Barack Hussein Obama, a juzgar por sus acciones, no parece ser líder de los Estados Unidos sino un caudillo de Kenya, donde nació su padre, o de algún país del tercer mundo como Venezuela, Ecuador o Nicaragua.
Durante sus casi seis años como gobernante, se ha demostrado siempre incómodo con el sistema político y cultural del país en el cual no se sabe si nació, pero en el que se educó desde la secundaria hasta la universidad, obteniendo los títulos correspondientes.
Se dice que se especializó en Derecho Constitucional, pero nada se conoce de sus escritos pues permanecen sellados y vetados al público. Sería muy interesante adentrarse en el pensamiento de su juventud, cuando al propio tiempo se adiestraba como agitador social.
Porque si estudió Derecho Constitucional, lo obvio sería suponer que defendería su valor, su existencia y supervivencia. Todo lo contrario. En su opinión, ese documento es obsoleto, tiene que ser modificado y adaptado al cambio de los tiempos.
Otros expertos, los verdaderos expertos, tienen un criterio diametralmente opuesto. La Constitución norteamericana que entró en vigencia en 1789 y que sigue en vigencia con solo 23 enmiendas, contiene principios básicos inmutables para una democracia.
Lo inmutable, que con sabiduría intuyeron los fundadores de esta nación, es la necesidad de establecer un sistema de fracturación del poder en tres ramas, que evite que los gobernantes se auto idolatren y caigan en la tentación de adoptar cualquier forma de tiranía.
La conclusión a la que llegaron los fundadores se basaba en la idea que tenían filósofos franceses e ingleses. Pero nunca esa idea había llegado a una forma tan concreta, primero con la Declaración de Independencia y luego con la Constitución y sus 10 artículos de la enmienda de los Derechos Civiles (Bill of Rights).
Desde entonces a la fecha la ruptura del principio de la división de los poderes en las tres ramas inevitablemente ha conducido a cualquiera de las formas de tiranía de izquierda o de derecha, monárquicas o no, civiles o militares, fascistas, nazis, comunistas, socialistas o caudillistas.
A Obama le eriza esta división clásica. Aceptaría la existencia de un Congreso, pero siempre que estuviese integrada por dóciles miembros del partido demócrata. Como el congreso unicameral del Ecuador, llamado asamblea, que tiene 100 correistas de 135 integrantes. En USA hay dos cámaras, pero solo en el Senado hay mayoría demócrata pro Obama.
Se irrita porque en la Cámara de Representantes no le aprueben lo que quiere. Por ejemplo, una reforma a la ley de inmigración que a la postre conceda amnistía a los casi 11 millones de inmigrantes ilegales. La táctica que persigue es legalizar a esos individuos y contar con sus votos para las futuras elecciones.
Los republicanos contraproponen una aprobación de las reformas por partes, para evitar confusiones con el proyecto que tiene 3.000 páginas. Obama presionó para que se apruebe una ley de estatización de la salud con casi igual número de páginas. Nadie leyó esa ley y se la aprobó sin un solo voto republicano.
La ley de salud es tan mala que Obama la ha pospuesto por partes o la ha enmendado. La Constitución le prohibe hacerlo pero él no se inmuta. Según él, es la Constitución la que se equivoca. El Presidente de la Cámara, cansado de tanta violación de la Carta Magna, anuncia que lo enjuiciará por ésta y otras causas.
Desafiante, Obama dijo hace una par de días: Enjuícienme, si quieren! Aquí me encontrarán. Ese gesto recuerda al de Rafael Correa, presidente del Ecuador, cuando fue a armar bronca a los policías que se reunieron en la sede de su regimiento para demandar una revisión de salarios.
Según se ha comprobado, Correa preparó un sainete teatral para las cámaras de TV. Llegó en su limusina seguido por la caravana de guardias, ordenó que se detengan frente a un portal, bajó, se soltó la corbata y abrió la camisa y exhibió su pecho desnudo y dijo: disparen! Su escolta se acercó y le dijo: no, presidente, no es aquí, es más adelante...
Entonces prosiguió y llegó al sitio indicado y repitió la farsa. Desafió a los policías a que lo maten. Nunca ocurrió ni pudo ocurrir eso sino lo contrario. Fue invitado a pasar y a mantener un diálogo respetuoso que luego él negó. Más tarde dijo que se libró de un magnicidio (¿regicidio más bien?) fraguado por la derecha. Hubo muertos, heridos e inocentes condenados a prisión.
El caso de Obama, por cierto, tiene un curso distinto. Pero su desapego a la ley es notorio. Su argumento de que gobernará por decreto ejecutivo si el Congreso le sigue ofreciendo resistencia, no es aplicable en este país. Si no logra el consenso, tiene que renunciar al objetivo que se propuso. Así han actuado presidentes de los dos bandos ideológicos.
George W Bush, su predecesor republicano, se empeñó en proponer una muy aceptable reforma a la ley de inmigración. Pero no tuvo el respaldo de los demócratas y de gran parte de los republicanos. No desafió a nadie ni maldijo de la Constitución: archivó el proyecto. Igual ocurrió con Bill Clinton, demócrata, cuando se valió de su mujer Hillary para tratar de que se aprueba la ley de salud que ahora Obama presionó para ponerla en vigor. Nadie le apoyó, retiró el proyecto en paz.
Según las últimas encuestas Obama es ahora el peor de los presidentes en 70 años. Se lo catalogaría el peor de los presidentes de todos los tiempos si no tuviera todavía el amparo de los medios de comunicación con la salvedad de muy pocos.
El escándalo Watergate, que produjo la renuncia del presidente Richard Nixon, republicano, fue motivo de diario despliegue en sitios privilegiados en todos los medios audiovisuales y escritos de los Estados Unidos durante días, meses y años. Los reporteros del The Washington Post, autores de la investigación, son grandes héroes hasta la fecha.
Si Obama hubiese sido el gobernante de entonces, la noticia de que sus subalternos hubiesen grabado conversaciones de los republicanos en conferencia en el hotel Watergate de Washington, no habría merecido sino un espacio como de aviso claisificado en páginas interiores del The New York Times.
Pero el caso Benghazi, con la masacre del embajador de Estados Unidos y tres funcionarios por negligencia de Obama y Hillary Clinton, no fue cubierto por los mayores medios. Tampoco la mentira de la supuesta pérdida de emails probatorios de que Obama ordenó al IRS, la agencia de impuestos, hostigar a líderes y organizaciones republicanas previa a la reelección presidencial del 2012.
La Corte Suprema de Justicia, que cometió la hasta hoy inexplicable falta de no declarar inconstitucional el Obamacare, por lo menos acaba de decidir que esta ley atenta contra la libertad religiosa al imponer la venta subsidiada de anticonceptivos a empleadas de empresas que no respaldan el aborto.
También resolvió que es ilegal obligar a determinados empleados públicos bajo contrato que aporten obligadamente a los sindicatos y dijo que son ilegales los nombramientos hechos por Obama de funcionarios que deben contar con la aprobación del Congreso. Él los nombró aduciendo que el Congreso estaba en receso, cuando en realidad no era así. (En total, la Corte ha encontrado ilegalidad en casi una veintena de acciones de Obama)
Las reacciones observadas tanto en las encuestas como en la Cámara de Representantes y la Corte Suprema, aunque pequeñas, son significativas dentro del contexto institucional de este país, tan distante por tradición y por historia de las naciones tercermundistas a las cuales Obama parece pertenecer por vocación.
Ojalá estos hechos sean buen augurio de lo que pudiera ocurrir en las próximas elecciones de noviembre, cuando se elijan nuevos legisladores y gobernadores y las de noviembre del 2016, cuando Obama finalmente será reemplazado por alguien que tenga fé en los Estados Unidos, en su cultura y en la Constitución que la sustenta.
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