Nada raro que surjan quienes acusen a Donald Trump de culpable del huracán Harvey, que se ha descargado con furia sobre Texas y amenaza ir a Luisiana: seguramente porque se negó a adherirse al Acuerdo de París que atribuye al hombre el calentamiento global que causa huracanes.
Ya hubo un comentarista de la cadena de TV CNN que dijo que Trump se fastidió cuando supo que Harvey pasó de la categoría 4 a la 1. Dios, afirmó el locutor, le jugó una mala pasada al Presidente que quería que la gente desvíe su atención a los daños de ese huracán y no a dos medidas por él anunciadas.
CNN, claro, se volvió a equivocar por su sola obsesión anti Trump. El huracán, si bien redujo su velocidad, en cambio envió a la costa tejana con ciudades como Corpus Christi y Houston volúmenes aterradores de agua (once trillones de galones), causando acaso la mayor catástrofe en la historia del Estado.
En contraste con lo ocurrido en el 2005 con el huracán Katrina, esta vez la coordinación de rescate ha funcionado óptimamente entre las agencias del Estado y Federal y de los Estados vecinos. Hay al menos cinco muertos, casi medio millón de afectados y más de 30.000 refugiados en todo local público disponible.
El Presidente Trump y Melania, su cónyuge, visitarán a Texas mañana, sin dejar la mira en la reanudación de los esfuerzos para que el Congreso, que reanuda sus sesiones la próxima semana y está controlado por el partido republicano, enmiende su conducta obstructiva, se unifique frente a la oposición demócrata y avance con la agenda del partido que le llevó al poder.
Pese a que el GOP domina la Casa Blanca, las dos cámaras del Congreso y la mayoría de gobernaciones y congresos estatales, han pasado más de siete meses de ejercer el poder y no ha logrado anular el Obamacare ni aprobar las leyes relativas a reducir los impuestos, modernizar la infraestructura de transportes, garantizar la seguridad de fronteras y similares.
Pese a la falta de cooperación del Congreso, salvo en lo que concierne al nombramiento clave del nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia, Trump ha procedido a eliminar innumerables decretos ejecutivos de su antecesor que impedían una libre y amplia inversión privada en los sectores industrial, energético y ha iniciado la revisión de tratados comerciales para alcanzar mayor reciprocidad de beneficios para el país.
La economía se ha revitalizado con dichas medidas, pero con las reformas que están pendientes en la legislatura, el impulso podría ser aún mayor, lo que constituiría un aliciente indispensable para generar más empleo y riqueza y con ello más estabilidad social. Que sería la mejor respuesta a la oposición demócrata que busca atizar la discordia con el tema del racismo y la inequidad en el ingreso.
Las medidas a las que se refería el comentarista del CNN, divulgadas este fin de semana por el gobierno, son la prohibición de aceptar en las fuerzas armadas a los transgéneros y el perdón o indulto al sheriff o alguacil del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio. Para la izquierda “progresista”, Trump ha cometido dos errores imperdonables con ello.
Los equivocados son ellos y por cierto los columnistas de la mayoría de los medios de comunicación que hablan al unísono. En cuanto a las personas que por cualquier motivo optan por un cambio de sexo, este gobierno les dice que la institución militar no está abierta a ellos: ni para aceptarlos operados, ni para financiar las costosas operaciones de cambio de sexo si hubieren ingresado.
Las fuerzas armadas no son laboratorios de experimentación social. Están allí para preparar a gente apta para la guerra. No es derecho de cualquier ciudadano el ingresar en ella, es un privilegio que se alcanza si se cumplen determinados requisitos (sea o no obligatorio el reclutamiento, como lo era en el pasado). ¿Está obligado un entrenador de fútbol a admitir a un cojo, o uno de basket a un manco?
La otra medida que condena la izquierda es el perdón a Arpaio, sheriff de 85 años de edad que ha sido reelecto seis veces en ese poblado fronterizo acosado permanentemente por inmigrantes ilegales llegados a través de la frontera con México. Su objetivo constante no ha sido perseguir a gente de determinada tez, sino a la que ha infringido la ley de fronteras. La mayoría, no por coincidencia, era y es latina.
Obama es enemigo de Arpaio. Obama, como Hillary Clinton, es partidario de las fronteras abiertas y de amnistía para los ilegales. Un juez federal, alineado con Obama, planteó juicio a Arpaio por “ofender” a los latinos al pedirles sus papeles en cualquier circunstancia premonitora de un delito, como frente a un semáforo, etc. El juez consideró ese un acto de “profiling” inconstitucional y lo amenazó con multa y cárcel si no dejaba de hacerlo.
El “profiling” o perfil de las personas es práctica usual y universal entre los agentes de seguridad del mundo y permite reducir las infracciones. Era lo habitual en la ciudad de Nueva York con Giuliani, pero cuando DeBlasio, demócrata, lo levantó, la delincuencia volvió a remontarse. En Israel es práctica obligatoria en inmigración, debería serlo en este país también. ¿No es lógico suponer que un agente bien entrenado tenga un olfato especial para intuir quién es y no delincuente? Una equivación fortuita bien vale la pena.
Arpaio quiere cumplir con la ley migratoria y denunciar a los ilegales al ICE, policía federal de inmigración, que demanda esa cooperación. En otros Estados hay oposición y se han convertido en “santuarios” para proteger a los ilegales infractores de la ley. Trump quiere acabar con esa práctica y antes de que el juez federal condene a Arpaio, lo ha perdonado en uso de una facultad constitucional.
¿Por qué la ola de protectores y defensores de los ilegales no dirige su ira contra las causas de la deserción, de la migración riesgosa de tanto ciudadano hispano y de otras etnias, que muchas veces paga cuantiosas sumas a intermediarios o “coyotes” y arriesga sus vidas para ingresar a los Estados Unidos, sin cumplir la ley?
Esa gente huye de países insatisfecha de las condiciones de vida que allí prevalecen, debido a la corrupción que resulta del incumplimiento de la ley. Los Estados Unidos les atrae porque es próspero pero esa properidad se explica sobre todo porque aquí se acata la ley. ¿Cómo proteger entonces a quienes buscan hospedarse en un país de leyes, si ellos comienzan por quebrantar la ley del país huésped?
Los demócratas los defienden diciendo que muchos se amoldan a las costumbres locales, no roban, no delinquen. Para ellos, para los que ya están aquí en esas condiciones, Trump les plantea un proceso distinto para la opción de legalizarse. Para los que han cometido otros delitos, la decisión es una sola y clara: deportación.
El perdón a Arpaio es justificable desde todos los ángulos, el humano entre los más visibles: 85 años de edad, ex-militar, 50 años de servicio a la comunidad, 6 de reelección como sheriff. Tiene derecho, en su ancianidad impoluta, a un retiro honroso. ¿Se puede decir algo ni remotamente aproximado de los más de 1.700 criminales perdonados en cifra récord por Obama? (Lea este link del NYT)
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