La gente, partidaria o no de Obama, mira absorta al Presidente que hace y deshace de las leyes como si ya no existiera una Constitución, como si el poder de la función ejecutiva no tuviese que marchar coordinada con la de las funciones judicial y legislativa.
La destrucción del sistema no se limita a la misión de ejecutar las leyes del Congreso, que las rehace y aplica parcialmente, sino que se ha extendido al área privativa de la función judicial. Es el caso Ferguson, en el cual un Gran Jurado eximió de juicio penal al policía que mató en defensa propia a un ciudadano negro.
Dicho ciudadano había asaltado un almacén en Ferguson y cuando el dueño alertó a la Policía, un gendarme le ordenó detenerse. No lo hizo, atacó al policía y quiso arrebatarle el arma y a éste no le quedó otra alternativa que sujetarse al código de instrucción y disparar en defensa propia.
El jurado inquisidor fue integrado por el juez en mayo con doce ciudadanos representativos de la comunidad. El incidente del robo se produjo en agosto. Las evidencias de lo ocurrido no dejaban dudas en cuanto a la legalidad de la acción policial, pero puesto que el policía era blanco, hubo presión racista y se llamó al Gran Jurado.
Los jurados deliberaron en secreto 70 horas durantes tres meses y examinaron todo tipo de pruebas, documentos y testimonios. Fallaron que los cargos no justificaban que el policía Darren Wilson fuera a juicio. Quedó libre. Muchos de los testimonios de negros que aseguraban que Wilson usó fuerza excesiva contra Michael Brown resultaron falsos y contradictorios.
Pero el jefe de la Función Ejecutiva, Barack Hussein Obama y Eric Holder, su Procurador General, cuyo mandato constitucional es respetar y hacer respetar la Constitución, actuaron en dirección opuesta aún antes de que el Jurado haga pública su resolución. Intuían que el fallo se ajustaría a las evidencias, por lo que decidieron preparar los ánimos para incitar a la rebelión contra el sistema.
En lugar de llamar al orden y el respeto al fallo, que es respeto al sistema descrito en la Constitución, Obama dijo que habría motines “pacíficos” en las calles de Ferguson, porque la gente tenía derecho a expresar en las calles su desconento con la decisión. Pidió cautela a la Policía. Luego se supo que ordenó al gobernador no autorizar a la Guardia Nacional que ayude a la Policía a reprimir a los vándalos.
Cerca de una treintena de negocios ardió, muchos autos inclusive de la policía fueron incendiados, innúmeros edificios quedaron destrozados y saqueados. Hubo asaltantes de otros estados. Las víctimas, por cierto, no eran solamente de la raza blanca, sino negra. Y la ira racial atizada desde la Casa Blanca continúa.
Esta tarde el Presidente convocó a una reunión de gabinete para tratar de la “crisis” de Ferguson. La crisis, según lo ha demostrado por sus declaraciones y acciones, no nace del irrespeto a la ley, sino a que el Gran Jurado se inclinó por las evidencias y no protegió a un joven negro, ladrón, “porque estaba desarmado”.
Rush Limbaugh decía hoy que la reunión presidencial probablemente terminará con la recomendación de cambiar al sistema judicial por “injusto” y asignar fondos para que se levanten monumentos en memoria de Brown el Mártir en varias ciudades del país. Y dijo que no le llamaría la atención si la revista Time declara a Brown el Personaje del Año.
Un invitado a un “talk show” dominical logró decir ayer, en medio de cánticos de lamentación por el “injusto” fallo del Jurado, que lo que debía recordarse a la gente es algo elemental en toda sociedad medianamente ordenada: no asaltes ni robes las tiendas y si un policía te pide que te detengas, detente, no te subordines ni menos lo ataques.
Obama, elegido dos veces por el color de su piel para terminar con los rezagos de racismo en la nación, los ha exacerbado cada vez que se han sucitado problemas como el de Ferguson. La discriminación, los odios remanentes, no se han de disipar con decretos, ni dádivas, ni prejucios a la inversa, ni menos sembrando dudas sobre el sistema judicial del país.
De otro lado, es un hecho que el Ejecutivo, especialmente con Obama, va adquiriendo poderes cada vez mayores que no se sabe cómo frenar. No ha sido un proceso súbito, nacido con el actual mandatario, aunque con él si se ha acentuado. Sus raíces se remontan a comienzos del siglo pasado e involucran a un apellido célebre en esta nación, Roosevelt.
Theodore Roosevelt, republicano y Franklin D Roosevelt, demócrata, son en niveles distintos los impulsores de que el Congreso vaya cediendo paulatinamente poderes a la función ejecutiva. Anterior a FDR está, por supuesto, Woodrow Wilson y su teoría del progresismo, vigente hasta la fecha en el partido demócrata.
Los académicos analizan que las tres funciones o poderes del gobierno (Estado) Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que se contrapesan entre sí según la Constitución de los Estados Unidos, recientemente están siendo rezagadas o disminuídas por una cuarta función insospechada: la burocracia de las Agencias Reguladoras Independientes.
Hasta la fecha hay 2.000 agencias con capacidad para dictar regulaciones, ejecutarlas y sancionar a quienes las incumplan. Sus dictados, con atribuciones que la Constitución dividía en tres funciones independientes de mutuo control, son además inapelables. Los estudiosos dicen que tales agencias han dictado 7.000 regulaciones hasta hoy.
Las agencias no han surgido por generación espontánea. Han florecido por delegación de poder del Congreso. Allí figuran las agencias para el medio ambiente, el medicare, obamacare, de educación, inmigración y todas las derivaciones y ramificaciones imaginables. Obama puede argüir acaso con razón que no es él quien crea impuestos al carbono, sino la EPA autorizada por el Congreso.
En estos días se anunciará un impuesto a quienes exceden un límite de emisión de anhídrido carbónico. Regirá para Estados Unidos, con excepción de California. Y no incluye por cierto a China, India y el resto del planeta, que podrán continuar contaminando la tierra a discreción. Aún si se aceptara la teoría no probada de que el CO2 recalienta la tierra ¿en qué se beneficiaría el globo con la decisión geográficamente pigmea de Obama?
El partido republicano de oposición GOP, que acaba de obtener mayoría en el Senado y que fortaleció la que tenía en la Cámara de Representantes, no sabe cómo combatir a Obama, que seguirá en el poder dos años más. Ha quebrado la Constitución al legislar para dar la amnistía a cinco millones de ilegales, en el caso IRS, Benghazi, Fast and Furious, nombramiento de zares por ministros, la guerra en Siria.
Sigue legislando o modificando leyes con decretos ejecutivos o a través de las agencias reguladoras independientes. Serían causas para la interpelación y destitución, pero ello se descarta por impráctico desde el punto de visto político. El congelamiento de fondos para sus proyectos es también arma de dos filos, por la reacción adversa que podría acarrear.
John Boehener, el jefe de la Cámara de Representantes, llama a la cordura a sus coideaerios republicanos, para evitar medidas extremas. Mientras se devanan los sesos ¿qué hacer para detener el avance de ese cuarto poder fantasma que se ha infilitrado por todos los poros de la sociedad norteamericana y que amenaza con regularlo todo, hasta cómo respirar y cómo pensar en el Internet?
Un académico de la universidad Hillsdale College dice que quizás lo que podría hacer el Congreso para comenzar a recuperar su poder perdido es disponer que las regulaciones de las Agencias no se conviertan en leyes, sin antes ser examinadas y autorizadas por la Legislatura. Pero tal consejo equivaldría al de tratar de volver a llenar un frasco con leche derramada.
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