El presidente Rafael Correa se esfuerza por aparecer como el incorruptible por excelencia. Sostiene que su gobierno es y será diferente sobre todo porque no se dejará reducir por los políticos y los empresarios corruptos.
Para probar que marcha en esa dirección está sin embargo cometiendo serios errores violatorios de la Constitución, la ética y las leyes. Quien así actúa desde tan alta magistratura mal puede vanagloriarse de ser campeón de la moralidad y las leyes.
En la última descarga verbal por la radio, lanzada desde Cañar, el mandatario se ufana de una proeza ingeniada por él para sorprender con trampas a un grupo de 18 congresistas y supuestamente hacerlos caer en falta confesa de intento de corrupción. Pero no solo los diputados han caído en la trampa, sino él mismo.
Al menos en los Estados Unidos y con variantes en el Reino Unido y el Canadá existe una figura jurídica denominada “Entrapment” según la cual está prohibido que funcionarios del gobierno (policías, agentes, detectives) tiendan una celada para que los ciudadanos cometan delitos involuntariamente.
La línea es sutil para diferenciar los actos lícitos de los ilícitos en la búsqueda de los infractores de la ley. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha examinado desde el siglo XIX varios casos específicos sobre el tema, ligando la acción de trampa para inducir al crimen como algo contrario a la moral, la ética y la ley.
Hay que diferenciar la misión de los agentes encubiertos que con autorización merodean por sitios donde hay drogadictos, narcotraficantes, contrabandistas, prostitutas y otros delincuentes siempre listos a cometer un acto prohibido por la ley. El agente en tales circunstancias solicita un servicio a sabiendas de que es ilícito pero no induce ni fuerza a la comisión del delito.
Se cita el caso de un ex drogadicto que estaba en periodo de recuperación por más de 5 años. Hubo agentes que lo presionaron para negociar droga y cuando finalmente éste flaqueó, lo denunciaron. Se investigó, se probó que el acusado no tenía rastros de consumo ni consigo ni en su hogar y fue absuelto.
Los casos por supuesto se refieren a criminales por delitos como los indicados, no a supuestos delitos políticos como el que denuncia por Correa. Pero la figura es análoga y habría que preguntar a los juristas ecuatorianos si en las leyes del país se contempla alguna figura similar a la de la ley anglosajona.
El propio Correa, en su exposición de ayer, relata que recibió de los diputados una solicitud de audiencia para tratar sobre el proyecto de ley de reformas al sistema bancario. Declinó recibirlos y prefirió enviar al Congreso a un capitán de policía, encubierto con el título de asesor presidencial, para que dialogue con ellos.
Es obvio suponer que los 18 diputados al pedir la cita al Presidente no le plantearon apoyarlo a cambio de puestos burocráticos. Quizás esa era la intención, pero el mandatario prejuzgó, esto es, que la cita solicitada involucraba el objetivo del chantaje. Y si los diputados plantearon condiciones por anticipado lo que debió hacer Correa no era enviar a un agente encubierto, sino denunciar ipso facto a los diputados.
El capitán de policía, casi con certeza aleccionado por Correa o Patiño o ambos, debió haber ideado la trampa para inducir a los diputados a que admitieran que el apoyo para aprobar la ley podría negociarse a cambio de cargos públicos.
Nada extraño que los congresistas se hayan sentido tentados y que, en efecto, hayan transado por esa fórmula. La corrupción en ese y en todos los sentidos sigue inmutable en el sistema político ecuatoriano pero acciones como la del presidente Correa no la reducen ni alteran, sino lo contrario.
El ministro Patiño, primero y el presidente Correa, ahora, lucen no como líderes anti corrupción, sino como cómplices. La honestidad hay que demostrarla en todo instante, no por dosis ni goteo, ni por el temor a ser sorprendidos. Patiño debió haber invitado a su despacho a los intermediarios de la deuda para discutir con transparencia, sin subterfugios ni circunloquios, todos los detalles inherentes al problema de la deuda. Y ante la menor insinuación de soborno su obligación habría sido echarlos del despacho y denunciarlos.
Igual debió ocurrir con Correa. En un marco democrático no hay porqué alentar suspicacias si los legisladores desean dialogar con el Ejecutivo y viceversa. GW Bush se ha reunido en incontables ocasiones con senadores y diputados para discutir proyectos de leyes y reformas sobre las cuales no hay consenso, en búsqueda de una transacción.
En democracias distintas, como la parlamentaria británica, los encuentros del primer ministro con la Cámara de los Comunes son frecuentes y los diálogos y controversias vibrantes, tensos y se transmiten en directo por radio y TV a toda la nación, como ocurre con las sesiones del Congreso Federal en USA.
Lo que realmente ocurre es que al presidente Rafael Correa no le gusta ni le conviene un Congreso que interfiera en su afán de asumir poderes omnímodos. Lo demostró al no presentar candidato alguno al Congreso en su campaña presidencial. Y lo ha seguido demostrado permanentemente como cuando gestó la eliminación de 57 diputados libremente elegidos al mismo tiempo que a él para presidente.
Y acaba de demostrarlo con el chantaje o trampa a18 diputados y la orden que impartida a sus subordinados o súbditos para hagan caso omiso de lo que el Congreso diga o resuelva, lo cual equivale a clausurarlo aún antes de que la asamblea lo haga siguiendo sus directivas cuando se instale a fines de año.
¿Son éstas algunas muestras que Correa regala por adelantado a “su” pueblo de lo que va a ser su socialismo bolivariano del siglo XXI, que piensa instaurar tan pronto la constituyente le otorgue todos los poderes con los cuales quiere derramar la felicidad a manos llenas a los ecuatorianos?
La felicidad, mientras tanto, es cada vez más esquiva a los ecuatorianos, según las informaciones estadísticas. El comercio exterior, que tuvo un superávit de 826 millones de dólares en el lapso de 4 meses del 2006, acusa en igual periodo de este año un déficit de 32 millones de dólares. La principal causa es la caída de la producción petrolera, no obstante los altos precios del crudo en el mercado internacional.
Curiosamente, el único saldo positivo es el del comercio con los Estados Unidos país contra el cual el gobierno se ha sumado a Chávez y Castro para denostarlo en todos los frentes y niveles. Si el ingreso de dólares por exportaciones cae por el motivo que fuere, todo peligra, sobre todo por el sistema de dolarización que tanto desprecian Correa, Patiño y sus demás incondicionales.
La provisión de gas de uso doméstico, que en el Ecuador aún se hace por el sistema incómodo y peligroso de distribuirlo en tanques o pipetas, no satisface la demanda. Ello obedece no a ninguna conspiración de los ricos como dice el presidente, sino al aumento en la demanda por crecimiento normal de consumo y por el anormal contrabando. Este último se explica por el subsidio estatal que estimula la venta clandestina a mercados de allende las fronteras y para el prohibido consumo de automóviles, con lo cual el gasto por gasolinas disminuye. El precio real del gas es de 10.4 centavos de dólar por kilo, pero el referencial se mantiene en 8.7 centavos y el de los “pobres” en 4 centavos.
Sumados todos los subsidios al gas, diesel, gasolinas y otros combustibles, así como los bonos de vivienda, bonos para los pobres y más demostraciones de la “magnanimidad” de Correa con los explotados por los ricos y el imperio yanqui, la suma alcanza a 2.315 millones de dólares.
¿Quién o quiénes pagarán tan alta cifra en un país tan pobre y sobre todo tan pobremente administrado? Con seguridad que no serán los Chávez, ni Fidel, ni Ahmadinejad, ni BanSur: será el pueblo.
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