CULPA DE LOS ESTADOS UNIDOS

Si el Presidente Electo Donald Trump dice que cumplirá su oferta de poner orden en el ingreso y permanencia ilegal de inmigrantes, se lo acusa de ser cruel y racista.

Si advierte que continuará con el embargo económico a Cuba, instaurado a raíz de la confiscación de las inversiones norteamericanas, se afirma que es un troglodita sumergido aún en la guerra fría. 

Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, teme por él y anuncia que el jueves firmará el acuerdo de capitulación con las FARC, rechazado por el pueblo en el referendo del 2 de octubre pasado.

Violaría así la Constitución de su país y la voluntad mayoritaria del pueblo. En el artículo que se reproduce al final, se explica que lo estaría haciendo para justificar la entrega en Osla del Premio Nobel de la Paz, concedido por este acuerdo fallido.

Con el acuerdo, Santos exime de juicios y castigo a los criminales de más de medio siglo, les asigna curules en las dos cámaras del Congreso y les da luz verde para intervenir en política, para que de hecho lleguen al poder con las ingentes sumas de dinero del narcotráfico.

(Las negociaciones para el Acuerdo de Paz se han realizado desde hace 6 años en La Habana. Fidel Castro ha sido promotor de las FARC y desde la época de Pablo Escobar ha usufructuado personalmente con el tráfico de estupefacientes desde Colombia a Estados Unidos y Europa. Los sobrinos de Maduro están presos en USA capturados con droga de las FARC)

Santos, que fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe quien casi doblegó a las narcoguerrillas, al llegar a la presidencia se convirtió en facilitador de la izquierda guerrillera marxista y busca hacer de Colombia otra nación del Socialismo del Siglo XXI, que ha arruinado a Venezuela y otros países.

¿Por qué emigra la gente de Cuba, Centroamérica, Sudamérica, del Medio y Lejano Oriente a los Estados Unidos? Porque sus gobiernos y sistemas son corruptos. Basta el ejemplo de Fidel Castro: confiscó bienes valuados entonces en 9.000 millones de dólares en haciendas y fincas, fábricas, azucareras, estancias y edificios.

Nacionalizó capitales estadounidenses por 6.000 millones de dólares y hoy el ingreso promedio de los cubanos es de 20 dólares por mes, con cerca de dos millones de emigrados. Los adoradores de Fidel dicen que Cuba es un paraíso por la igualación de los ingresos y uno se pregunta ¿por qué no erigieron un muro alrededor de la Isla para impedir el ingreso masivo de izquierdistas a ese paraísoterrenal?

Ejemplo demostrativo de la manipulación de las frágiles democracias de la América Latina, para corromperlas, desvirtuarlas y convertirlas a la postre en dictocracias como en Venezuela o Nicaragua, es lo que está tratando de hacer Santos en Colombia. Si sale avante en su propósito, es decir, si el Congreso avala su acuerdo de capitulación, Colombia habrá retrocedido.

Seguidamente el artículo de María Anastasia O´Grady, columnista del diario The Wall Street Journal especializada en asuntos latinoamericanos. Su nota se publicó hoy, en español:

Por 

MARY ANASTASIA O’GRADY

lunes, 28 de noviembre de 2016 19:39 EDT

En su intento por asegurar un acuerdo de paz con los narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, ha dado marcha atrás en varios de sus compromisos de respeto a la democracia. Pero ninguna de sus promesas rotas es tan vergonzosa como su anuncio la semana pasada de que someterá al Congreso un acuerdo final con las FARC que es casi igual —aunque eso no lo dijo— al pacto repudiado en el plebiscito nacional del 2 de octubre.

Santos argumenta que su nuevo acuerdo, firmado por las dos partes en Bogotá el jueves pasado, contiene revisiones al texto original que responden a las objeciones planteadas por la oposición. Pero el mandatario no lo someterá a una consulta popular como lo prometió en repetidas ocasiones desde 2012.

El presidente colombiano sufrió una humillación internacional cuando perdió el plebiscito. El comité del Nobel le dio de todas maneras el premio de la paz unos pocos días después, presumiblemente para restaurar su dignidad. Pero no fue de mucha ayuda. Primero, porque parecía una noticia satírica del Día de los Inocentes: “El presidente polariza a la nación con ayuda de los terroristas y gana el premio Nobel de la Paz”.

Segundo, porque los colombianos reconocieron pronto el conflicto de intereses que tenía Noruega, uno de los países garantes del acuerdo de La Habana, al tratar de impulsar el nombre de Santos. De todas formas, el 10 de diciembre, Santos estará en Oslo para la ceremonia. El mandatario no se atreve a aparecer sin un acuerdo en las manos.

Santos dijo en una columna en este diario que el nuevo acuerdo es mejor porque, por ejemplo, les pide a los miembros de las FARC que declaren sus activos y deja de lado un plan de usar jueces extranjeros en sus casos.

Pero igual que el original, libra a las FARC de penas de cárcel, les proporciona elegibilidad política a los delincuentes de las FARC y les da escaños en el congreso a representantes de sus bastiones sin que tengan que someterse a elecciones. No está claro cómo pagará el grupo guerrillero las reparaciones a sus víctimas y convierte el tráfico de drogas de las FARC —pero no de otros capos— en un delito perdonable.

El nuevo acuerdo repite al original en la creación de algo llamado “justicia transicional”, que descarta la igualdad bajo la ley y crea un sistema de justicia paralelo hecho a la medida de los intereses de las FARC. El grupo guerrillero no tiene obligación de regresar los miles de niños soldados ni de responder por quienes que murieron como sus reclutas. Las FARC mantienen el control de unas 30 emisoras de radio a través de las cuales podrán difundir su propaganda.

Tal vez lo peor de todo sea la decisión unilateral del gobierno de dar al acuerdo una base constitucional, de modo que muchas concesiones a las FARC que violan la Constitución no pueden ser desafiadas ante los tribunales.

Una constitución es tanto un pacto social como un documento legal. En la mayoría de las democracias liberales modernas, incluyendo Colombia, cambiarla requiere de una conversación nacional inclusiva y aceptada por una amplia representación del país

Si Santos respetara la democracia, le pediría al Congreso que enmendara la Constitución. Pero una acción de ese tipo requiere de ocho debates y ocho votos en las cámaras alta y baja durante dos sesiones legislativas consecutivas. El presidente prefiere el decreto ejecutivo.

Este abuso de poder alarma a Jaime Castro, un político del Partido Liberal, ex alcalde de Bogotá y ex ministro de Justicia. Castro lideró el movimiento “Mejor no”, que se oponía al acuerdo con las FARC en el plebiscito. Según la revista Semana —que publicó una entrevista con él el 19 de noviembre— “Mejor no” incluía a “muchos de los más prestigiosos juristas del país” y ganó prominencia porque no tenía “ningún vínculo político ni electoral”.

Castro le dijo a Semana que el nuevo texto contenía protecciones constitucionales para el acuerdo que no estaban en el original. Las FARC insistieron en esto, explicó, porque el partido que creen “gozará de exorbitante ventaja” y quieren certeza legal. Esta evasión a la reforma o la reescritura de la Constitución hace que el nuevo acuerdo sea peor al pacto rechazado.

En una carta del 20 de noviembre a Santos, el general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia también se quejó del nuevo texto. El ex militar señaló que añade lenguaje que hace a los comandantes responsables de delitos cometidos por sus subordinados. Esto pone a los militares en el mismo nivel moral de los terroristas, expone al liderazgo del ejército a una guerra judicial y socava la seguridad nacional.

El ex presidente Andrés Pastrana tampoco está contento. Le escribió al presidente Santos el 20 de noviembre que el acuerdo modificado “retiene la esencia antidemocrática del pacto original”. El ex mandatario señaló que Santos “contraviene” un fallo de la Corte Constitucional que le ordena respetar el resultado de la consulta popular del 2 de octubre.

Buena parte de la rama judicial está de acuerdo. Para protestar contra las tácticas de intimidación de Santos, la presidenta de la Corte Suprema y sus salas Civil y Laboral se rehusaron a asistir a la ceremonia de firma del jueves. Es otra evidencia de que Santos ha sembrado conflicto, no paz.

FIDEL CASTRO Y LA ABYECCIÓN MORAL

Fidel Castro, que acaba de fallecer a los 90 años de edad, gobernó a Cuba  con poderes absolutos durante 57 años. Cuando enfermó en el 2008, cedió el mando solo parcialmente a su hermano menor Raúl, ahora de 85 años de edad.

Bastaría este hecho, su perpetuación en el poder sin consenso popular, para merecer el repudio universal. Pero su muerte ha merecido elegios directos e indirectos por ejemplo del líder del mundo líder, Obama o de la Iglesia Católica, el Papa Fracisco y de otros como Trudeau, de Canadá.

Dirigentes minúsculos, como Rafael Correa, han calificado a Fidel como “otro grande” que se nos va y a Donald Trump de “ignorante” porque dijo él con su habitual desparpajo que ese individuo era un “dictador brutal” que ha asesinado, encarcelado, empobrecido y dividido a su pueblo.

Todos se alegraron de que Fidel Castro hubiese triunfado en la revuelta que terminó con la dictadura de Fulgenico Batista en 1959. Pero lo que se esperaba de él es la restauración de la democracia, para vigorizar la economía de la Isla y restaurar y consolidar sus instituciones en libertad.

Inicialmente lo prometió así, pero sus verdaderas intenciones no tardaron en traslucirse. Implantó una dictadura socialista/marxista supuestamente para lograr la “justicia social”, esto es, la redistribución del ingreso, para lo cual suprimió las libertades individuales, incluído el derecho a la propiedad privada.

Las prósperas haciendas y las fincas menores productivas se parcelaron y “colectivizaron”, al tiempo que se confiscaban las empresas extranjeras y nacionales, produciéndose un colapso en la producción general que indujo a los racionamientos. Las iglesias, conventos y bienes raíces de propiedad de la Iglesia Católica siguieron igual destino y cundió el pánico.

Toda resistencia, toda protesta fue acallada con la cárcel, la tortura y los fusilamientos en los “paredones”, esto es las murallas exteriores de las cárceles de algunas de las grandes propiedades convertridas en prisiones. Hay datos confiurmados del fusilamiento de 9.240 ciudadanos civiles, militares, hombres, mujeres y niños pero los investigadores dicen que la cifra podría multiplicarse por 10.

El 7 de abril de 1967, el Comité Interamericano de Derechos Humanos de la OEA dió cuenta de que el 27 de mayo de 1966,  166 cubanos civiles  y militares fueron ajusticiados, luego de  que se les extrajera la sangre para venderla ese año a los Vietcong, a razón de 50 dólares por pinta (medio litro).

Eso se relata en el artículo que Mary Anastasia O´Grady publicó en el 2005 en el The Wall Street Journal, al conmemorarse el 47 aniversario del Movimiento 26 de Julio en Cuba. Se incluyen datos de otras víctimas de la tiranía castrista: campesinos de Sierra Maestra, de la fincas que confiscó, de los cubanos que intentaron fugar de la Isla pero fueron frustrados por la metralla de la armada cubana.

Cuba pre Castro era próspera comparativamente. La mortandad infantil era   la menor de América Latina y se ubicaba tercera en número de médicos y dentistas y en consumo de calorías, así como con alto grado de alfabetos. Todos esos logros fueron pulverizados por Fidel y sus exportaciones son ahora menores que las de Haití.

La economía castrista sobrevivió por el subsidió soviético, primero y luego con el subsidio de la Venezuela de Chávez. Con la economía venezolana de Maduro en escombros, la boya salvavidas de la tiranía fue lanzada esta vez por Barack Obama, igual que la lanzada para rescatar a la tiranía  agonizante de Irán.

Con Donald J. Trump en la Casa Blanca desde el 20 de enero próximo, ese esquema de supervivencia ya no funcionará. Trump ha advertido que los acuerdos de Obama en favor de los Castro se cancelarán a menos que haya certeza de que el régimen libere a los presos políticos, restituya las libertades, convoque a elecciones, extradite a criminales.

Puesto que ello no ocurrirá de manera espontánea con Raúl Castro y su séquito, Donald ha prometido confirmar el embargo a la Isla, lo que implica prohibición de comerciar e invertir e incluso de hacer turismo. La razón es simple: el potencial flujo de dólares no beneficiará al pueblo sino a la pandilla civil/militar que lo controla todo.

Fidel, según testimonio de su guardaespaldas por 17 años, Juan Reinaldo Sánchez (en su libro “La Vida Oculta de Fidel Castro”, 2014) hizo fortuna a través de múltiples empresas, inclusive las de narcotráfico, acumulando las ganancias en cuentas cifradas bajo el nombre “El Jefe Comandante” en bancos extranjeros. Según la revista Forbes, la fortuna de Fidel, que heredarán Raúl y familia, es de 800 millones de dólares (en el 2005).

Si el clan Castro se asfixia por falta de ingresos con el cerco Trump y si paralelamente se desarrollan otros medios de estímulo a la insurgencia interna, es posible que el régimen tiránico se desmorone antes de que Raúl ceda el mando a dedo en el 2018 a alguien, a su hijo o a su yerno, como lo hizo Fidel con él y que “algo bueno” ocurra antes en Cuba.

Los cubanos en el exilio han celebrado jubilosos la muerte de Fidel en las calles de Miami, concretamente en la cubanísima Calle Ocho y esperan, con Trump, que finalmente lleguen los días de una Cuba libre sin las traiciones de último momento de Kennedy con el plan Bahía de Cochinos o la reciente capitulación de Obama.

Las marchas en la Calle Ocho traen a la memoria las imágenes de las calles de Roma de la gente marchando frente a los postes de luz de los que pendían, boca abajo, los cadáveres de Mussolini y su amante. Y de las imágenes de Ceausescu y su mujer, ajusticiados por un pelotón de fusilamiento tras un juicio breve que duró una hora.

¿Qué tal si Fidel Castro hubiera corrido esa suerte en los albores de 1960, cuando traicionó las promesas de una Cuba en libertad? Cuánta sangre, terror y miseria se habría evitado.

(A continuación se publica el artículo de O´Grady y luego el análisis del WSJ sobre el significado de 57 años del castrismo en Cuba)

Counting Castro's Victims

By

MARY ANASTASIA O'GRADY

Updated Dec. 30, 2005 12:01 a.m. ET

"On May 27, [1966,] 166 Cubans -- civilians and members of the military -- were executed and submitted to medical procedures of blood extraction of an average of seven pints per person. This blood is sold to Communist Vietnam at a rate of $50 per pint with the dual purpose of obtaining hard currency and contributing to the Vietcong Communist aggression.

"A pint of blood is equivalent to half a liter. Extracting this amount of blood from a person sentenced to death produces cerebral anemia and a state of unconsciousness and paralysis. Once the blood is extracted, the person is taken by two militiamen on a stretcher to the location where the execution takes place."

-- InterAmerican Human Rights Commission, April 7, 1967

This weekend marks the 47th anniversary of the triumph of the "26th of July Movement," which many Cubans expected would return their country to a constitutional government. Fidel Castro had other ideas of course, and within weeks he hijacked the victory, converting the country into one of the most repressive states in modern history.

MORE OPINION ON FIDEL CASTRO

Waiting for Fidel to die has become a way of life in Cuba in the past decade. Conventional wisdom holds that the totalitarian regime will hang on even after the old man kicks the bucket. But that hasn't stopped millions from dreaming big about life in a Fidel-free Cuba.

Cuban reconciliation won't come easy, even if Fidel's ruthless, money-grubbing little brother Raul is somehow pushed aside. One painful step in the process will require facing the truth of all that has gone on in the name of social justice. As the report cited above shows, it is bound to be a gruesome tale.

The Cuba Archive project (www.cubaarchive.org) has already begun the heavy lifting by attempting to document the loss of life attributable to revolutionary zealotry. The project, based in Chatham, N.J., covers the period from May 1952 -- when the constitutional government fell to Gen. Fulgencio Batista -- to the present. It has so far verified the names of 9,240 victims of the Castro regime and the circumstances of their deaths. Archive researchers meticulously insist on confirming stories of official murder from two independent sources.

Cuba Archive President Maria Werlau says the total number of victims could be higher by a factor of 10. Project Vice President Armando Lago, a Harvard-trained economist, has spent years studying the cost of the revolution and he estimates that almost 78,000 innocents may have died trying to flee the dictatorship. Another 5,300 are known to have lost their lives fighting communism in the Escambray Mountains (mostly peasant farmers and their children) and at the Bay of Pigs. An estimated 14,000 Cubans were killed in Fidel's revolutionary adventures abroad, most notably his dispatch of 50,000 soldiers to Angola in the 1980s to help the Soviet-backed regime fight off the Unita insurgency.

The archive project can be likened to the 1999 "Black Book of Communism," which documented the world-wide cost of communism, noting that "wherever the millenarian ideology of Communism was established it quickly led to crime, terror and repression." The Castro methodology, Cuba Archive finds, was much like that used in Poland and East Germany, less lethal than Stalin's purges, but equally effective in suppressing opposition.

In the earliest days of the revolution, summary executions established a culture of fear that quickly eliminated most resistance. In the decades that followed, inhumane prison conditions often leading to death, unspeakable torture and privation were enough to keep Cubans cowed.

Cuba Archive finds that some 5,600 Cubans have died in front of firing squads and another 1,200 in "extrajudicial assassinations." Che Guevara was a gleeful executioner at the infamous La Cabaña Fortress in 1959 where, under his orders, at least 151 Cubans were lined up and shot. Children have not been spared. Of the 94 minors whose deaths have been documented by Cuba Archive, 22 died by firing squad and 32 in extrajudicial assassinations.

Fifteen-year-old Owen Delgado Temprana was beaten to death in 1981 when security agents stormed the embassy of Ecuador where his family had taken refuge. In 1995, 17-year-old Junior Flores Díaz died after being locked in a punishment cell in a Havana province prison and denied medical attention. He was found in a pool of vomit and blood. Many prison deaths are officially marked as "heart attacks," but witnesses tell another story. The project has documented 2,199 prison deaths, mostly political prisoners.

The revolution boasts of its gender equality, and that's certainly true for its victims. Women have not fared much better than men. In 1961, 25-year-old Lydia Pérez López was eight months pregnant when a prison guard kicked her in the stomach. She lost her baby and, without medical attention, bled to death. A 70-year-old woman named Edmunda Serrat Barrios was beaten to death in 1981 in a Cuban jail. Cuba Archive has documented 219 female deaths including 11 firing squad executions and 20 extrajudicial assassinations.

The heftiest death toll is among those trying to flee. Many have been killed by state security. Three Lazo children drowned in 1971 when a Cuban navy vessel rammed their boat; their mother, Mrs. Alberto Lazo Pastrana, was eaten by sharks. Twelve children -- ages six months to 11 years -- drowned along with 33 others when the Cuban coast guard sank their boat in 1994. Four children -- ages three to 17 -- drowned in the famous Canimar River massacre along with 52 others when the Cuban navy and a Cuban air force plane attacked a hijacked excursion boat headed for Florida in 1980.

The horror of that event cost one more life: After visiting survivors in the Matanzas hospitals, the famous revolutionary guerrilla Haydée Santamaría, already in despair over the massive, inhumane boat exodus from the Port of Mariel, killed herself. That was a tragic admission of both the cost and failure of the revolution. The only riddle left is how, 25 years later, so-called "human rights" advocates like Argentine President Nestor Kirchner still embrace the Castro regime.

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Cuba's former president Fidel Castro, pictured in 2003, has died at age 90. Photo: Zuma Press

Fidel Castro’s legacy of 57 years in power is best understood by the fates of two groups of his countrymen—those who remained in Cuba and suffered impoverishment and dictatorship, and those who were lucky or brave enough to flee to America to make their way in freedom. No progressive nostalgia after his death Friday at age 90 should disguise this murderous and tragic record.

Castro took power on New Year’s Day in 1959 serenaded by the Western media for toppling dictator Fulgencio Batista and promising democracy. He soon revealed that his goal was to impose Communist rule. He exiled clergy, took over Catholic schools and expropriated businesses. Firing squads and dungeons eliminated rivals and dissenters. 

The terror produced a mass exodus. An April 1961 attempt by the CIA and a small force of expatriate Cubans to overthrow Castro was crushed at the Bay of Pigs in a fiasco for the Kennedy Administration. Castro aligned himself with the Soviet Union, and their 1962 attempt to establish a Soviet missile base on Cuba nearly led to nuclear war. The crisis was averted after President Kennedy sent warships to intercept the missiles, but the Soviets extracted a U.S. promise not to invade Cuba again.

The Cuba that Castro inherited was developing but relatively prosperous. It ranked third in Latin America in doctors and dentists and daily calorie consumption per capita. Its infant-mortality rate was the lowest in the region and the 13th lowest in the world. Cubans were among the most literate Latins and had a vibrant civic life with private professional, commercial, religious and charitable organizations.

Castro destroyed all that. He ruined agriculture by imposing collective farms, making Cuba dependent first on the Soviets and later on oil from Hugo Chávez’s Venezuela. In the past half century Cuba’s export growth has been less than Haiti’s, and now even doctors are scarce because so many are sent abroad to earn foreign currency. Hospitals lack sheets and aspirin. The average monthly income is $20 and government food rations are inadequate. 

All the while Fidel and his brother Raúl sought to spread their Communist revolution throughout the world, especially in Latin America. They backed the FARC in Colombia, the Shining Path in Peru and the Sandinistas in Nicaragua. Their propaganda about peasant egalitarian movements beguiled thousands of Westerners, from celebrities like Sean Penn and Danny Glover to Secretary of State John Kerry, who on a visit to Havana called the U.S. and Cuba “prisoners of history.” The prisoners are in Cuban jails. 

On this score, President Obama’s morally antiseptic statement Saturday on Castro is an insult to his victims. “We know that this moment fills Cubans—in Cuba and in the United States—with powerful emotions, recalling the countless ways in which Fidel Castro altered the course of individual lives, families, and of the Cuban nation,” Mr. Obama said. “History will record and judge the enormous impact of this singular figure on the people and world around him.” Donald Trump, by contrast, called Castro a “dictator” and expressed hope for a “free Cuba.”

Mr. Obama’s 2014 decision to normalize U.S.-Cuba relations has provided new business opportunities for the regime but has yielded nothing in additional freedom. Americans can now travel and make limited investment in Cuba but hard-currency wages for workers are confiscated by the government in return for nearly worthless pesos. In 2006 Forbes estimated Fidel’s net worth, based on his control of “a web of state-owned companies,” at $900 million.

The hope of millions of Cubans, exiled and still on the island, has been that Fidel’s death might finally lead to change, but unwinding nearly six decades of Castro rule will be difficult. The illusions of Communism have given way to a military state that still arrests and beats women on their way to church. China and Russia both allow more economic freedom. The regime fears that easing up on dissent, entrepreneurship or even access to the internet would lead to its inevitable demise.

Castro’s Cuba exists today as a reminder of the worst of the 20th century when dictators invoked socialist ideals to hammer human beings into nails for the state. Too many Western fellow-travelers indulged its fantasies as long as they didn’t have to live there. Perhaps the influence of Cuba’s exiles will be able, over time, to reseed the message of liberty on the island. But freedom starts by seeing clearly the human suffering that Fidel Castro wrought.

EL INFLUJO DE LOS MEDIOS

Solo una personalidad de la talla titánica de Donald J. Trump pudo haberse impuesto al cerco impuesto en su contra por la mayoría de los medios de comunicación audiovisuales y escritos de este país, para salir triunfante en las elecciones presidenciales del pasado 8 de este mes.

La batalla para frustrar sus aspiraciones se inició a pocas horas de que descendiera por la escalera mecánica al vestíbulo de su Torre Dorada en Manhattan, acompañada de Melania, para anunciar en junio del 2015 que había resuelto terciar en los comicios por el partido republicano.

A los medios se sumaron en la campaña anti Trump altos dirigentes del GOP y columnistas que se auto definieron como conservadores puristas que repudiaban a un candidato que según ellos no lo era, pese a que sus declaraciones políticas expresaban precisamente lo contrario.

El problema de los medios y de la dirigencia del GOP o establishment era que Donald Trump aparecía como un intruso inmanejable, que proclamaba desde el primer día luchar contra un establishment bipartidista que mantenía estancado a Washington en favor de intereses creados, en perjuicio de “la clase media olvidada”.

Los medios distorsionaron la imagen y la palabra de Trump, abiertamente inclinados en favor de la progresista de un parrtido democráta que había sucumbido al manejo de ideólogos de un socialismo marxista. En el caso del GOP, preferían un candidato flexible al estilo Jeb Bush, o a alguien que fracase en favor de la candidata demócrata Hillary Clinton.

Junto con la manipulación de informaciones y artículos de opinión, que se entremezclaban para el público consumidor, la distorsión de la realidad se acentuó con el abusivo manejo de las encuestas. Hasta último momento, la victoria se asignaba a Hillary, citando cifras estadísticas y entrevistas y vociferaciones y mentiras anti Trump.

La admirable repuesta de la mayoría del pueblo norteamericano dejó sin aliento y en algunos con lágrimas y expresiones de histeria a columnistas y expertos encuestadores que no se explicaban por qué se equivocaron. Algunos expresaron un mea culpa, otros prometieron corregirse pero los más continúan su batalla contra Trump.

Desde luego que el periodismo debe criticar al gobierno. La Enmienda Primera de la Constitución lo garantiza, advirtiendo que el ejercicio de esa libertad no necesita ley. Porque los medios expresan lo que la gente piensa de sus gobiernos y los gobiernos están en el poder temporalmente para garantizar los derechos individuales de sus ciudadanos.

Pero el ejercicio de la libertad de expresión por los medios se corrompe si los medios dejan de ser independientes, sea por sujeción a intereses de muy notorio poder, sea por la imposición a un mandato ideológico político en su producto editorial e informativo, como ha sido evidente en la última camapaña electoral.

En otros países la situación es peor. Quien esto escribe era Director de El Comercio en la presidencia de Rodrigo Borja. Escribía con mi nombre una columna, cuando comencé a criticar las políticas del mandatario en lo económico. Borja, amiga de la dueña del Diario, se irritó y quejó.  Tuve que suspender mi columna.

“El Diario está para ayudar el Gobierno”, fue la excusa. Renuncié. Más Rafael Correa fue Presidente. Removió a los congresistas, rehizo la Corte Suprema y cometió otros actos dictatoriales como el acoso a periodistas opositores, que culminó con la la Ley Mordaza, según la cual es el gobierno el que regula a los medios, no los medios los que vigilan al gobierno.

El Comercio y otros medios del Ecuador nada significativo hicieron para frenar a Correa o impedir la Ley Mordaza. Cuando Jorge Mantilla Ortega estaba de Director enfrentó a Velasco Ibarra y a su ministro de Gobierno Camilo Ponce para impedir un atropello mucho menor y fue a la cárcel y al Diario lo clausuraron.

Si Mantilla Ortega hubiese estado de Director con Correa, es probable que éste no hubiese avasallado al país como lo ha hecho. Pero falleció en un accidente de tránsito y la historia no se rehace. El Comercio a la postre fue vendido a un empresario extranjero, en violación de la insólita Constitución del Ecuador. La Ley Mordaza sigue en pleno vigor, aunque poco se la aplica pues prima la autocensura de los medios.

En Estados Unidos, el “fenómeno” Trump debe generar, entre otros efectos benéficos para la democracia acosada por el progresismo, una revisión de los ejecutivos, propietarios y periodistas sobre el verdadero papel que les toca desempeñar en la comunidad: informar imparcial y objetivamente  sobre cualquier acontecimiento político o no, público o privado.

Y evitar la tentación de inmiscuir las preferencias políticas del reportero o del propietario en la redacción del material informativo porque ello es contrarpoducente para la credibilidad y las finanzas de los medios. La reducción en la publicidad y sintonía y en las suscripciones de los medios políticamente sesgados, es irrefutable.

En el Ecuador, a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX la mayoría de medios de comunicación era en extremo liberal o en extremo conservador. En 1906 surgión en los Mantilla la idea de crear un  medio independiente y el buen éxito fue casi instantáneo, hasta que la noción de independencia cedió al poder de un autócrata.

En Estados Unidos el Diario The New York Times, fundado en 1851, ha sido reconocido como el adalid, pese a fallas como el silencio ante los genocidios de Stalin y Mao y ahora la campaña errónea anti Trump, que admite haber cometido. Inclusive The Wall Street Journal, algfo más “limpio”, ha incurrido en prejuicios iniciales sobre la candidato triunfador.

Con ánimo conciliador, Donald Trump ha reunido a dirigentes y periodistas clave de los medios y del NYT para dialogar en privado sobre la situación. Es de confiar que el “gran negociador” obtenga respuesta positiva para lograr de ellos lo que el público espera: mayor y honesto profesionalismo. Es decir, respeto a la Constitución, que es la meta de Trump y de los que votaron por él, pese a la cortina de humo de los medios.

¿Y EL NO DEL REFERENDO?

Noviembre 21, 2016

¿Y EL NO DEL REFERENDO?

Parece que al presidente colombiano Juan Manuel Santos nada le importa que el pueblo, en referendo, haya vetado su acuerdo con las FARC para reintegrarlos impunes a la vida civil y permitirles terciar en política en igualdad de condiciones que el resto de la población.

Santos, que acaba de recibir en los Estados Unidos un diagnóstico positivo sobre la amenaza de recrudecimiento de un cáncer prostático, anunció que insistirá en aprobar el acuerdo vetado por el pueblo, esta  vez a través del Congreso donde tiene una mayoría favorable.

El acuerdo ha sido superficialmente modificado en La Habana y ya que no se han difundido detalles detalles, el ex-presidente Álvaro Pérez que lidera la oposición ha expresado su renuencia a aceptarlo sin que previamente lo conozcan y analicen las víctimas de las FARC, él y los votantes.

Pero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, jefe máximo de la organización guerrillero/terrorista que por más de medio siglo ha asesinado, raptado, violado, extorsionado y traficado con estupefacientes, llegó ya a Bogotá para firmar el acuerdo, a bordo de un jet privado de lujo desde la capital auspiciadora de las FARC.

Santos seguramente le ha asegurado que la suscripción del documento de capitulación seguirá un trámite rápido con un Congreso dócil. ¿Porque el tiempo apremia? Parece que sí, puesto que en enero Donald Trump será el nuevo presidente de los Estados Unidos y él no es nada complaciente, como Obama, con los terroristas sean castristas o musulmanes.

Esto es lo que opina Anastasia O´Grady en un artículo que publicó días atrás en el diario The Wall Street Jpournal, en su versión en español:

Por Mary Anastasia O’Grady

Actualizado domingo, 13 de noviembre de 2016 19:29 EDT

La agenda comercial de Donald Trump es extremadamente preocupante para América Latina. Sin embargo, en asuntos de seguridad regional, es probable que el enfoque del presidente electo de Estados Unidos sea un cambio bienvenido para las fuerzas democráticas del hemisferio.

Esa hipótesis cobró fuerza el sábado en la noche cuando el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, apareció en televisión para decirles a sus compatriotas que su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían finalizado una versión enmendada de su acuerdo de “paz”. Santos prometió que el nuevo texto respondería a muchas de las objeciones que los colombianos tenían con la versión original, que la nación rechazó en un plebiscito celebrado el 2 de octubre.

Este es un hombre que tiene prisa. Que le haya llevado al gobierno, como lo reconoció el mandatario en su discurso, seis años de negociaciones para firmar el acuerdo al que los colombianos le dijeron “no” y apenas seis semanas para hacerlo aceptable entre sus compatriotas pone a prueba la credulidad. El propio Santos parece no creerlo, lo que explica por qué parece ahora que el mandatario ha abandonado su promesa de que cualquier acuerdo tendría que ser aprobado por una consulta popular en un proceso de votación justo. La BBC reportó el sábado en la noche que Santos acudiría sólo al Congreso, el cual controla, para convertirlo en ley.

Santos le dijo al país que completar el acuerdo es urgente. Sin embargo, su discurso del sábado por la noche, cuando pocos colombianos prenden el televisor, sugiere que ya no está tratando de convencer a sus compatriotas. El mandatario parece estar apostando al respaldo internacional para salvar su agenda. Para eso, requiere sellar el acuerdo antes de que el presidente Barack Obama deje la Casa Blanca.

Necesita el respaldo de alguien. El miércoles, el ex director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de Colombia ofreció un testimonio creíble a la Corte Suprema de Justicia en Bogotá que en 2014 formó parte de un esfuerzo de campaña de reelección de Santos para desacreditar al candidato de la oposición, Óscar Iván Zuluaga, con acusaciones de escuchas telefónicas ilegales. En una elección muy reñida, Zuluaga perdió. El testimonio del investigador judicial sacudió la nación y plantea dudas sobre la legitimidad del segundo mandato de Santos.

El presidente de Colombia se ha apoyado en gran medida en Obama para avanzar su agenda de “paz”. Ese respaldo no se ha limitado a la decisión del presidente estadounidense de despachar a un enviado para que se sentara en la mesa de negociación en La Habana. En el caso de la extradición a EE.UU. del ex ministro de Agricultura de Colombia, Andrés Felipe Arias, que tendrá el jueves una audiencia en la corte federal de Distrito Sur de Florida, el Departamento de Justicia del gobierno de Obama invocará un tratado que no existe, en un intento de ayudar a Santos a poner tras las rejas a un enemigo político. Cuesta imaginar a un gobierno de Trump haciendo el mismo tipo de favores a Santos.

En 2010, Arias era un candidato líder para suceder a Álvaro Uribe Vélez en la presidencia hasta que acusaciones rebuscadas lo vincularon con un plan de corrupción que surgió misteriosamente en la prensa colombiana. Como escribí en una columna de septiembre, el ex funcionario fue luego condenado por la Corte Suprema de Justicia de beneficiar ilegalmente a terceros, a pesar de no tener evidencia de que el ex ministro tenía conocimiento del fraude o de que se enriqueció o se benefició personalmente o a su familia.

Este “delito” en Colombia no existe en las leyes de EE.UU. Un testigo clave también admitió durante el juicio que todo formaba parte de un ardid para destruir la carrera política de Arias. El ex ministro tuvo sólo una oportunidad para demostrar su inocencia ante la corte. No hay un proceso de apelación. En junio de 2014, huyó a EE.UU. y solicitó el asilo.

El 24 de agosto de este año, alguaciles federales lo detuvieron en cumplimiento del pedido de extradición de Santos. El momento del arresto en Miami —el mismo día que Santos anunció su acuerdo en La Habana, respaldado por Raúl Castro y por Obama— pareció una coincidencia poco probable dado que el gobierno de Santos había solicitado la extradición dos años antes.

Los colombianos lo interpretaron como un mensaje para Uribe, quien sigue siendo cercano a Arias, un protegido suyo, y quien lideró la oposición al acuerdo con las FARC. Habría sido demasiado arrestar a Uribe, pero la detención de Arias en EE.UU. fue un golpe para los uribistas.

El Departamento de Justicia argumenta que el ex ministro tiene que ser devuelto a Colombia en conformidad con un tratado de extradición con Colombia. Lo irónico es que la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha fallado en dos ocasiones que el tratado, que hace un llamado a la reciprocidad, no está en efecto porque nunca fue ratificado apropiadamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no lo reconoce y Santos ha declarado que no está obligado a satisfacer las solicitudes de extradición de EE.UU. Uribe ha presentado una declaración ante la corte federal en Miami argumentando que no hay tratado.

La persecución de Arias, con la ayuda de Obama, es el tipo de trucos sucios que le han restado popularidad a Santos y que han causado que pocos le tengan confianza en Colombia. Ni él mismo cree que se pueda recuperar. La apuesta de Santos es al apoyo internacional, lo cual es la razón por la que está tratando de apresurar este acuerdo mientras él y los hermanos Castro aún tengan el respaldo de Washington.

LA MAGIA DE ESTE PAÍS

Los que predijeron que Donald Trump perdería con mucho las elecciones presidenciales frente a Hillary Clinton, ahora están conturbados tratando de descifrar el enigma de por qué le ganó el billonario “bufón”.

Han culpado a todos y a todo, menos al rechazo a la política “progresista” encarnada en el gobierno de Barack Obama y que la demócrata Hillary prometía continuar y acentuar si triunfaba.

Con la prescindencia de este argumento clave, los progresistas orientan su campaña anti Trump ahora con la argucia de que el factor por el cual Donald derrotó a Hillary, es debiddo a que la superó en el número de votos de los electores y no con el voto popular.

Esto no es democrático, dicen, pues si Trump obtuvo 290 votos electorales y Hillary solo 233, en cambio ésta le ha ganado con más de un millón de votos en el conteo final de votos populares. El sistema creado en 1176/1778 es, sin embargo, el más democrático imaginable.

Porque los Estados Unidos es éso, una unión de Estados. Las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, así como la de senadores e integrantes de la Cámara de Representantes del Congreso Federal de los 50 estados, son elegidos por cada Estado. 

Cuando las 13 Colonias se independizaron del Reino Unido en 1776, sus líderes no trardaron en percatarse de que había que organizar un gobierno fuerte para los 13 interantes, capaz de generar recursos para la defensa interna y externa y para generar un sistema económico libre.

Sobre la formación de ese gobierno se cernía el peligro de que volviese alguna forma de tiranía de la que acababan de liberarse, debido a que pudiera imponerse la el peso de un Estado más populoso, como Nueva York, por sobre los menos poblados como Delaware o Maine.

Madison, Hamilton y otros genios iluminados de la época 
comprendieron el  desafío y, para efectos del Congreso, decidieron incluir en la Constitución el mandato de dos senadores por cada Estado por seis años y un número proporcional a la población, de representantes por dos años, reelegibles en los dos casos.

De esa manera se equilibraban las fuerzas y los derechos de los Estados sin desmedro de su tamaño y poder, impidiendo que las “facciones” o partidos pudieran manipular, con urbes más desarrolladas y habitadas. El precepto es el mismo que se aplicó y aplica para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República.

Los estados eligen -varían las modalidades- a tantos grandes electores cuantos senadores y diputados federales tengan. Luego de las elecciones generales, los grandes electores tienen una Convención Nacional para depositar sus votos de acuerdo con el mandato popular de cada Estado.

Por ley en algunos Estados y por tradición, los electores están obligados a acatar ese mandato. Si ningún candidato obtuviere la mayoría de la mitad más uno, ahora 270, entonces los electores quedarían libres para votar por los candidatos de su predilección.

Los demócratas progresistas que han perdido con Hillary están urdiendo la patraña de forzar la ley y las costumbes para hacer que la Convención Nacional del 19 de diciembre se pronuncie, no por el candidato electo Trump sino por la candidata fracasada Hillary.

Más aún, la senadora demócrata Barbara Boxer, millonaria de California, ha presentado un proyecto de reforma constitucional para abolir el sistema de grandes electores, porque “es anticuado”. Para los progresistas no solo ese mandato sino la Constitución en si es obsoleta y de hecho con Obama la han violado en varias ocasiones.

La aspiración de Boxer no irá a ningún lado, primero porque solo tendría el apoyo de la humillada elite de su partido y segundo porque el proceso para reformar la Constitución es largo y complejo: requiere el 2/3 de  la aprobación de las dos cámaras del Congreso y los 3/4 de aprobación de los Estados.

Si se abolieran los electores, la “facción” demócrata, con apoyo económico de grandes intereses y de globalistas como Soros ganarían con facilidad las elecciones en los superpoblados Estados de California, Nueva York, Texas y los Estados menores con abundantes poblaciones rurales como las del Medio Oeste, por ejemplo, se quedarían sin voto.

Añádase que en Estados como California, el Gobernador ha autorizado el voto a inmigrantes ilegales. Hay documentos que prueban que en los pasados comicios votaron no menos de tres millones de ilegales. Si no lo hubieran hecho, como manda la ley, Donald Trump también habría ganado con holgura el voto popular.

El problema de los izquierdistas/demócratas/progresistas/socialistas es la ley y ley madre, la Constitución. Trump ha basado su éxito en haber prometido restaurar el cumplimiento de la ley según la  Constitución y los principios inmanentes de la Declaración de la Independencia.

Esos principios, ni son anticuados ni son flexibles. La condición humana nunca dejará de ser un eterno conflicto entre el bien y el mal. Los fundadores de la nación así lo comprendieron y por ello crearon una forma de gobierno de sentido común, hecha “para hombres, no para ángeles” como dijera Madison. Ha probado ser el gobeirno más estable, próspero y libre en la historia de la humanidad.

Alterarlo para corregir las contradicciones de la sociedad, por ejemplo de la presencia de la pobreza reduciendo o peor aboliendo libertades, destruye el sistema. Al contrario, las deficiencias se superan con mayores dosis de libertad, de oportunidades y de competencia.

Estados Unidos, tras 240 años de aplicar este sistema de libertad, se ha convertido en la mayor potencia mundial en todos los órdenes. Quienes quieren alterarlo sea por utopías o o por controlar el poder, han errado esta vez por voluntad de una clara mayoría de votantes norteamericanos.

La victoria de Hillary Clinton habría significado un repudio a la Revolución Americana y una traición a quienes redactaron y firmaron con lucidez sin precedentes los documentos que consolidaron las 13 Colonias liberadas en los Estados Unidos de América. Donald Trump rencauzará a la nación por la ruta trazada por sus Fundadores.

(Se transcribe a continuación en inglés el artrículo que sobre los electores, escribió Larry Arrn para el The Wall Street Jounal. Arnn es Presidente de Hillsdale College, una de las pocas universidades de Estados Unidos no contaminadas con el virsu del progresismo)

Por 

LARRY P. ARNN

lunes, 14 de noviembre de 2016 19:11 EDT

The outrage from Hillary Clinton supporters came immediately: Donald Trump might have won the Electoral College, but he appears to have lost the popular vote. This was said to be a violation of democracy, one that defied the principle of “one man, one vote.” A Yale professor slandered the Founders by telling the website Vox that the Electoral College was created to protect slavery.

We can think about this better if we understand two things: What does the Electoral College do, and why does it do it?

On Dec. 19, the electors of every state and the District of Columbia will meet. Each state has the same number of electors as it does U.S. senators and representatives combined. The state legislature decides how the electors are selected.

The chosen electors are bound by custom everywhere and by law in many states to support the presidential candidate who won their state’s popular vote. If they fail to vote this way, they will be “faithless electors.” This has happened but rarely in the history of the presidency.

Everything about this process is as the Constitution directs, with the exception of the last bit. Nothing in the founding document requires electors to support the candidate who wins the popular vote in their state. In America’s early years many states did not even conduct popular presidential elections.

Instead electors were picked by state legislatures or by governors. The Framers had the idea that the electors, in choosing a president, would vote their consciences after deep discussion—and sometimes this happened. Often, however, electors were selected because they had declared support for a particular candidate. 

As the practice of holding a popular vote spread, it was natural that the electors would follow those results. Still, the Electoral College continues to recognize that Americans vote by state—in the same way that they elect the Senate and the House, and the same way that they voted those many years ago to ratify the Constitution. 

But now there is a national movement to require that electors support the presidential candidate who wins the national popular vote. The proposal, called the National Popular Vote Interstate Compact, has been passed by 10 states and the District of Columbia. Implementing this practice would be a disaster.

Consider for a minute why the Electoral College was invented. Although it is odd, it is also a plain expression of the Constitution, part of the structure that has made America’s founding document the best and longest lived in history.

The Constitution reflects the paradox of human nature: First, that we alone among earthly things may exercise our own volition; second, that sometimes we exercise such power badly. This is why we require laws to protect our rights, as well as restraints upon those who make and enforce those laws.

The Constitution is paradoxical most of all about power, which it grants and withholds, bestows and limits, aggregates and divides, liberates and restrains. Elections are staggered, so as to distribute them across time. The founding document also divides power across space; the people grant a share of their natural authority to the federal government, but another share to the states where they live.

This innovation is most directly responsible for the greatness of the United States. Think what the Founders achieved: They invented a way of governing, and they extended it without benefit of kings or colonies across a vast continent, bigger than they could imagine, until they got to the other side 30 years later. The magnificent Northwest Ordinance granted free government to the territories, then representative and independent state government thereafter. Ruled from Washington, the nation could never have settled this land in freedom nor made it so strong. 

The practical political equality that the American people have achieved depends entirely upon their ability to spread political authority across a vast area. In American political life, it matters how many people are in favor of a given thing. It also matters where they live.

Mr. Trump joins John Quincy Adams,Rutherford B. Hayes,Benjamin Harrison and George W. Bush as the only presidents who won without the popular vote. After 2000, this is the second time in recent years—a product of the deep and wide division in America between the urban and the rural, the sophisticated and the rustic, the cosmopolitan and the local.

It is a shame that the winner this year, Mr. Trump, lost the popular vote by a whisker. But it would be as much or more a shame if Mrs. Clinton had prevailed despite massively losing the geographic vote, the vote across space, the vote that reflects the different ways that Americans live.

We forget that it is a historical rarity to have an executive strong enough to do the job but still responsible to the people he governs. The laws in the U.S. have worked that miracle for longer than anywhere else. Remember that the Electoral College helps establish the ground upon which the American people must talk with each other, while ensuring that they are not ruled as colonies from a bunch of blue capitals, nor from a bunch of red ones.

Mr. Arnn is the president of Hillsdale College.