Los demócratas de ambas cámaras se niegan. Pero Obama tiene la solución, que la ha usado casi a diario en su segundo período: el decreto ejecutivo.
La ley y la Constitución son pamplinas para él. A los republicanos que le objeten por su política inmigratoria les acusará de ser seres sin corazón ni compasión. Le aplaudirán, eso si, los gobernantes latinoamericanos que son los responsables del éxodo de tantos ciudadanos sumidos en la desesperanza y el miedo.
La reforma a la ley de inmigración continuará aplazándose en espera de que los demócratas cedan paso al GOP en las elecciones de noviembre próximo en el Senado (en la Cámara de Representantes son minoría) y en la Casa Blanca en los comicios presidenciales del 2016.
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