OTRA INSÓLITA CONFISCACIÓN

Casi no quedan vestigios de gobierno constitucional y democrático en el Ecuador. Rafael Correa, el presidente autócrata, acaba de confirmarlo con la confiscación arbitraria de dos canales de televisión y una radiodifusora.
Lo deplorable es que haya habido periodistas que aplaudan la decisión y que la reacción de los medios escritos más importantes haya sido tibia y ambigua. Un tardío comunicado de la AEDP, que agrupa a los propietarios de los diarios, no contiene ningún mensaje de preocupación para el gobernante.
Correa, desafiante y grotesco como de costumbre, dice que cerrar los medios de comunicación no es atentar contra la libertad de expresión y que es una tontería que haya quienes sostengan lo contrario. Ni el más rudo dictador militar podría haberse atrevido a lanzar tal disparate luego de una clausura.
El Presidente justifica esta nueva acción dictatorial, perpetrada por una agencia subalterna, basado en un juicio iniciado hace diez años contra los hermanos Isaías, dueños entonces de Filanbanco. Este banco contradijo las regulaciones y se sumergió en operaciones fraudulentas, que amenazaban con quebrarlo.
El presidente de entonces, Jamil Mahuad, convencido (sin fundamento) de que si se dejaba quebrar al Filanbanco sobrevendría un efecto dominó que afectaría a todo el sistema, instrumentó un plan de salvataje que le costó al contribuyente entre 3 mil y 6 mil millones de dólares.
Según documentos históricos, los bienes bancarios de la familia Isaías pasaron a control del Estado, pero algunas de las empresas del grupo siguieron funcionando en algunos casos transferidas a otros propietarios. Tal parece ser el caso de la TV Centro o Canal 10 y Gamavisión, aparte de Cabel Centro que funcionaban de manera independiente, lo cual por cierto implicaba una posición crítica al gobierno.
El litigio de la agencia AGD para recuperar las pérdidas ocasionadas por el salvataje de Mahuad ha sido largo y tortuoso. Y no ha concluido desde el punto de vista jurídico, pues no se ha llegado a establecer a plenitud ni la cuantía ni la identidad y responsabilidad de los bienes involucrados.
Pero a Correa eso le importa poco, como no le ha importado nunca cumplir con la ley y la Constitución. Decidió clausurar primero los medios de comunicación no amistosos, para luego establecer responsabilidades. Para respaldar su tesis de que la confiscación no atenta a la libertad de expresión, permite que los canales continúen enviando señales (no la Radio Sucre), pero bajo escrutinio y visto bueno de un censor oficial (ex empleado de Canal 10).
Ahora el gobierno de la revolución ciudadana controla el 35% de las emisiones de televisión en el país. Está incluido el canal estatal financiado por el jefe de gobierno de Venezuela, Hugo Chávez y el diario El Telégrafo, confiscado por la misma agencia gubernamental en un proceso contra el Banco El Progreso.
Portavoces de la familia Isaías afirman que los canales 10 y Gamavisión no les pertenecen y que Filanbanco pasó hace mucho tiempo a poder y manejo del Estado. En todo caso, si ello fuere cuestionable, lo obvio habría sido que concluya el trámite procesal y se arribe a una sentencia condenatoria, antes de arribar a la confiscación.
Galo Plaza, antípoda de Correa, era víctima constante de ataques e injurias por parte del movimiento populista CFP comandado por Carlos Guevara Moreno, a través del semanario Combate. En lugar de pensar en clausuras, prisiones o confiscaciones, como lo hace Correa, al enterarse de que la revista había dejado de circular por falta de papel, ordenó a la imprenta del Registro Oficial que les envíe varias bobinas gratuitamente para que reanuden la publicación.
Correa, por alguna razón síquica o social, es impermeable a la concepción de la democracia, la tolerancia y respeto a la opinión ajena. Cuando se discutía el asalto a los medios, una noche en Palacio, su ministro de Economía discrepó de la medida, sugiriendo probablemente que no se viole la ley. Correa le obligó a renunciar y esa noche no durmió hasta las 5 de la madrugada, hasta enterarse de que la policía se había apoderado de los canales.
Los propietarios, gerentes, abogados y empleados de los medios afectados han protestado. Los abogados han anunciado que presentarán recursos legales para impugnar la confiscación. ¿Cómo ha respondido Correa? Ordenando a sus 130 sumisos integrantes de la Asamblea Constitucional que expidan un “mandato” según el cual cualquier juez que acepte un alegato en contra de lo dispuesto por el caudillo, será destituido.
Carlos Vera, la estrella de TV, se ha alegrado por esta medida. La familia Isaías lo contrató para Canal 10 y allí consolidó su carrera hacia la celebridad. Se lee en el diario Hoy al columnista Carlos Cabrera Arcos, en un panegírico a Correa por su acción y sostiene que es tardía, que debió adoptarla al día siguiente de su posesión. Hay otros columnistas que de una u otra manera aprueban lo ocurrido.
Al coro de alabanzas se sumaron las organizaciones de los periodistas, UNP y Confederación Nacional. Sin tener facultad para ello, también habló en ese tono el director de CIESPAL, que se supone es un organismo académico neutral. Unos y otros parecen estar concordar con Correa en que los medios no deben ser propiedad de banqueros ni de gente con poder económico, sino de quienes los escriben.
Una empresa de comunicación demanda grandes inversiones y profesionalismo no solo en el área de la comunicación, sino en la gerencial. No caben diletantes o aficionados románticos que pululan en colegios. La única alternativa a contar con un medio sólido, es por la vía de la empresa estatal. Pero, por supuesto, con el sacrificio de la independencia y el profesionalismo.
En la URSS había dos grandes diarios dominantes, Pravda e Izvestia, ambos bajo el control del buró comunista (Correa ha creado su propio buró con el que se escudó para destituir de la presidencia de la Asamblea a Alberto Acosta). En Cuba hay un solo diario oficial, Granma. En el Ecuador Correa tiene ya a El Telégrafo y la TV de Chávez, más TV Centro y Gamavisión. ¿Tiene la mirada puesta acaso en los restantes canales y diarios en caso de que cambiaran el tono complaciente y esquivo que ahora tienen para enjuiciar a su gobierno?
Paralelamente, Correa sigue de luto por la muerte de Raúl Reyes y la veintena de narcoterroristas que lo acompañaban cuando fueron bombardeados en el campamento de Angostura, que operaba impune en territorio ecuatoriano. Al saber que Ingrid Betancourt justificó el ataque, dijo sentirse “dolido” por sus expresiones. ¿Dolido por qué? Ella que ha vivido por seis años la pesadilla de vivir con las FARC, no podía menos que sentirse complacida por ese asalto del 1 de marzo, sin el cual probablemente su liberación reciente no se habría cumplido de modo tan impecable.
Lo que quizás quería Correa era que ella condene el asalto, acaso con la esperanza de que revivan en Ingrid sus tendencias izquierdistas que la habían hecho partidaria de las FARC antes del secuestro, según lo confesó en la entrevista con Larry King en CNN. Ingrid rechaza ahora la violencia guerrillera, aunque ha dicho que no renuncia a su lucha por lograr para Colombia una sociedad igualitaria… como lo predican Chávez, Morales y Correa.
La sociedad igualitaria no existe, no se ha dado más allá de lo que lograron los kibutz en Israel o los jesuitas en el Paraguay de la Colonia. Son utopías de los adolescentes o de los adolescentes que no logran llegar a la madurez. La meta no está en alcanzar la igualación de los resultados, sino la igualación de las oportunidades para que todos tengan derecho a la prosperidad en un ambiente de libertad y tolerancia.
Correa no va tras de este ideal. ¿Tal vez la sociedad igualitaria? No se sabe, no lo aclara. Habla de “revolución ciudadana”, pero tampoco la explica y tiende más a convertirse en la del atropello ciudadano. Ya no hay medida autoritaria que resulte ilícita o contraria a la historia y la cultura. Si quedan dudas, éstas se sellan con un “mandato” de su servil asamblea constitucional.
El referendo para ratificar la nueva Constitución se aproxima, faltan poco más de dos meses. ¿Triunfará el Si, Correa dará con ello una nueva “paliza” al sentido común? Si el pueblo vota en su favor, pese a tantos atropellos y señales de autoritarismo, habría que revisar el diccionario para hallar adjetivos apropiados para mejor juzgar tamaña decisión.