Habría sido imperdonable que los diarios del Ecuador hubiesen seguido silentes frente a los continuos agravios y amenazas contra la libertad de expresión que ha proferido el actual gobernante en tiempos recientes.
Hace algunas semanas Rafael Correa contestó en forma grosera e infundada a un comunicado de la AEDEP (que asocia a los principales medios escritos del Ecuador), en el que expresaba la preocupación ciudadana por los excesos autoritarios del régimen en el manejo de la crisis política del país.
La Asociación optó por no replicar directamente a los insultos. Acaso estimulado por ello, Correa volvió a escarnecer a los medios de un modo generalizado, sin citar nombres, acusándolos de mediocres (¿?), corruptos y mafiosos. Tampoco hubo reacción esta vez de los diarios.
Como tampoco la hubo cuando en dos o más ocasiones Correa atacó al Diario El Comercio citándolo concretamente. Los pretextos para las diatribas en todos los casos eran informaciones u opiniones que disgustaban al mandatario. Pero la cuota de paciencia al parecer se agotó con el planteamiento de juicio penal por injurias contra el director del Diario La Hora por una nota editorial crítica al régimen.
La AEDEP por fin ha divulgado hoy su segundo comunicado en el que afirma que el presidente Correa viola la Constitución al pretender silenciar la opinión crítica de los medios con amenazas y manipulación de leyes secundarias y reitera que se opondrá frontalmente a los intentos del gobernante por vulnerar la libertad de expresión.
La actitud de la Asociación es saludable y no tardía. Porque Correa actúa así cuando aún carece de todos los poderes que espera recibir de una asamblea constituyente dócil que comenzará tan solo en septiembre próximo. Si no hay una acción solidaria temprana contra el déspota, los resultados pueden ser peores luego de la Constituyente.
Es probable que el presidente Correa conteste en las próximas horas a la AEDEP, acaso con los mismos argumentos que utilizó para atacar a la SIP. Esto es que la Asociación, como la SIP, responde a intereses de los “empresarios” no de los periodistas y que, por tanto, no tienen validez.
¿Cómo quiere que los periodistas ejerzan su profesión de comunicadores a nivel local, nacional e internacional si no es a través de empresas consolidadas en las áreas de la radio, la TV y los medios escritos? ¿Acaso insinúa que las empresas existentes en manos privadas pasen con un decreto suyo a ser propiedad de los periodistas?
La otra alternativa en la que probablemente esté pensando es en confiscar las periodísticas existentes (como acaba de hacerse con la petrolera Oxy) para hacerlas estatales. Al igual que lo está haciendo Chávez en Venezuela con la mayor emisora de radio y TV privada. Correa ya ha anunciado su intención de imitarlo creando una emisora estatal de radio y TV. Y también ha advertido que el Diario El Telégrafo es de propiedad fiscal, no de sus accionistas privados.
Las empresas periodísticas que se han creado con sujeción a las leyes y al libre juego del mercado, en el cual el árbitro y juez determinante no es ni el monarca o presidente de turno sino el consumidor final, debe ser defendida sin desmayo ni cuartel. No tan solo porque ello implica defender el derecho a la libertad empresarial y la protección al periodista y el periodismo libres sino porque es un consustancial a la democracia y al sistema institucional que ha prevalecido en el Ecuador desde la fundación de la República.
Ha habido atentados contra la libertad de expresión en distintas épocas de la historia republicana, con cierre de empresas, con el apresamiento y ultraje a periodistas. Pero esas afrentas duraron poco y prevaleció el respeto. Lo grave ahora es que se pretenda manipular las leyes para acallar voces discrepantes con la tesis de que ello se justifica para hacer prevalecer la verdad oficial sobre cualquier otra.
Rafael Correa en menos de medio año de presidencia ha rebosado intolerancia en todos sus matices. No es un estadista, actúa como jefe de gang que silencia a manotazos y trompadas a todos quienes pretendan imponerse en su marcha hacia el control total de sus subalternos.
Al paso que va, mientras crece el malestar es probable que arrecie de su parte el reparto del garrote verbal y físico a la oposición. No es difícil predecir los resultados y el fin de tan improvisado y delirante aprendiz de dictador. Si el 82% de votantes lo respaldó en las últimas elecciones para la Constituyente, no fue para que arrase con instituciones tradicionales como la libre expresión del pensamiento y otras que son medulares a la democracia en el Ecuador.
Esta democracia ha tenido, tiene y tendrá debilidades. Pero para superarlas y fortalecer esa frágil democracia, hay que curarla, no matarla.
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