Ruth Ginsburg, radical izquierdista de 83 años, que es miembro de la Corte Suprema de Justicia desde 1993 por designación de Bill Clinton, arremetió en insultos contra el candidato presidencial Donald Trump (lo que prohiben la ética y el buen juicio) y ahora dice que siente haberlo hecho.
¿Termina allí el escándalo? Inclusive políticos, comentaristas de diarios afines a su ideología la han censurado, en respaldo improbable a Trump, quien se quejó y pidió a la juez que renunciae. El diario The Wall Street Journal, no pro Trump, dice en su editorial de hoy que a Grinsuburg no lo queda otra alternativa.
En la hipótesis (que con el curso de los días va camino de dejar de ser tal) de que Trump se convierta en Presidente en enero próximo, si surge algún litiigio en la Suprema que involucre a la Casa Blanca, Ginsburg tendría que excusarse de participar. Si no lo hace, una mayoría republicana en el Congreso podría interpelarla y echarla del cargo.
El “lo siento” tampoco compone todo el daño hecho por Hillary Clinton a la nación y a la Administración de Justicia. Mintió (como antes su marido Bill) bajo juramento ante el Congreso y varias veces en público acerca del mal manejo de los emails durante su gestión de cuatro años como Secretaria de Estado de Obama.
El Director del FBI, James Comie, que dirigió la investigación sobre el caso confirmó que, en efecto, Hillary mintió y que el manejo de los emails desde su residencia fue irresponsable, contrario a las regulaciones que juró respetar. Pero Comie no se limitó, como debía hacerlo, a remitir su informe a la Procuraduría para que allí se imparta “justicia”.
No. Excediendo sus funciones “recomendó” a la Fiscal General, Loretta Lynch, que exonere de culpa a Hillary porque a él le parecía que sus intenciones (al cometer delitos y mentiras), no eran las de hacer daño al país. Fueron descuidos, dijo, que la candidata presidencial demócrata (apoyada por Obama) ha prometido no volver a cometer.
Hillary, como Ginsburg, ha dicho también que “siente” por lo ocurrido. La Fiscal General, cuya función era enjuiciarla, se convirtió en su defensora y evitó 74 veces responder al comité del Senado acerca de por qué delegó sus funciones de Fiscal al Investigador del FBI, ni por qué conversó con Bill Clinton en su avión poco antes de hacerse pública la farsa.
El pueblo observa absorto esta burda y desvergonzada maniobra urdida por la Casa Blanca para encubrir a Hillary Clinton. Todos comprenden que ella ordenó instalar un servidor en el sótano de su casa para evadir el rastreo de sus emails con gobiernos, corporaciones e individuos de los cuales obtenía donaciones para la Fundación Clinton, a cambio de favores fraguados desde su posición como cabeza del Departamento de Estado.
Sorprendida en ese ardid, destruyó más de 30.000 emails, publicó otros que juzgó inocuos e inclusive entre éstos el FBI halló muchos con calidad de confidenciales o de alto secreto. ¿Cuál es el contenido de los mensajes que deliberadamente destruyó? ¿Por qué el FBI dice que son irrecuperables, si se sabe que un email jamás desaparece del cibernet?
Nunca antes en la historia política de este país un candidato presidencial ha tenido la osadía de presentarse a la contienda si sobre su persona pende una tan grave acusación contra la seguridad nacional, ni tampoco que un presidente saliente desautorice al sistema judicial para respaldarla y anular todo intento por llegar a la verdad y sancionar a los culpables.
Si los Estados Unidos se han convertido en la primera potencia mundial, no ha sido por arte de magia sino porque es una nación basada desde su fundación hace 240 años en el respeto a la ley y en un sistema en el cual, para garantizar ese respeto a la ley, existe un gobierno por consenso de los gobernados y de equilibrio de fuerzas entre las tres ramas en que se ha dividido ese gobierno.
Por desgracia el sistema ha comenzado a flaquear con la tendencia de los “progresistas” a favorecer a la rama ejecutiva, en desmedro del Congreso que dicta leyes y una Corte Suprema que arbitra casos específicos de duda en la aplicación de la ley. Ahora el gobierno, cada vez más autoritario, dicta leyes por si mismo y a través de presiones a la Corte Suprema, al tiempo que obstruye la administración de justicia.
Los casos de Ginsburg y Hillary Clinton son los salientes de última data. Pero está vívida la claudicación del juez republicano John Roberts, que con su voto ratificó el Obamacare, que viola la Constitución. Roberts fue escogido por George W. Bush. No ha tenido agallas para decir al menos “lo siento” por haber traicionado los principios por los cuales fue seleccionado.
Todos estos enemigos del sistema y otros que pululan en un partido demócrata tirado hacia la izquierda socialista tendrán que someterse al mayor jurado, al jurado inapelable del pueblo en las elecciones del 8 de noviembre próximo ocasión en la cual haya que escoger entre Donald Trump, cuestionador del “progresismo” y Hillary Clinton, perjura y evasora pertinaz de la ley y la justicia.
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