Los Estados Unidos, acaso como nunca antes, luce dividido en cuanto a la visión política y cultural que tienen sus más de 300 millones de habitantes. Pero si se observa con detenimiento esa división la genera un segmento limitado de la población, pero su prédica se sobredimensiona por influjo de la mayoría de medios de comunicación.
La división está dada por quienes piensan que la prosperidad de la nación, la mayor en la historia de la humanidad, se debe al sistema de vida emanado de los principios de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 1776 y su expresión política en la Constitución de 1778 que configura una forma de gobierno.
Dichos documentos establecen que el poder reside en el pueblo, no lo da un monarca ni un conquistador. El pueblo delega su poder a un gobierno regulado por la Constitución y un Congreso cuyos integrantes elegidos por voto popular, dictan leyes y regulaciones. La delegación del poder en el gobierno queda fraccionado en tres ramas para evitar excesos.
El sistema de convivencia delineado por los llamados Fundadores de la Patria en el Siglo XVIII, inspirado (y perfeccionado) en las experiencias de la Grecia y la Roma antiguas (y de las suscesivas), es insuperabe y ha probado ser el más eficiente donde quiera que se lo aplique.
Los que aquí abogan por continuar con el respeto a los principios de la Constitución y la Declaración de la Independencia, convencidos de que cualquier vacío o insuficiencia pueden irse corrigiendo dentro del mismo marco constitucional sin resquebrajar sus principios, son llamados conservadores, retrógados, ultraderechistas e incluso nazifascistas.
En esa categoría están el Presidente Donald J. Trump y los republicanos y no republicanos que lo respaldan. En la otra orilla se ubican los llamados “liberals”, o demócratas o “progresistas”, que consideran que la Constitución y la Declaración son obsoletos, aceptables quizás para su época pero no para la actual que requiere de un Estado Administrativo eficiente para implantar directamente la “justicia social”.
En suma, los progresistas que nacen con el Presidente Woodrow Wilson a comienzos del siglo XX, juzgan que la división del poder en tres ramas es un obstáculo para redistribuir la riqueza e imponer la “justicia social”, que para ellos consiste en la igualación utópica de los ingresos, idéntica a las utopías de corte marxista y variantes que lo que obtiene es supresión de las libertades individuales e igualación de la pobreza.
En las pasadas elecciones de noviembre del 2016, el grupo progresista y los medios daban por seguro el triunfo de Hillary Clinton, pero la victoria fue para Trump, un multibillonario neoyorquino republicano. Fue un golpe que los tiene aún conspirando para ver como lo descalifican, pese a que ya esá en el poder por casi un año y medio.
Durante ese lapso, Trump ha hecho mucho por contrarrestar el avance del “progresismo” hostil a la Constitución. Ha anulado decenas de regulaciones de Obama y predecesores que han ido fortaleciendo al Estado Administrativo, que significa proliferación de agencias burocráticas autónomas para elaborar leyes y reglas, aplicarlas y sancionar a quienes no las cumplen, con prescidencia del Congreso y la rama judicial.
Este monstruo burocrático dictatorial sobrevive aún y está infiltrado en todos los departamentos del gobierno. Ello explica que aún se pretenda llevar al “impeachment” o destitución parlamentaria a Trump por supuesta colisión con Rusia para ganar las elecciones. Como no se ha podido exhibir prueba alguna, ahora se pretende desviar la investigación a un lío supuesto que habría tenido Trump con una prostituta en el 2006.
El encargado de la investigación, Robert Moeller, no tiene pruebas de nada ni contra él ni sus colaboradores. Pero distrae la atención y consume millonadas de dólares para el pago de salarios de si mismo y de sus 17 colaboradores, todos demócratas y confesos anti Trump. Pese a toda la campaña de hostigamiento, el desempleo baja a niveles de 1973 al 3.9, la Bolsa de Valores sigue en alza, la economía en general resurge.
En lo internacional se anuncia que ya ha sido fijada la fecha y la sede para la reunión cumbre entre Trump y el dictador de Corea del Norte Kim Jong-Un, a los cuales se unirá el Presidente de Corea del Sur, Moon Jae-In. Se presume que la reunión se celebrará en el paralelo 38 de la Península, zona desmilitarizada creada con el armisticio de 1953 por el cual el Presidente Truman permitió la formación de la cárcel norcoereana.
Kim ha prometido desmantelar su programa nuclear prohibido por las Naciones Unidas y acaso inicie una apertura a las inversiones extranjeras al estilo chino para sacar de la miseria a su pueblo. Si se confirma la promesa, enhorabuena para el mundo. Queda pendiente Irán, que Obama respaldó con dinero en sus empeños de “nuclearizarse” como Kim.
Trump, con el apoyo de los aliados, no ratificará el acuerdo Obama/Irán y lo descartará o modificará sustancialmente, lo cual significa: nuclearización 0. John Kerry, el ex Canciller de Obama, está saboteándolo y ha aconversado con los líderes iraníes para evitar que la nueva política de los Estados Unidos se imponga. Es el mismo Kerry que hablaba horrores de los solados norteamericanos en Vietnam y que dialogaba con los enemigos vietcong en París. ¿Recuerdan a Jane Fonda en Hanoi respaldando a los vietcongs que mataban a los “soldados yanquis invasores”?
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