La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de los Estados Unidos pidió a sus feligreses, mediante una nota que circuló ayer en las iglesias, que se unan hoy en un pedido nacional al Congreso para que defina favorablemente la situación de los ilegales protegidos por el DACA.
El DACA es un Decreto Ejecutivo de Obama para posponer la deportación de los inmigrantes ilegales que llegaron a este país cuando eran niños. La medida es inconstitucional, pues solo el Congreso puede dictar o modificar leyes sobre inmigración y Trump dijo que por ese motivo, no ratificaría tal decreto.
Sin embargo y por razones humanitarias pidió al Congreso que estudie alguna vía legal para encaminar a la legalización a dichos ilegales conocidos como “dreamers” o soñadores, dado que la extensión de la protección vence el 5 de marzo próximo. Ante la inoperancia de los legisladores, Trump puso en consideración su propio proyecto.
Casi triplica a 1.8 millones el número de beneficiarios del DACA y plantea un proceso de naturalización de diez años, eliminando el visado automático a los parientes y el sistema de lotería de visas. Unido al proyecto, exige que el Congreso sitúe 18.000 millones de dólares para completar el muro fronterizo con México, inconcluso desde el 2006.
Los demócratas, creadores del DACA, se oponen al proyecto y sugieren que la ciudadanía se otorgue a los dreamers sin más trámite y sin condicionarlo a la cesación de la visa a parientes o “chain immigration” ni a la asignación de fondos para el muro. El Presidente Trump ha advertido que esa fórmula sería bloqueada ipso facto por la Casa Blanca.
Pero el DACA no va a caducar el 5 de marzo. Probablemente se extienda hasta el próximo año, puesto que la Corte Suprema de Justicia decidió hoy desoir una demanda de Trump para anular la resolución de un juez federal que dijo que dar por terminada la protección inconstitucional a los ilegales es inconstitucional.
Puesto que hay otro juez (como el anterior, demócrata) que también repitió que es inconstitucional no proteger a los ilegales, la Corte Suprema deberá esperar a la apelación al juez superior, que seguramente ratificará la opinión, para que Trump apele a su vez a la CSJ. Proceso lento que demorará meses.
Esta charada revela el deterioro del sistema constitucional causado por los autodenominados “progresistas”, demócratas surgidos con el presidente Woodrow Wilson, que creen que ese documento de 1778 es obsoleto por lo que hay que modernizarlo para generar la “justicia social” y su supuesta “redistribución del ingreso”.
Según la “obsoleta” Constitución, las leyes, incluídas las de inmigración, son de exclusiva incumbencia del Congreso. Si hay errores o vacíos, toca al Congreso dictar las modificaciones, no al Ejecutivo ni a la CSJ. El Obamacare está plagado de errores que Obama intentó corregir con Decretos, de igual estilo que el DACA.
Trump no quiere insistir en la quiebra constitucional y de ahí su insistencia al Congreso para que asuma la responsabilidad de superar el problema. La Conferencia Episcopal no está clara en su nota circular sobre si apoya o no la propuesta Trump. En caso negativo, la Iglesia estaría quebrantando también la ley.
La Constitución garantiza la libertad religiosa, que implica también que las iglesias deben abstenerse de participar en política partidista. Los demócratas pugnan por la amnistía general y automática no solo para los dreamers y sus allegados, sino para todos los ilegales. No por razones humanitarias, como pretenden, sino con fines politicos.
El comentarista radial Rush Limbaugh satíricamente dijo que la manera de probar la verdadera faz de los progresistas pro ilegales sería someter a votación en el Congreso un proyecto de amnistía para todos los once, quince o más millones de inmigrantes indocumentados, con la condición de que se les prive del derecho al voto por 20 o 25 años.
El entusiasmo pro ilegales de los demócratas se esfumaría y es probable también el entusiasmo de la Confererencia Episcopal, que con su actitud lo que desea es hacer méritos para seguir recibiendo el subsidio fiscal (85 millones de dólares) para proteger a los refugiados. ¿La Iglesia Católica no se sustenta en el cumplimiento de la ley, en el acatamiento de los Diez Mandamientos, en los postulados de la Biblia, "Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios?
La ruptura de la ley es la simiente de la corrupción, de la cual los padres con sus dreamers fugaron a los Estados Unidos. La Iglesia debería condenar tanto a los regímenes de esos países como a los que optaron por ingresar al país anfitrión ilegalmente. El rectificar sus equivaciones tiene un precio, el que plantea Trump y no el premio de un perdón falso sugerido por politiqueros en caza de votos.
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