El Comité Nobel de Noruega le concedió el Premio de la Paz a Obama por “lo que iba a hacer” en favor de la paz en el mundo cuando se posesionó de la presidencia en el 2009 y ahora le entrega la misma presea al Presidente Juan Manuel Santos, “porque no pudo conseguir la paz” en Colombia.
Es verdad que Nobel, al establecer el Premio en 1895, quiso que se reconociese a quienes no solo lograsen la paz sino a quienes demostrasen esfuerzos viables para conseguirla. No es ese el caso ni de Obama ni de Santos. Nadie puede predecir el futuro ni la conducta de una persona ni de los acontecimientos mundiales para anticipar un premio.
Con respecto a Santos, es absurdo premiar a un individuo que busca transar con asesinos que durante más de cincuenta años han atentado de manera permanente y atroz contra la paz y la seguridad del Estado y que jamás han depuesto la violencia para buscar la redención y el acatamiento a las leyes.
Juan Manuel Santos fue Ministro de Defensa de Álvaro Uribe, su antecesor en la Presidencia. Junto a él asestó los más severos golpes militares contra los terroristas de las FARC, que hacía tiempo estaban aliados con el narcotráfico y que además lucraban con el negocio de los secuestros, generando la muerte de más de 220.000 personas.
Santos triunfó en las elecciones con facilidad a la espera de que concluiría el proyecto Uribe de doblegar militar y policialmente a las facciones de las FARC y ELN. Pero ocurrió lo inesperado. Cuando las facciones se batían en retirada, reunió a los cabecillas en Cuba para negociar la capitulación no de los insurgentes, sino del Estado.
Luego de seis años en La Habana de los Castro firmó un acuerdo “de paz” en Cartagena, respaldado por Obama, el Papa Francisco, el Secretario General de la ONU y demás líderes “progresistas”/izquierdistas del mundo. Pero contra toda lógica, el documento lo suscribió en Cartagena antes de la consulta popular.
Cuando la hubo, el acuerdo fue impugnado por el pueblo.
Cuando la hubo, el acuerdo fue impugnado por el pueblo.
Las razones del veto quedan explicadas en dos artículos que se publicaron en el diario The Wall Street Journal, que se transcriben seguidamente. En el primero, Anastasia O´Grady describe los crímenes de los narcoterroristas que no cabe queden impunes con el Acuerdo Santos y en el otro, hay los relatos de sobrevivientes norteamericanos, capturados en la jungla por más de cinco años, acerca de las atrocidades de estos asesinos,
Santos, con el acuerdo, garantizaba a las FARC cinco escaños en el Senado y la Cámara de Diputados, libertad sin peligro de prisión y libre participación en la política. Con los millones acumulados con el narcotráfico, fácil deducir que habrían accedido al poder con el dinero y no la metralla, para destruir la democracia a la que combatieron y suplantarla por otro remedo de gobierno castrista o chavista en Colombia.
Ahora se anuncia que el ELN (Ejército de Liberación Nacional), otro de los grupos narcotraficantes colombianos, ha aceptado negociar la “paz” en algún lugar de Quito con representantes del gobierno de Santos y por invitación de Rafael Correa, el presidente ecuatoriano que calificó a las FARC de “luchadores por la libertad”.
Su tono cambió tras el operativo militar en territorio ecuatoriano que dio fin con el líder de las FARC “Raúl Reyes”, en la frontera con Colombia, el 1 de marzo del 2008. Fue otra de las acciones brillantes de Santos dirigidas a debilitar a los enemigos de la democracia. Ahora Santos y Correa son amigos del alma. ¿Le darán el Nobel de la Paz a Correa?
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Opinión: Un Nobel para Santos, ninguna paz para Colombia
El mundo necesita recordar las atrocidades cometidas por los terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dice la columnista Mary Anastasia O’Grady
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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Photo: Reuters
Cerca del 83% del electorado se abstuvo o votó por el “No” en el plebiscito que les pidió a los colombianos aprobar un acuerdo negociado entre el gobierno y el grupo terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin al conflicto armado. Esto no debió sorprender a nadie ya que los sondeos establecen consistentemente que una abrumadora mayoría de los colombianos se opone a una amnistía para los crímenes de guerra y a la entrega de escaños en el congreso sin necesidad de elección popular a las FARC, dos puntos centrales en el acuerdo.
La victoria del “No” fue un golpe devastador para el poco popular presidente Juan Manuel Santos, quien apostó su presidencia al acuerdo. Pero el asunto está lejos de ser resuelto. Las FARC no dejarán de lado la búsqueda del poder. Peor aún, los colombianos siguen bajo presión interna y externa para que acomoden a los impenitentes criminales de guerra que han prometido no pasar ni un día en la cárcel. Noruega, uno de los países garantes del pacto mediado por Cuba, está especialmente irritado con el resultado del plebiscito en Colombia. Por lo tanto, tomó la absurda decisión de dar la semana pasada el Premio Nobel de Paz a Santos. Perfecto.
Los aliados de Santos han pedido a la Corte Constitucional la repetición de la consulta popular, mientras el premio apunta a elevar la popularidad del presidente de modo que impulse su capital y así pueda ganar la aprobación al acuerdo. Si los dos esfuerzos son infructuosos, el mandatario puede verse tentado a adjudicar los problemas de Colombia al voto del “No”. En junio pareció sugerir eso cuando lanzó una amenaza de guerra urbana al estilo FARC si el acuerdo no era aprobado. También hay expectativa de que exigirá pronto un alza de los impuestos para evitar una rebaja de calificación de la deuda soberana con grado de inversión.
De hecho, Santos le ha hecho un gran daño a Colombia al darles a las FARC una plataforma publicitaria y ayudarles a reformar su imagen. Por cuatro años el mundo ha sido martillado con imágenes de los líderes de las FARC en el trópico luciendo guayaberas, fumando puros, cenando con funcionarios del gobierno colombiano y ofreciendo conferencias de prensa. Hubo incluso una reunión entre las FARC y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y una tarde de paseo en un catamarán. Este circo sin parar creó fuera del país la ilusión de que estos matones de mundo bajo son actores políticos legítimos y que sólo los irracionales se rehusarían a darles todas las concesiones que pidieron en nombre de la paz.
La restauración de la realidad es central para rescatar a Colombia. Eso significa llamar a las FARC por lo que son.
Su líder es Rodrigo Londoño, alias Timochenko, un discípulo de 57años de Fidel Castro. Desde los 17 años ha estado comprometido con una combinación de terrorismo y narcotráfico. El plan inspirado en la ideología de las FARC ha sido masacrar, secuestrar y extorsionar civiles con la meta de convertir al país en una réplica de la Cuba comunista. También ha registrado grandes ganancias. En 2015, Timochenko fue condenado por un juzgado en Bucaramanga por el reclutamiento de más de 100 menores de edad como soldados de las FARC, algunos de los cuales fueron explotados sexualmente. EE.UU. ofrece una recompensa de US$5 millones por su captura.
Estos son ejemplos de las acciones de las FARC: en noviembre de 1990, emboscaron y dieron de baja a seis niños del poblado de Algeciras, en el departamento del Huila. Los menores formaban parte de una organización juvenil que ayudaba a la policía a supervisar una carrera de ciclismo. En abril de 2002 secuestraron a 12 diputados de la asamblea departamental del Valle del Cauca y cinco años después ejecutaron a 11 de ellos.
En mayo de 2002 masacraron a 119 personas que se habían refugiado en una iglesia de Bojayá, en el departamento del Chocó, durante una batalla entre el grupo guerrillero y fuerzas paramilitares. Muchos de los asesinados fueron niños. También en 2002, en el departamento del Meta, asesinaron a un joven de 14 años y usaron su cadáver como una trampa explosiva.
En febrero de 2003, las FARC detonaron un carro bomba en el Club el Nogal de Bogotá. Treinta y seis personas murieron y otras 200 resultaron heridas.
En agosto de 2009, BBC Mundo reportó que a comienzos de ese año las FARC habían descuartizado a punta de cuchillo a 11 personas en una comunidad indígena del departamento de Nariño. Un líder local le dijo a la BBC que antes de que dos mujeres embarazadas fueran asesinadas, sus fetos fueron arrancados de sus vientres y “se los botaron a los perros”.
Más de 11.000 colombianos —la mayoría campesinos pobres— han sido asesinados o heridos por las minas antipersonales de las FARC. La violencia del grupo guerrillero ha desplazado a millones y los subversivos han usado a miles como niños soldados.
Sin embargo, el muy bien alimentado terrorista Timochenko fue asediado por la prensa la semana pasada en La Habana cuando salió a opinar sobre la legalidad del acuerdo. El presentador de televisión peruano Jaime Bayly captó inmediatamente lo absurdo de la situación: “O sea que ahora Timochenko no sólo ya no es terrorista, no sólo era casi congresista, gracias a Santos, sino que ahora es jurista”.
Las atrocidades de las FARC rivalizan el barbarismo de los terroristas islámicos, con quien EE.UU. no contempla negociar. Santos trató a las FARC como el equivalente moral de la democracia. Los colombianos no están de acuerdo. El rechazo del pacto no fue impulsado por una falta de voluntad para perdonar el pasado sino por un deseo de salvaguardar el futuro.
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Ex rehén americano enjaulado por FARC expresa dudas sobre acuerdo de paz
Durante cinco años y medio, Marc Gonsalves y dos de sus colegas —todos contratistas norteamericanos— fueron rehenes de la guerrilla colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Durante esos 1,967 días, Gonsalves vio cómo ejecutaban a varios amigos. A él lo tuvieron encadenado por el cuello, encerrado en una jaula y vivía con el miedo perenne de que su vida terminaría enterrado en una fosa solitaria en medio de la selva.
En momentos en que Colombia trata de salvar un acuerdo de paz con las FARC, Gonsalves, de 44 años, comparte muchas de las dudas que el país tiene sobre la organización guerrillera que el gobierno de Estados Unidos todavía considera un grupo terrorista.
“Estas son personas que me torturaron a mí y a muchos otros, y que han cometido crímenes terribles”, dijo acerca de sus captores Gonsalves, quien nació en Connecticut y en la actualidad vive en Port Charlotte, Florida. “De modo que no me siento bien verlos firmar un acuerdo en el que no son para nada castigados”.
Sin embargo, Gonsalves dice que al mismo tiempo comprende el deseo de paz que siente un pueblo que lleva sufriendo más de cinco décadas. “Es algo triste, porque la gente está cansada de más de más de 50 años de guerra”, dijo Gonsalves en una conversación telefónica. “Lo único que el país quiere es que se termine de una vez”.
Los colombianos salieron a votar el pasado 2 de octubre y rechazaron por un estrecho margen un plan de paz que le habría permitido a miles de combatientes de las FARC entregar las armas e incorporarse a la vida civil. El acuerdo de 297 páginas motivó elogios internacionales y gracias al documento, el presidente colombiano Juan Manuel Santos ganó el Premio Nobel de la Paz la semana pasada. El pacto parecía ofrecer una vía para terminar con un conflicto en el que han muerto más de 220,000 personas.
CASTIGO Y POLÍTICA
Sin embargo, hay dos temas en particular que le preocupan a los críticos y que de una manera u otra entorpecieron que el acuerdo fuera un éxito: el castigo y la política.
Las guerrillas acusadas de graves crímenes no cumplirán condenas de cárcel siempre que confiesen ante una Comisión de la Verdad y le den reparaciones a sus víctimas. En su lugar, cumplirían entre cinco y ocho años de “restricción efectiva de libertad”, un término que se encargaría de definir un tribunal especial. El encierro, sin embargo, “en ningún caso se entendería como cárcel ni prisión”, señala el documento.
Además, a las FARC se les permitiría aspirar a cargos públicos. Y durante los dos primeros ciclos electorales, al grupo se le garantizaría cinco escaños, tanto en la Cámara como en el Senado.
Las FARC han dicho que esas dos condiciones —justicia transitoria y participación política— no son negociables, en tanto los proponentes del acuerdo argumentan que se trata de lograr la paz, permitiéndole a la guerrilla defender sus ideas a través de los votos no con las armas.
Gonsalves dice que comprende por qué el pueblo no puede tolerar el acuerdo.
“¿Puede uno pensar tranquilamente que los mismos hombres que han estado aterrorizando al país durante más de medio siglo ahora ocupen un puesto en el gobierno?”, preguntó Gonsalves. “¿Dónde está la democracia aquí? Ni siquiera se les ha elegido mediante una votación, simplemente se les ha dado escaños. Y de la noche a la mañana se han convertido de terroristas en políticos”.
Muchos grupos de víctimas están a favor del acuerdo de paz, y dicen que es el perdón —de ambas partes— la única forma de acabar de una vez con la violencia. Aunque Gonsalves no alberga fantasías de venganza, sí piensa que hacer justicia verdadera es un importante ingrediente para que la paz sea duradera.
LA CAPTURA
La pesadilla y agonía de Gonsalves comenzó el 13 de febrero del 2003.
Trabajaba como contratista civil del Pentágono en la firma Northrop Grumman, una compañía global de seguridad, realizando vigilancia aérea de las montañas de Colombia cuando el avión Cessna de un solo motor se estrelló en un territorio dominado por las FARC.
Nuestros hombres siempre dijeron que estaban identificando sembrados de coca para luego acabar con ellos, pero la guerrilla los consideró prisioneros de guerra.
“Por suerte nosotros sobrevivimos, pero todos estábamos heridos y adoloridos”, recuerda Gonsalves. “Pero en vez de ayudarnos, las FARC ejecutaron a dos de nuestro grupo”.
El piloto norteamericano Thomas Jannis recibió un disparo en la cabeza, y el oficial de la inteligencia colombiana que los acompañaba, Luis Alcides Cruz, fue baleado a quemarropa en el abdomen.
Los tres norteamericanos sobrevivientes —Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes— fueron llevados a una angustiosa zozobra en la selva que duró la mitad de una década.
“Trataban de hacernos daño, tanto psicológico como físico”, dijo Gonsalves. “No nos daban comida durante días. No nos dejaban ir al baño. Nos pusieron a vivir en jaulas y en cajas. Estábamos amarrados por el cuello y nos obligaban a caminar como si fuéramos perros. Eran castigos crueles e innecesarios”.
Los tres describieron sus tribulaciones en un libro publicado en el 2009: Out of Captivity, pero Gonsalves dice que hay un momento particular que no ha podido olvidar.
Fue cuando uno de sus captores, que era un adolescente, le dijo lo que le hacían a los rehenes que ya no tenían ningún valor: los guerrilleros cavaban un hueco en la selva y los obligaban a meterse en el agujero.
“Una de las cosas que los rehenes siempre hacen es llorar. No importa lo que pase, siempre lloran cuando los metemos en el hoyo”, recuerda Gonsalves que le dijo el guerrillero. “Los obligan a meterse en el hoyo, y luego les meten un balazo en la cabeza y los entierran”.
Gonsalves piensa en todos los que han desaparecido durante tantos años de conflicto y se pregunta si habrán corrido suertes parecidas.
“Hay miles de colombianos desaparecidos y nadie saben dónde están”, dijo. “La triste realidad es que es muy probable que los hayan metido en un agujero y pegado un tiro en la cabeza porque sus familias no pagaron el rescate que pedían”.
Las guerrillas dejaron de secuestrar en el 2012 cuando se iniciaron formalmente las conversaciones de paz. Y accedieron a ayudar a buscar y a contar las casi 45,000 personas que están en listas de desaparecidos. Además, le han pedido perdón a los familiares de las víctimas.
EL RESCATE
El 2 de julio del 2008, Gonsalves, Stansell, Howes y otros 12 rehenes, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, fueron rescatados en una operación militar en la que no corrió la sangre y que parece salida de una película de Hollywood.
La mente maestra que organizó todo el operativo, llamado “Operación Chequeo”, fue Juan Manuel Santos, que entonces era el ministro de Defensa. En la actualidad como presidente de Colombia, Santos enfrenta una tarea igualmente difícil: salvar el acuerdo de paz. Para poder lograrlo, sus negociadores tendrán que poner al día el pacto lo suficiente como para tranquilizar a los críticos sin que las FARC abandonen la mesa de conversaciones.
En los días transcurridos desde la votación nacional, ha habido mucho debate sobre quién es el verdadero responsable del fracaso del convenio de paz. La semana pasada, decenas de miles de personas salieron a las calles exigiendo que el acuerdo se firme finalmente.
Gonsalves dijo que no se puede juzgar a nadie por votar en contra del pacto.
“No es justo culpar a nadie cuando los únicos y verdaderos culpables son las FARC”, dijo. “Son ellos quienes decidieron convertirse en terroristas, secuestrar a personas inocentes, colocar minas en un sinfín de lugares. La única culpa la tienen ellos”.
Gonsalves dejó de trabajar en Northrop Grumman hace ya algunos años y en la actualidad tiene propiedades de alquiler en Florida, en la zona de la Costa del Golfo. Trabaja de forma ocasional para la organización miamense Developing Minds Foundation que se encarga de ayudar a ex guerrilleros de las FARC menores de edad.
“Esto es otra forma de luchar contra las FARC”, dijo Gonsalves. “Tratar de educar a los muchachos que han pasado años en la selva y darles alguna esperanza y motivación para continuar con la dura vida que tienen ante sí y no volver a las guerrillas”.
En cuanto al futuro de Colombia, Gonsalves dijo que espera que el país encuentre una manera de volver a negociar el acuerdo y acabar de una vez y por todas con el viejo conflicto.
“Seamos honestos, ¿quién no quiere la paz?”, pregunta Gonsalves. “El pueblo colombiano quiere la paz, pero también quiere algo que sea justo”.
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