Los pre candidatos del partido demócrata que aspiran a impedir la reelección del Presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre del 2020 tienen propuestas que implican casi sin excepción reformas a la Constitución, lo cual demanda un proceso largo y complejo difícil de lograr.
En el fondo los demócratas, que se autocalifican de "progresistas", son todo lo contrario a progresistas pues su propósito, delineado desde los tiempos del Presidente Woodrow Wilson a comienzos del siglo XX, es "modernizar" la Carta Fundamental en favor de un Ejecutivo más fuerte e interventor para acelerar "la justicia social". Es, pues, un progresismo "regresista".
Les incomoda a los demócratas el uso pleno de las libertades individuales y la competencia de mercado en todos los órdenes de la actividad humana, por lo que proponen sustituir la igualdad de oportunidades que implícitamente se da en la Constitución, por una utópica igualdad de resultados que obviamente sería regulada por la burocracia estatal.
La imposición de la igualdad de resultados elimina las libertades y da paso a la intolerancia y la represión. Como sistema de gobierno adopta variantes del socialismo marxista o del fascismo que, en todo caso, se manifiesta como un control excesivo del poder por parte del ejecutivo, con opciones mínimas o nulas de participación de otras ramas gubernamentales.
Dos centurias atrás y algo más, ése era el régimen autoritrio que regía por estas tierras con el Rey Jorge III de Inglaterra, hasta que sus 13 Colonias se rebelaron y el 4 de Julio de 1776 decidieron independizarse. Luego de mucho debatir los hombres sabios de entonces convinieron en suscribir en 1778 una Constitución inspirada en la Declaración de la Independencia, que rige hasta la fecha y que ha probado ser insuperable.
No lo creen así los demócrata progresistas. En su obsesión por ganarle a Trump, quieren por ejemplo que se suprima la elección presidencial por Estados (Colegio Electoral) y que cuente solo el "voto popular" general. Les duele que Trump haya ganado las elecciones con 370 votos electorales pero que haya perdido con 3 millones de "votos populares" de Hillary Clinton.
Las 13 Colonias eran disímiles en tamaño y población. Para lograr la unidad y consenso se convino en que cada Estado elija proporcionalmente tantos diputados según sea su población (llamados representantes) y que éstos elijan a dos senadores por cada Estado (más tarde los dos senadores serían elegidos popularmente en cada Estado, decisión controvertible). Así Estados pequeños como Maine o Delaware no se sentían disminuídos por los estados grandes como Nueva York.
El mismo concepto válido para entonces es válido para hoy, ya que no cabe que Estados como Nueva York o California arrasen en las votaciones generales contra el criterio generalmente diverso de estados más pequeños y rurales del Medio Oeste o del Sur del país. En todo caso, el mandato del Colegio Electoral está dado por la Constitución y para deshacerlo se requiere de la aprobación de los 2/3 de las legislaturas de cada Estado y de los 2/3 de los Estados.
La razón no escondida de los demócratas para los cambios propuestos es obstruir la victoria de Trump. No terminan por aceptar que ganó en el 2016 y para evitar su reelección, quisieran manipular para que si vuelven a fallar en los votos intervenga de algún modo la Corte Suprema de Justicia, que sumó dos jueces consevadores y cambió su tendencia "liberal". Qusieran ampliarla a quince, para insertar jueces antiTrump.
También los precandidatos están divulgando la idea de reducir la edad legal para votar de 18 a 16 años. Están seguros de que serían votos demócratas dada el intenso lavado cerebral al que son sometidos los niños y adolescentes de las escuelas públicas en contra de la historia real de los Estados Unidos y en pro de la "justicia social" que es imposición de la sociedad igualitaria mediante la igualación de resultados.
Paralelamente han acentuado la campaña antiTrump de asegurar la frontera sur, asediada por los invasores ilegales de Centro, Sudamérica y de otros continentes, entre los que se filtran narcotraficantes, otros delincuentes y traficantes de seres humanos. La Constitución obliga al Presidente a garantizar la seguridad de las fronteras, pero el Congreso con demócratas y algunos republicanos obstuyen la provisión de fondos para cumplir ese fin.
Otro mandato de la Constitución es la defensa de la vida, al que los demócratas se oponen. Repetidamente han vetado proyectos de ley para evitar que los infantes sobrevivientes de un aborto sean sacrificados por acuerdo entre madre y médico. Y frenan todo intento por abolir o reducir el impacto de la autorización inconstitucional al aborto de la Corte Suprema (Roe vs Wade, 1973), que ha segado la vida de más de 70 millones de seeres humanos.
A los demócrata progresistas/regresistas no les gusta la Constitución y ello explica por qué rehuyen dialogar con quienes discrepan de sus posiciones rígidas. Los campus de la mayoría de las universidades públicas son campos vedados a quienes quieren expresar ideas diferentes, como elogiar los logros de esta nación y su historia, o la superioridad evidente de su Constitución. La hostilidad ha llegado a tal grado de violencia que el Presidente Trump decidido retirar los fondos de subsidio a los universidades que no respeten la libertad de expresión. (El total del subsidio llega a 34.000 millones de dólares)
Esa libertad está garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución y el rechazarla es otra muestra de la mentalidad autoritaria e intolerante de la izquierda "progresista" (regresista) que se ha entronizado en el partido demócrata. Pero según demuesttran las encuestas, mientras más se ahonda ese radicalismo, más suben los puntos en favor de Trump.
No comments:
Post a Comment