Noviembre 21, 2016
¿Y EL NO DEL REFERENDO?
Parece que al presidente colombiano Juan Manuel Santos nada le importa que el pueblo, en referendo, haya vetado su acuerdo con las FARC para reintegrarlos impunes a la vida civil y permitirles terciar en política en igualdad de condiciones que el resto de la población.
Santos, que acaba de recibir en los Estados Unidos un diagnóstico positivo sobre la amenaza de recrudecimiento de un cáncer prostático, anunció que insistirá en aprobar el acuerdo vetado por el pueblo, esta vez a través del Congreso donde tiene una mayoría favorable.
El acuerdo ha sido superficialmente modificado en La Habana y ya que no se han difundido detalles detalles, el ex-presidente Álvaro Pérez que lidera la oposición ha expresado su renuencia a aceptarlo sin que previamente lo conozcan y analicen las víctimas de las FARC, él y los votantes.
Pero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, jefe máximo de la organización guerrillero/terrorista que por más de medio siglo ha asesinado, raptado, violado, extorsionado y traficado con estupefacientes, llegó ya a Bogotá para firmar el acuerdo, a bordo de un jet privado de lujo desde la capital auspiciadora de las FARC.
Santos seguramente le ha asegurado que la suscripción del documento de capitulación seguirá un trámite rápido con un Congreso dócil. ¿Porque el tiempo apremia? Parece que sí, puesto que en enero Donald Trump será el nuevo presidente de los Estados Unidos y él no es nada complaciente, como Obama, con los terroristas sean castristas o musulmanes.
Esto es lo que opina Anastasia O´Grady en un artículo que publicó días atrás en el diario The Wall Street Jpournal, en su versión en español:
La agenda comercial de Donald Trump es extremadamente preocupante para América Latina. Sin embargo, en asuntos de seguridad regional, es probable que el enfoque del presidente electo de Estados Unidos sea un cambio bienvenido para las fuerzas democráticas del hemisferio.
Esa hipótesis cobró fuerza el sábado en la noche cuando el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, apareció en televisión para decirles a sus compatriotas que su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían finalizado una versión enmendada de su acuerdo de “paz”. Santos prometió que el nuevo texto respondería a muchas de las objeciones que los colombianos tenían con la versión original, que la nación rechazó en un plebiscito celebrado el 2 de octubre.
Este es un hombre que tiene prisa. Que le haya llevado al gobierno, como lo reconoció el mandatario en su discurso, seis años de negociaciones para firmar el acuerdo al que los colombianos le dijeron “no” y apenas seis semanas para hacerlo aceptable entre sus compatriotas pone a prueba la credulidad. El propio Santos parece no creerlo, lo que explica por qué parece ahora que el mandatario ha abandonado su promesa de que cualquier acuerdo tendría que ser aprobado por una consulta popular en un proceso de votación justo. La BBC reportó el sábado en la noche que Santos acudiría sólo al Congreso, el cual controla, para convertirlo en ley.
Santos le dijo al país que completar el acuerdo es urgente. Sin embargo, su discurso del sábado por la noche, cuando pocos colombianos prenden el televisor, sugiere que ya no está tratando de convencer a sus compatriotas. El mandatario parece estar apostando al respaldo internacional para salvar su agenda. Para eso, requiere sellar el acuerdo antes de que el presidente Barack Obama deje la Casa Blanca.
Necesita el respaldo de alguien. El miércoles, el ex director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de Colombia ofreció un testimonio creíble a la Corte Suprema de Justicia en Bogotá que en 2014 formó parte de un esfuerzo de campaña de reelección de Santos para desacreditar al candidato de la oposición, Óscar Iván Zuluaga, con acusaciones de escuchas telefónicas ilegales. En una elección muy reñida, Zuluaga perdió. El testimonio del investigador judicial sacudió la nación y plantea dudas sobre la legitimidad del segundo mandato de Santos.
El presidente de Colombia se ha apoyado en gran medida en Obama para avanzar su agenda de “paz”. Ese respaldo no se ha limitado a la decisión del presidente estadounidense de despachar a un enviado para que se sentara en la mesa de negociación en La Habana. En el caso de la extradición a EE.UU. del ex ministro de Agricultura de Colombia, Andrés Felipe Arias, que tendrá el jueves una audiencia en la corte federal de Distrito Sur de Florida, el Departamento de Justicia del gobierno de Obama invocará un tratado que no existe, en un intento de ayudar a Santos a poner tras las rejas a un enemigo político. Cuesta imaginar a un gobierno de Trump haciendo el mismo tipo de favores a Santos.
En 2010, Arias era un candidato líder para suceder a Álvaro Uribe Vélez en la presidencia hasta que acusaciones rebuscadas lo vincularon con un plan de corrupción que surgió misteriosamente en la prensa colombiana. Como escribí en una columna de septiembre, el ex funcionario fue luego condenado por la Corte Suprema de Justicia de beneficiar ilegalmente a terceros, a pesar de no tener evidencia de que el ex ministro tenía conocimiento del fraude o de que se enriqueció o se benefició personalmente o a su familia.
Este “delito” en Colombia no existe en las leyes de EE.UU. Un testigo clave también admitió durante el juicio que todo formaba parte de un ardid para destruir la carrera política de Arias. El ex ministro tuvo sólo una oportunidad para demostrar su inocencia ante la corte. No hay un proceso de apelación. En junio de 2014, huyó a EE.UU. y solicitó el asilo.
El 24 de agosto de este año, alguaciles federales lo detuvieron en cumplimiento del pedido de extradición de Santos. El momento del arresto en Miami —el mismo día que Santos anunció su acuerdo en La Habana, respaldado por Raúl Castro y por Obama— pareció una coincidencia poco probable dado que el gobierno de Santos había solicitado la extradición dos años antes.
Los colombianos lo interpretaron como un mensaje para Uribe, quien sigue siendo cercano a Arias, un protegido suyo, y quien lideró la oposición al acuerdo con las FARC. Habría sido demasiado arrestar a Uribe, pero la detención de Arias en EE.UU. fue un golpe para los uribistas.
El Departamento de Justicia argumenta que el ex ministro tiene que ser devuelto a Colombia en conformidad con un tratado de extradición con Colombia. Lo irónico es que la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha fallado en dos ocasiones que el tratado, que hace un llamado a la reciprocidad, no está en efecto porque nunca fue ratificado apropiadamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no lo reconoce y Santos ha declarado que no está obligado a satisfacer las solicitudes de extradición de EE.UU. Uribe ha presentado una declaración ante la corte federal en Miami argumentando que no hay tratado.
La persecución de Arias, con la ayuda de Obama, es el tipo de trucos sucios que le han restado popularidad a Santos y que han causado que pocos le tengan confianza en Colombia. Ni él mismo cree que se pueda recuperar. La apuesta de Santos es al apoyo internacional, lo cual es la razón por la que está tratando de apresurar este acuerdo mientras él y los hermanos Castro aún tengan el respaldo de Washington.
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