Es ya inocultable la existencia de facto de una conspiración anti Trump que se inició a los pocos minutos de su inesperada victoria en las elecciones presidenciales de noviembre del 2016 y que se ha ido expandiendo hasta la fecha.
Factor clave en este fenómeno han sido los medios de comunicación escritos y audiovisuales que, con pocas excepciones, se han alineado con la oposición de los demócratas "progresistas" y con la disidencia republicana, para ocultar logros del régimen o para distorsionarlos.
La economía, que se deprimió con los ocho años de Obama debido al exceso de restricciones al libre mercado y al libre flujo de las inversiones, se recuperó y de un magro crecimiento estancado en el 2% o menos, saltó al 3.7% anual en menos de dos años.
El desempleo cayó al punto que hubo más demanda para ocupar vacancias (7 millones de empleos no ocupados), pero la imagen de los analistas de izquierda y de los medios ya apuntan a señalar que adviene la recesión, cuando los indicadores objetivos apuntan a todo lo contrario, a una sostenida expansión de la economía.
Los Estados Unidos dejó de depender de la importación de petróleo en ese mismo breve lapso de dos años para convertirse en exportador, debido a la supresión de las restricciones de Obama a la explotación del crudo. La OPEP se resquebraja y va camino de desaparecer como desestabilizador mundial del mercado.
En el 2006 hubo una resolución bipartidista para erigir un muro en la frontera sur con México para impedir el ingreso ilegal de inmigrantes, con el respaldo de Obama, Clinton, Shummer, Pelosi y otros altos dirigentes demócratas. Mas el proyecto quedó sin adecuado financiamiento.
Esta vez Trump pidió al Congreso que asigne la suma precisa, unos 25.000 millones de dólares con una cuota inmediata de 5.000 millones. Los mismos demócratas que votaron si en el 2006 ahora votan no. Prefieren libre acceso a los migrantes y facilitación para que voten, pues votan demócrata.
Trump y quienes lo respaldan apoyan la construcción del muro y el control de la inmigración ilegal, porque así lo señala la ley. Obama, cuando concedió amnistía a los "dreamers" o soñadores (menores de 18 años que ingresaron ilegalmente con sus padres), violó la Constitución.
Los "progresistas" presionan porque esa amnistía sea permanente, apelando a lo emocional. Trump propuso a comienzos de este año que el número de dreamers se extienda a 1.800.000 y que se sometan a un trámite especial para que accedan a la ciudadanía, con sujeción a la ley y que, paralelamente, se asignen los fondos para el muro y se suprima el visado por lotería.
Los demócratas se niegan a cooperar. Y mienten. Dicen que la postura Trump es xenofóbica, racista, anti inmigrante (Melania, su mujer, es de Slovenia). Si la obstinación persiste, Trump está dispuesto a financiar el muro con fondos del presupuesto militar (por razones de seguridad nacional), creando un fondo especial mediante colecta pública o propiciando un cierre fiscal parcial del gobierno.
La supuesta "colusión" de Putin con Trump para llevarlo a la Casa Blanca en lugar de Hillary Clinton ha resultado ser una gran farsa a un costo de dos años y más de 25 millones de dólares. El encargado del sainete, Bob Moeller, no ha podido exhibir ni una sola prueba de la acusación y ha desviado sus esfuerzos de búsqueda de crímenes a otras área y a otros personajes.
Uno de los abogados de Trump, Michael Cohen, ha sido sentenciado a tres años de prisión, pese a que traicionó a su jefe. Pero su penalidad nada tiene que ver con Rusia sino con evasión de impuestos y perjurio. En igual situación están otros implicados. Moeller fracasó en su misión de hallar un crimen con el cual descalificar y destituir al Presidente.
El Obamacare fue un dictado inconstitucional del anterior presidente desde su inicio. Lo sabían todos, incluídos los demócratas. Pero el Congreso lo aprobó, incluso sin la lectura de su texto y sin un solo voto republicano. Fue repudiado por las cortes y subió a dictamen de la Suprema. Pero allí el Presidente, John Roberts, dio el voto decisivo para rechazar las objeciones y ratificar la validez de la ley.
El Obamacare impone la adquisición de un servicio, el de salud, so pena de un castigo tributario. Esa imposición es inconstitucional. Roberts mañosamente dijo que el mandato era un impuesto. Pero ese mandato fue anulado por el Congreso republicano el año pasado. Por ello, un juez federal de Texas acaba de dictaminar que sin el mandato, el Obamacare ha dejado de existir por inconstitucional.
Toca ahora al Congreso desempeñar su papel de legislar, que ha cedido en gran medida últimamente a la Corte Suprema. Antes de que el caso vuelva a esta Corte, deberá legislar para anular el Obamacare, clarificar la aceptación de los casos de seguros para enfermedades pre existentes y derribar barreras para establecer libre competencia entre las compañías aseguradoras y bajar costos.
La meta del Obamacare y de los progresistas era eliminar la libre competencia para centralizar en el Estado la provisión del cuidado de la salud lo cual no es la solución óptima. La óptima ha probado ser la que ha exisitido en el país. Lo único que se requiere es rectificar errores y vacíos para perfeccionarla, lo cual es un proceso permanente.
La economía de China flaquea. La razón está en las políticas de Trump encaminadas a clarificar y purificar las relaciones comerciales con los Estados Unidos, para reducir el déficit, para impedir el robo de patentes, para ajustar la conducta china a las regulaciones de la OMC. Los aranceles para la importación de vehículos norteamericanos bajó del 40% al 10%. Están en marcha otros similares ajustes a definirse en tres meses.
Son logros espectaculares, como los de paz con Norcorea, acallados por la prensa. Lo que acapara los títulos y los debates en la TV son los pagos de silencio a unas mujeres en el 2010 (cuando Trump no era ni candidato), en nada comparable con el escándalo de Monica Lewinsky con Bill Clinton en la Oficina Oval de la Casa Blanca. No importan esa distorsiones. La verdad y el sentido común terminarán por prevalecer. Como en el 2016.
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