¿LA SUERTE ESTÁ ECHADA EN ECUADOR?

El presidente Rafael Correa acaba de reconfirmar que si no tiene mayoría en “su” asamblea constituyente, cuyas elecciones se realizarán a fines de este mes, se marchará del cargo sin ninguna vacilación.
Aparentemente esta opción permitiría al país una alternativa pacífica para deshacerse de este individuo que desde un principio ha tratado de concentrar todos los poderes en si mismo y que lo está consiguiendo hasta la fecha sin mayor tropiezo.
Podría argumentarse que la hipótesis de que una renuncia en esas condiciones no está contemplada ni permitida en la Constitución. Pero esa preocupación tendría poca importancia pues la Constitución es un documento que, con Correa, no ha servido para nada, menos para respetarla.
En la campaña presidencial, el ahora presidente no presentó candidatos al Congreso. Dijo que esta institución era detestable y tenía que desaparecer. Una vez en funciones, destituyó a 57 de los 100 congresistas y los sustituyó por otros en violación de la Constitución. Y no pasó nada.
En toda ocasión en que el fracturado Congreso le ha contradicho, su reacción ha sido ignorar sus decisiones y recomendaciones, en violación de la Constitución. Peor aún, tiene ofrecido eliminar al Congreso una vez instalada “su” Asamblea para sustituirla por una comisión legislativa que le sea sumisa como lo es el congreso venezolano de su inspirador Hugo Chávez.
Ha interferido con las libertades de expresión en todas sus formas, lo cual viola la Constitución. Ordenó la prisión y expulsión de un asesor extranjero contratado para el control de la pesca ilícita de tiburones, quebrantando la ley y aunque revocó su decisión, la violación quedó impune.
Uno de los asesores del ex ministro Patiño ha enjuiciado al presidente porque lo calumnió tras hacer públicos unos videos que revelaban la corrupción de su ex jefe y la respuesta fue encarcelarlo. La víctima goza de inmunidad como candidato a la asamblea y como tal plantea el habeas corpus a la alcaldía de Quito. Su petición es negada.
La alcaldesa encargada explica que el acusado, Pazmiño, ya tenía orden de prisión legalizada. ¿No se creó el habeas corpus precisamente para impedir prisiones indebidas de la autoridad? Es deplorable que el alcalde titular haya rehuido su responsabilidad. ¿Dónde se ocultó? Tal acción sería reprochable en un civil. En un general del ejército, héroe del Cenepa, la actitud es doblemente repudiable, por cobarde.
Correa se ufana en decir que si no hubiese destrozado a la “partidocracia”, es decir, a los partidos políticos formales, éstos “ya lo habrían tumbado”. No le falta razón. Sin partidos políticos cohesionados, la oposición no va más allá de las tertulias entre amigos, en cocteles o reflejada en los medios de comunicación y en las opiniones de los columnistas. Pero no trasciende a las calles ni conmueve a las instituciones.
(Es estimulante observar que los diarios más importantes del Ecuador han mantenido últimamente una línea de firme crítica contra los desafueros verbales y atropellos legales del mandatario. El Comercio ha cambiado de manera significativa su página de opinión y los análisis y comentarios son ahora más claros y sin circunloquios. Hoy y El Universo, entre otros de mayor influjo, mantienen similar posición)
La percepción que se tiene a la distancia sobre la falta de respuesta y acción se ha visto corroborada por el editorial que publica hoy El Comercio. A juicio del autor, la oposición “marcha al acantilado” y vaticina que la asamblea caerá bajo las riendas de Correa. Con ello, dice, sobrevendrá un caudillismo desembozado acaso tan inevitable como necesario, para que de las cenizas de la democracia destrozada brote como ave fénix un sistema de libertad estable y permanente.
Por desgracia, la receta de la inmolación de una democracia imperfecta para que advenga un modelo mejor no parece tener sustento en la historia, ni del Ecuador ni de otras naciones del mundo.
¿Cuántas revoluciones, asonadas, golpes de estado civiles y militares han azotado al Ecuador en su historia republicana? ¿Qué ha brotado después? Alfaro y su revolución terminaron en la “hoguera bárbara”. Todas las anteriores y sucesivas interrupciones al proceso institucional no han hecho sino debilitar a las instituciones y aplazar la búsqueda de estabilidad democrática.
Thomas Jefferson, una de las mentalidades más brillantes de la formación de los Estados Unidos, cayó en una desconcertante contradicción cuando aceptó los excesos de la revolución francesa y dijo que los baños de sangre eran materia fértil necesaria para renovar los sistemas de gobierno.
Otros “fundadores” de la gran nación, como Alexander Hamilton o John Adams por fortuna pensaban diferente. Si bien la república federal con las 13 colonias originales era revolucionaria en su concepción, se fundamentó en lo mejor de la tradición legal de la Gran Bretaña y ello determinó, hasta la fecha, que el sistema democrático norteamericano sea el más estable y libre de la historia.
(Francia, en contraste, soportó el terror tras la revolución, a Napoleón y sus guerras, la restauración de las monarquías y, a la postre, la fundación de cinco repúblicas en un tránsito de inestabilidad nada envidiable)
El caso actual del Ecuador es distinto. Si por alguna circunstancia que por ahora no se vislumbra y que de hecho El Comercio descarta, el pueblo elige para la asamblea a una mayoría de ciudadanos que se resistan a prosternarse ante el caudillo Correa, habría entonces que exigirle a éste que se marche junto con su Lenín a otra parte, como lo ha prometido.
Por cierto que ello pudiera interpretarse como contrario a la Constitución y leyes en vigencia, pero ¿están realmente en vigencia? La salida de Correa y su equipo no vulnerarían la institucionalidad. Por el contrario, respondería a la necesidad de restablecerla para perfeccionarla. El axioma de que un mal no se corrige con otro mal, esta vez por excepción no debería aplicarse.
La urgencia de una medida como la de la hipótesis se refuerza con la lectura de los indicadores económicos oficiales. El PIB, con este régimen, crecerá al 3.4%, frente al 7.3% de Perú, 6.8% de Colombia o 6% de Chile. La economía en el primer trimestre de este año creció al 0.08%, la más baja desde la crisis del 2000. Y el gasto público aumentó en 675 millones de dólares para situarse en el 31%, al tiempo que se anuncia la confiscación de tierras de propiedad privada “improductivas” para rematarlas, ¿a quiénes y a qué precio?
Paralelamente, el economista presidente va a echar mano de los fondos de ahorro del IESS para inversiones por más de 4.000 millones de dólares en hidroeléctricas y en la refinería de Esmeraldas, aunque el obediente director del Instituto diga que los ahorros solo llegan a 1.000 millones de dólares. Cuando el ahorro nacional es tan magro lo cuerdo sería invitar al inversionista extranjero a suplir la carencia de capital interno.
También insiste en aumentar los subsidios para importar más gas ahora para los taxistas y en importar trigo para los molineros. El “socialismo del siglo XXI” es, pues, eso: más y más gasto fiscal, más impuestos, más subsidios y desinversión en todos los sectores. El “acantilado” para la economía nacional está, también, “ad portas”, junto con la vulneración de las libertades ciudadanas.

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(El diario The Wall Street Journal publica hoy un análisis que podría ser de interés para los que leen en inglés)