NOVIEMBRE LA SOLA OPCIÓN

La Corte Suprema de Justicia, manipulada en una forma que no tiene precedentes por el juez presidente John Roberts, acaba de ratificar la ley de reforma a la salud impulsada por el presidente Barack Hussein Obama, pese a considerarla inconstitucional en su versión original. 

Expertos y gente común se devanan los sesos para entender la resolución de este juez conservador (nombrado por George W Bush), quien al parecer a última hora se alineó con los cuatro jueces “liberals” o izquierdistas, que respaldan a Obama incondicionalmente, para decidir por 5 a 4 votos que la ley si era constitucional, con un razonar sofístico.

El propio Roberts, por lo demás de límpida trayectoria profesional, afirma en el fallo que el Obamacare, al establecer un mandato para que todo ciudadano compre un seguro de salud o pague un impuesto punitivo, viola la Constitución en sus cláusulas sobre libre comercio, al imponer el comprar o consumir un bien o un servicio de cualquier naturaleza.

Pero el jurista Roberts, por motivos que solo cabe especular, decidió apartarse de sus colegas conservadores (uno de los cuales, Kennedy, en el pasado ha sido voto dirimente), para imaginar una fórmula mágica que evite echar al tacho de basura la conquista política y legal más preciada de Obama y sus seguidores demócratas.

Puesto que el mandato de la ley es inconstitucional, Roberts modificó el texto de la ley al decir que la obligatoriedad para que todo ciudadano se asegure, o que patronos y empleadores paguen una multa, no es mandato sino impuesto.

Si la Constitución prohibe ordenar por mandato la adquisición de un bien o un servicio, en cambio el Congreso si tiene atribuciones para crear impuestos (surgidos en la Cámara de Representantes). Brotan entonces preguntas múltiples, como por ejemplo ¿se pueden crear mandatos por vía de impuestos para obligar a la compra o consumo de cualquier cosa, sin que se viole la Constitución?

La respuesta es obvia: no. ¿Es Roberts tan ingenuo o simplón como para no percatarse del absurdo jurídico y contradictorio que creó? Si se revisa su currículo, la contestación también es negativa. Los mismos demócratas están desconcertados con el jurista, a cuya nominación  se opusieron tenazmente en el Congreso Obama y sus áulicos.

Cuando se debatía el proyecto de reformas, tanto a Obama como a sus seguidores se les preguntó si el el mandato no podría ser interpretado como un impuesto para los que rehusan adquirir el seguro de salud. Obama repetidamente afirmó que decir que es un impuesto es un absurdo.

Conocido el fallo de la Suprema ayer en la mañana, se les preguntó a los demócratas cómo interpretaban que la constitucionalidad de la ley se base en considerar que el mandato es un impuesto, lo que negaban con agriedad durante las discusiones en el Congreso. Las respuestas han sido vacilantes, aunque algunos recomendaron al reportero que esta pregunta la planteen al juez Roberts.

La ley se aprobó con una presión también sin precedentes por parte de la Casa Blanca, que incluso utilizó amenazas y chantajes contra los demócratas que aparecían vacilantes en su voto. La ley pasó sin un solo voto republicano, excepto el de dos o tres que siempre votaron como demos. 

La victoria de Obama se explica porque entonces tenía bajo su absoluto control las dos cámaras del Congreso, aunque todas las encuestas revelaban y revelan hasta hoy que la ley es rechazada por un 56% de la población. La prueba del repudio se dio en las elecciones parciales de noviembre del 2010, cuando la oposición republicana recuperó la mayoría en la Cámara de Representantes y la de gobernadores estatales.

¿Por qué el rechazo? Básicamente porque la gente entiende que el objetivo de Obama, si la ley entra en plena vigencia en el 2014, es asegurar la omnipotencia del gobierno central en la vida y decisiones de los ciudadanos, en todas sus formas. Es esa visión socialista/fascista de gobernar la que está en juego, no la salud de los desprotegidos. 

Si la ley continúa su curso (en otras palabras, si Obama es reelecto), la meta será eliminar el libre mercado y la competencia entre cerca de 1.500 empresas preoveedoras de servicios de salud para reemplazarlas por un solo proveedor, el Estado. Mañosamente se dispone que durante los tres primeros años la salud será gratuita para los nuevos asegurados que no dependan o no quieran depender de una empresa y una proveedora privadas.

Los costos se reajustarán más tarde. La gratuidad, en tres años y siempre, no es tal. Alguien paga los servicios y no es Obama ni Michelle, sino el ciudadano contribuyente castigado con más y más impuestos cada vez. El aumento desproporcionado de pacientes no podrá satisfacerse con el actual número de médicos, enfermeras, hospitales y clínicas, por lo cual el racionamiento sobrevendrá, como en Europa. 

Mucha gente, especialmente joven, no se asegura porque está sana. Pero si no se asegura, pagaría con la ley una multa de 800 o 900 dólares, cifra menor que una póliza. El empresario también preferirá pagar una multa muy por debajo del actual costo de cooperación para el pago de pólizas de sus empleados, forzando a éstos a optar por el seguro estatal, que a la postre será el único disponible si sobrevive la ley.

Se critica que la oposición republicana no plantea una alternativa válida para el Obamacare, lo cual es falso. La solución no es milagrosa, pero si está basada en la realidad de que el servicio de salud en los Estados Unidos es el mejor y más eficiente del mundo y que hay que preservarlo y fortificarlo, rectificando sus yerros.

Los seguros médicos privados se han encarecido debido a restricciones a la competencia entre proveedores de distintos estados y a que pesan regulaciones extremas para castigar las malas prácticas médicas. Los errores hay que impedirlos y castigarlos cuando se cometen pero la exageración obliga a las aseguradoras a elevar las primas para afrontar eventuales penalidades multimillonarias por mala práctica.

También cabe facilitar la adquisición de pólizas con descuentos de costos para el pago del impuesto a la renta, la formación de pools, el seguro migratorio con cambio de empleadores y mil y una otra formas de estimular la creativad del mercado. Obama piensa que el sistema de mercado libre en general es maldito y en particular el de los servicios médicos, por lo cual busca abolir el sistema.

En cuanto a los desprotegidos, ninguna persona nacida o no en este país queda hoy desprotegida del cuidado de salud. Para ello existe el Medicaid, una creación del demócrata Lyndon B Johnson a mediados de 1960 que igualmente presta servicios a los de la tercera edad no asegurados. Es una falacia que 30 millones de personas estén desprotegidas, la cifra puede ser menor y no siempre la causa es la pobreza.

En todo caso, cabe perfeccionar el sistema en cada uno de los casos, pero siempre con protección del sistema y menos instrusión del Estado. Con el Medicare para los jubilados y Medicaid de hoy, casi a diario se reportan estafas multimillonarias por abusos de un servicio estatal incapaz, como siempre, de evitar fraudes porque la responsabilidad no existe, es mínima o no se aplica.

¿Qué pasaría si la competencia privada desaparece y surge un único proveedor, el Estado? Las estafas y el mal servicio pronto sustituirían al mejor servicio del salud del mundo, el más innovador, al cual acuden pacientes de todos los confines. Por incremento de la demanda de servicios sobre la oferta, con un único proveedor serían inevitables los comités de burócratas para discriminar a quién se atiende y a quién no, por incurables, por viejos, porque los costos no se justifican. Serían los “comités de la muerte”, a los cuales sin ese nombre ya se refirió Obama en su campaña para promover la ley.

¿Es esa la ley que el juez John Roberts la encuentra defendible? Se resiste uno a creerlo, ya que él mismo sostiene que el mandato es inconstiticional. ¿No sigue siéndolo mimetizando mandato con impuesto? ¿Acaso pensó que si se sumaba a los conservadores y daba la estocada de muerte a la ley, la reacción podría haber sido que la Corte se parcializara políticamente y que ello afectaría su respetabilidad?

Quizás un indicio de que ese haya sido su pensamiento se halla en el fallo, cuando Roberts dice que la Corte no puede juzgar lo que la gente haga o deshaga a través de quienes eligió, o sea los congresistas, sino limitarse a opinar sobre la juridicidad frente a la Constitución. Lo obvio habría sido que vote por la inconstitucionalidad. Pero no lo hizo.

Y la sentencia está ya dada. La ley perdurará como constitucional, siempre que en las elecciones del próximo noviembre los ciudadanos decidan reelegir a Obama y que la  mayoría del Senado quede bajo control demócrata.

Hay la esperanza, quizás la última, de que tal no ocurra. No importa si el rival republicano Mitt Romney es o no una luminaria. El desafío está en si la mayoría quiere que Obama acabe con el sistema libre y descentralizado  que ha hecho de los Estados Unidos la mayor potencia de la historia, o si prefiere sustituirlo con un esquema socializante y decadente como el europeo.

En noviembre del 2010, una amplía mayoría de norteamericanos se pronunció en contra de esa tendencia. Obama hizo caso omiso de la advertencia y continuó en su cruzada anti USA. La Corte Suprema acaba de darle un espaldarazo. Solo resta esperar que el sofisma de Roberts genere de todos modos una reacción unificadora y multiplicadora para que mediante el voto, Obama y su ley queden reducidos a tan solo una escalofriante pesadilla del pasado.