ENEMIGOS DEL PUEBLO

Las relaciones entre los principales medios de comunicación de este país y el Presidente Donald Trump han sido pésimas desde el instante mismo en que el candidato republicano aseguró su victoria hacia la medianoche de las elecciones del seis de noviembre del 2016.

Hasta ese momento los periodistas, alineados casi sin excepción con Hillary Clinton, la candidata demócrata, si bien ya eran hostiles con Trump, más bien lo trataban burlonamente, calificándolo como un bufón sin ningún chance de disputarle la Presidencia a la favorita.

Diarios como The New York Times garantizaban a sus lectores que Hillary ganaría con el 86% de los votos y ésta, muy ufana, tenía todo listo para celebrar esa noche de la manera más espectacular la victoria sobre el "bufón". Pero los resultados fueron otros y Trump ganó sin objeciones.

El grado de frustración de los vencidos no tiene precedentes en los Estados Unidos. Los demócratas progresistas, al unísono con los periodistas de lo que luego Trump llamó "fake news" o noticias falsas, se dedicaron a bloquear la gestión del Presidente desde todos los ángulos, para desprestigiarlo y acaso lograr su destitución.

Trump reaccionó. No por la opinión crítica negativa que los medios pudieran tener de su gobierno, con o sin fundamento, sino por la obstrucción noticiosa entre su gestión y los ciudadanos. Los medios ignoran todo logro en materia económica y de política internacional y distorsionan las versiones desconcertando y mofándose del público.

Esa actitud indujo al Presidente a tildar a los gestores de las "fake news" como "enemigos del pueblo", adjetivo que rechazan los medios aludidos, que  invocan a su favor la protección de la Constitución a la libertad de expresión. En verdad la Constitución garantiza la transparencia de los actos de gobierno para que se los juzgue y censure si son fraudulentos.

Pero no garantiza que los medios de información con la misión de difundir los actos de gobierno manipulen, callen o distorsionen determinados hechos para destruir a quien legítimamente eligió el pueblo. Por cierto los medios y los periodistas tienen amplia libertad y espacio para criticar, pero manipular o mezclar opinión y noticia es estafar al ciudadano.

Es tan nociva una prensa que adopta esa actitud anti profesional como aquella que está subyugada al poder, e informa y opina solo lo que al gobernante autoritario de turno le conviene. Trump reclama que se recupere los valores inmutables del periodismo independiente con separación clara e inequívoca de lo que es informar y de lo que es opinar.

Trump hizo promesas de campaña que las está cumpliendo sucintamente. Pero en cada caso, los medios no informan con imparcialidad, callan o se adelantan a prejuzgar negativamente. Un ejemplo es el de la inmigración. El Presidente reclama que se produzca dentro de los cauces legales, no que se la suprima. Pero se lo retrata como anti inmigrante, pese a que su madre fue de Escocia y su mujer es de Eslovenia.

En los últimos días unas tres muchedumbres de centroamericanos (y otras partes) avanzan a la frontera sur del país para violarla rompiendo la ley. En una sola son siete mil o más individuos entre hombres, mujeres y niños que buscan mejores empleos que en sus países de origen. Trump impedirá su entrada, inclusive con refuerzos de 5.200 militares. No les asiste derecho alguno y así lo piensa la mayoría de norteamericanos, incluídos latinos que ingresaron sujetándose a las leyes.

También acaba de anunciar Trump que suspenderá la aceptación de la ciudadanía de toda criatura que nazca en suelo norteamericano de madres ilegales o que se hallen de paso como turistas, estudiantes o en negocios. Es un abuso de una ambigua enmienda constitucional (la XIV) aprobada al término de la Guerra Civil a mediados del siglo XIX, para proteger a los hijos de esclavos negros.

En aquel entonces y como una de las nefastas consecuencia del asesinato de Lincoln a manos de un demócrata, la abolición de la esclavitud quedó inconclusa y en algunos Estados no se reconocía a los negros como ciudadanos. Con la reforma, todo hijo de un ex-esclavo no ciudadano nacido en este país, automáticamente se convertía en ciudadano.

En los debates de entonces se aclaraba que ese derecho no se aplica a hijos de una madre que no fuera ciudadana. (En diario The Wall Street Journal publica un comentario esclarecedor sobre el tema que se lo transcribe al final) Más tarde, el derecho se extendió a los residentes legales. Pero con el paso del tiempo se distorsionó la enmienda y se la abusó al extremo de que es hora de aclararla acorde con sus orígenes, sea mediante la Corte Suprema de Justicia o el Congreso. Mientras tanto, cabe suspenderla. 

Los medios y demócratas progresistas han atacado a Trump por este anuncio acusándolo una vez más de racista, xenófobo, anti inmigrante. Pese a que la enmienda fue republicana para favorecer a los negros. Iguales épitetos se han lanzado contra él acusándolo de inspiador de la masacre a los judíos en Pittsburgh pese a que tiene una hija, un yerno y nietos judíos, reconoció a Jerusalén como capital de Israel y es acaso el Presidente más pro Israel que haya tenido este país.

By Matthew Spalding

President Trump accomplished something remarkable this week: He sent his harshest critics and closest allies running to the Constitution. In an interview about immigration, the president argued that the “ridiculous” policy of birthright citizenship has to end—and that he can do it through an executive order.

In response, Democrats and Republicans alike have raised the banner of the 14th Amendment: “All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the States wherein they reside.” They claim this means anyone born in the U.S. has a constitutional right to citizenship. But a closer look at the language and history shows this is not the Constitution’s mandate and should never have become national policy.

The crucial phrase is “subject to the jurisdiction thereof.” As originally understood when Congress proposed the amendment in 1866, that referred not merely to the obligation of following U.S. laws but also, and more important, to full political allegiance. According to Lyman Trumbull—who was chairman of the Senate Judiciary Committee and a co-author of the 14th Amendment—being “subject to the complete jurisdiction of the United States” meant “not owing allegiance to anybody else.”

That reading is supported by the 1866 Civil Rights Act, also written by Trumbull, which Congress passed over President Andrew Johnson’s veto before proposing the 14th Amendment. The Supreme Court endorsed this reading in the Slaughter-House Cases (1872) and Elk v. Wilkins (1884).

Even when the justices expanded the constitutional mandate U.S. v. Wong Kim Ark (1898), the decision cited as establishing birthright citizenship, they held only that the children of legal permanent residents were automatically citizens. The high court has never held that the clause confers automatic citizenship on the children of temporary visitors, much less of aliens in the country illegally.

Mr. Trump is correct, then, that doing away with birthright citizenship wouldn’t require a constitutional amendment. But what about statutes enacted by Congress? Section 5 of the 14th Amendment gives lawmakers the power “to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article.”

Congress has expanded the categories of people entitled to citizenship at birth. The relevant statute lists eight categories, for instance granting citizenship to babies born in unincorporated U.S. territories to at least one American parent. This applied to the late Sen. John McCain, who was born on a U.S. naval base in the Panama Canal Zone. Concerning the question at issue here, though, the law is clear but not explicatory, borrowing the 14th Amendment’s language: “a person born in the United States, and subject to the jurisdiction thereof.”

With this judicial and legislative lack of clarity, an executive order is perfectly proper, perhaps even necessary, to instruct executive-branch officials and agencies not to confer birthright citizenship except when Congress or the Supreme Court has mandated it. To say that an executive order is necessary and proper, though, does not mean it fully settles the matter. The issue of birthright citizenship should be part of a larger legislative package focused on strengthening the U.S., its security and its economy.

Few developed nations—and none of the countries of Europe, which many Americans want to emulate—practice the rule of jus soli, or “right of the soil.” More common is jus sanguinis, “right of blood,” by which a child’s citizenship determined by parental citizenship, not place of birth. 

After first securing the nation’s safety, America’s immigration policy should be an extension of America’s liberating first principles. That means it should be based on the consent of the governed and the rule of law, and a deliberate and self-confident policy of patriotic assimilation. Birthright citizenship does not meet this rubric. It ignores the principle of consent annunciated in the Declaration of Independence, undermines the rule of law established in the Constitution, and belittles the idea of citizenship and naturalization—the source of America’s uniquely successful immigration story. 

Congress can thank Mr. Trump for getting the country to look at the Constitution again. Then it can do its constitutional duty and legislate so America can get back to the noble task of making citizens.

Mr. Spalding is associate vice president and dean of educational programs for Hillsdale College’s Allan P. Kirby Jr. Center for Constitutional Studies and Citizenship.

LA INVASIÓN DE LAS HORDAS

Más de 7.000 individuos, algunos dicen que son 14.000, avanzan desde Centro América por México hacia los Estados Unidos con intenciones de instalarse aquí contra toda ley, en un acto de agresión que erróneamente creen que no hallará respuesta de Trump, inclusive militar.

Las imágenes divulgadas por la TV evidencian que son hordas invasoras con con seguridad financiadas por carteles y traficantes humanos, que han aprovechado el momento político crítico de las elecciones del próximo 6 de noviembre en las cuales se renovarán legisladores y gobernadores estatales, en prueba de respaldo o rechazo a Trump. 

Aparentemente los opositores demócrata progresistas, con sus portavoces y aliados de la mayoría de la prensa audiovisual y escrita, ven debilitarse sus aspiraciones de recuperar la mayoría en las dos cámaras del Congreso federal con la cual quisieran anular al Presidente e inclusive llevarlo a interpelación para destituirlo.

La campaña para impedir el nombramiento del juez Brett Kavanaugh para la Corte Suprema de Justicia, con la que el partido republicano logró una mayoría en el organismo, le fue adversa a los demócratas debido al uso que hicieron de todo medio inapropiado y violento para desprestigiar al candidato, lo que a la postre fracasó.

En contraste, Donald Trump ha seguido acumulando victorias en su gestión que aún no cumple dos años. La economía crece al 4.2% frente al 2% de los 8 años de gobierno de Obama y los niveles de empleo han roto récords para todas las etnias y géneros, como resultado de la abolición de las regulaciones antiempresariales del régimen precedente.

En política exterior, el estilo Trump se ha impuesto para lograr la revisión de tratados y acuerdos comerciales que perjudicaban a los Estados Unidos en sus relaciones con Europa, China, Canadá, México y otros países. Corea del Norte ya no es un  peligro de guerra y está pendiente el acuerdo de desnuclearizar a la península coreana. Con Putin habrá una nueva reunión para establecer acuerdos de beneficio mutuo.

Los demócratas no han ofrecido a los votantes otra alternativa que el odio a Trump y a sus reformas pro USA. Se han alineado con las ofertas utópicas de la exrtrema marxista de ofrecer educación gratuita a todo nivel, así como la gratuidad de atención médica, albergue y subsidios, pero esas tesis han sido pulverizadas con el análisis de que aplicarlas elevaría la deuda a cifras siderales y a la quiebra nacional consiguiente.

Acaso como último recurso se han ingeniado el tema de las invasiones de los centroamericanos, a las que apoyan "por sentido humanitario". Obama y sus acólitos, cuando eran gobierno, las condenaba por violatorias de la ley, pero ahora las ensalzan porque podrían incomodar a Trump. Sin embargo, éste se mantiene impertérrito respaldado no solo por su partido sino por algunos demócratas, independientes e hispanos venidos aquí por vía legal.

¿Qué derecho asiste a las hordas para invadir a los Estados Unidos y exigir que se les acepte "por compasión"? En las imágenes de TV se ve a mucha gente joven que debería estar en sus países de origen luchando contra la corrupción, de la que huyen, para bregar por liderazgos idóneos que ofrezcan mejores condiciones de vida a los ciudadanos. 

La solución no es la protección del "imperio", país que ha prosperado precisamente porque su sistema se basó en la libertad y el respeto a la ley, algo que constituye una excepción en América Latina. Los millones de dólares que Estados Unidos ha obsequiado a los países de la región para "estabilizar" y "democratizar" sus regímenes no han servido para nada.

Trump ha amenazado con cortar esa ayuda a Honduras, Guatemala, El Salvador y otros países que no impiden la marcha de las horda/caravanas hacia los Estados Unidos y que más bien las estimulan. No debería detenerse en la amenza: esa ayuda debería ser cortada ya, de plano, porque lo más probable es que esos dineros sirvan más bien para sostener a los gobiernos corruptos que se quiere evitar. 

Para agravar el problema de los invasores, han brotado simultáneamente varios extraños y sospechosos atentados de bombas en casas de altos dirigentes demócratas/progresistas, un donante y en el edificio de CNN. Ninguna de las bombas estalló y todas al parecer fueron diseñadas por el mismo autor o autores. Todo "huele", pues, a auto atentados demócratas.

Hillary Clinton invitó días atrás a sus partidarios a olvidar la civilidad hasta reconquistar el poder el 6 de noviembre e igual antes había hecho similar pedido la congresista Maxine Waters. El ex Fiscal General de Obama, Eric Holder, exhortó a los demócratas a golpear a los republicanos, no a evitar la violencia como antes había sugerido Michelle Obama.

La violencia promovida por los dirigentes demócratas ha repercutido en los partidarios que han insultado a republicanos de prestigio como Mitch McConnell insultado y vejado a las puertas de su domicilio y en un restaurante. Igual ha ocurrido con el senador Ted Cruz y su esposa, Sarah Huckabee Sanders, portavoz de la Casa Blanca y otros.

Los republicanos nunca han respondido de parecida forma, no existen antecedentes de que utilizaran bombas ni atentados terroristas en ninguna campaña electoral anterior. Lo ocurrido entre ayer y hoy tiene todos los visos de un autoatentado para hacer aparecer lo que los republicanos no son y si son los demócratas: violentos, ante la falta de argumentos.

DEL DERECHO DE LOS ESCLAVOS

Históricamente los esclavos eran resultado de las guerras. Quienes vencían sometían sin excepción a los vencidos a la esclavitud permanente o en ciertos casos como en la Grecia y Roma antiguas, dejaban abierta la opción a una libertad condicional o definitiva.

La misma palabra esclavo se deriva de eslavo, gente sometida a la esclavitud en la temprana Edad Media y cuyo vocablo se difundió luego por la Europa moderna. Pero en época más reciente, la esclavitud se asocia más con la raza negra proveniente de África y traída en galeones a las colonias americanas.

Pero esos esclavos no fueron "cazados" por los mercaderes blancos, como se supone y embarcados a América. Los proveedores de esa mercancía eran los propios negros convertidos en empresarios que traficaban con bienes traídos del otro lado del Atlántico o dinero, a cambio de dichos esclavos.

África era un continente plagado de guerras entre tribus que generaban de modo permanente un excedente de esclavos que hacia los siglos XV, XVI y sucesivos los negociaban a otros países de Noráfrica y a Europa y, más tarde, a las Américas.

Las constantes guerras tribales africanas anulaban toda posible resistencia al tráfico de esclavos. Esa debilidad se mantenía en los lugares de destino mediante férreas regulaciones que dividían a las familias, les impedían todo acceso a la educación, la información y la movilización. Todo intento de rebeldía se cortaba brutalmente de raíz.

En todo caso, los hacendados en los Estados Unidos, Brasil u otras naciones de América no necesitaron de una guerra de conquista para derrotar y esclavizar al enemigo. Los esclavos les fueron provistos por mercaderes sin que mediaran batallas de su parte: los adquirieron inicialmente de los empresarios negros que vencieron y esclavizaron a seres de su misma raza.

La Historia puede y debe ser estudiada, pero es pueril pretender rectificarla moldeándola con los patrones morales y éticos actuales. Los negros fueron víctimas de la esclavitud por su propia división y debilidad en el África, que les impidió resistirse. Los blancos, como los árabes y los de otras etnias en todas las épocas, se aprovecharon de esa debilidad para medrar.

Durante el comercio de esclavos que se prolongó hasta el siglo XIX, hubo un beneficio triangular para los negros que vendían negros, para los que los comerciaban, para los que los compraban. En América del Norte y el Caribe, los negros sustituyeron a los nativos que morían por millones con las viruelas y fueron útiles en las plantaciones de algodón, azúcar y tabaco.

La esclavitud estaba prohibida por la Constitución de los Estados Unidos no obstante lo cual fue necesaria una Guerra Civil y más de 600.000 muertos para abolirla a mediados del siglo XIX. La Guerra fue ganada por los blancos al mando de un Presidente blanco, Abraham Lincoln. Se evitó la secesión y la perpetuación de un esclavismo defendido por los demócratas.

La completa recuperación de los derechos ciudadanos de los negros se frustró tras el asesinato de Lincoln por un demócrata. La segregación se prolongó por una centuria adicional, durante la cual los negros fueron víctimas de linchamientos y humillaciones perpetuas con leyes y regulaciones (Jim Crow) y por grupos terroristas como el Klu Klux Klan, formado por demócratas.

Paradógicamente, cuando hacia 1960 se dictaron medidas para terminar con la segregación, la mayoría de negros prefirió alinearse con el partido demócrata y exigir, amparados en ese partido, protecciones más allá de lo previsto por la Constitución, como si fueren minusválidos o ciudadanos de segunda clase (subsidios, dádivas, reparaciones).

Quienes prefirieron la secesión y la Guerra, consideraban a los esclavos seres inferiores, no aptos para la libertad. Los demócratas de hoy tienen en su ADN todavía ese sentimiento y al pareceer proyectan la plantación en sus políticas protectivas hacia los negros, considerándolos incapaces de competir en igualdad de condiciones con los demás.

Por fortuna, cada vez son más los negros que se percatan de la realidad de la Historia y creen que el futuro está en sus propias manos, no en las falsas promesas protectivas del Estado para surgir por sus propios méritos, como lo han hecho brillantemente tantos de su etnia en los campos del arte, la ciencia, el deporte y el entretenimiento.

Restan muchos, por desgracia, que aún adoptan una actitud revanchista que quiere demoler monumentos, rehacer la historia,  demandar "reparaciones" por centurias de esclavismo. ¿A quién o a quiénes dirigir esos reclamos? ¿A los negros vendedores de esclavos negros? ¿A los negros que no supieron rebelarse allá ni acá? ¿A los demócratas que asesinaron a Lincoln y frenaron la Restauración?

Al contrario, deberían ser gratos de vivir en esta nación cuya Constitución fruto es de los principios judeo cristianos que presuponen que todos los hombres han sido creados iguales y que en igualdad de condiciones, tienen todos el derecho a la vida, la libertad y la prosperidad. Es este concepto lo que hace de los Estados Unidos una nación excepcional.

LA PONZOÑA QUEDÓ ATRÁS

Brett Kavanaugh acaba de ser ratificado por el Senado del Congreso Federal de los Estados Unidos como noveno juez de la Corte Suprema de Justicia, cerrando el paso a la más insidiosa y obstructiva campaña de oposición del partido demócrata progresista de que se tenga memoria. 

El nominado por el Presidente republicano Donald Trump ostentaba las más altas calificaciones académicas y fue elogiado por juristas y organizaciones de todos los matices políticos. Fue sometido a intenso interrogatorio por el Comité Jurídico del Senado por más de 30 horas y tras aprobarlo, surgió la acusación contra él por un supuesto abuso sexual.

La maniobra adolecía de fraudes múltiples. La denuncia fue enviada por carta a la senadora demócrata Dianne Feinstein en julio, pero ésta no la hizo pública ni en las audiencias ni en el diálogo privado con el nominado. Peor aún, la carta fue filtrada a un diario, pese a su carácter de confidencial y de ahí surgió un escándalo explotado por los medios.

La acusación de la profesora Christine Blasey Ford no ofreció pruebas. Dijo que el incidente se produjo cuando ella tenía 15 años de edad y Kavanaugh 17, pero los supuestos testigos que citó negaron haberlo presenciado. Solo recuerda con precisión que había bebido solo una cerveza, pero no cuándo se produjo el intento de violación, ni en dónde, como llegó al sitio ni como salió de él.

Los senadores demócratas del Comité y los medios anti Trump esgrimieron toda suerte de agravios contra el nominado, pero él logró probar que durante las supuestas fechas del incidente se encontraba, en el verano de 1982, muy lejos del lugar y en compañía de sus compañeros de colegio o familiares. De todos modos, la oposición pidió una investigación adicional (la séptima) del FBI.

El presidente del Comité accedió al pedido de que se lo haga en una semana, al cabo de lo cual el informe ratificó que no había pruebas de la acusación de la profesora contra el juez. El Presidente del Senado, Mitch McConnell, anunció entonces que la táctica dilatoria de los demócratas había concluído y que era hora de concluir los debates y llamar a la votación final. Ello ocurrió esta tarde.

La votación fue 50-48. Los demócratas pretendían posponer la votación para obligar a Trump a retirar la nominación de Kavanaugh y suspender el anuncio de un nuevo nombre hasta luego de las elecciones de noviembre de medio tiempo. Soñaban y sueñan con ganar esos comicios y recuperar la mayoría en las dos cámaras del Congresos para destruir a Trump.

Porque ése es el fondo de las maquinaciones y turbulencias tejidas en torno a la nominación del juez. Con Trump se les ha escapado el control de la Corte, a través de la cual legislaban para cambiar la cultura de este país en asuntos como la defensa de la vida  que garantiza la Constitución (no al aborto), el matrimonio heterosexual, medicina y educación de acceso libre y, en general, respeto a la división de poderes.

Con el nombramiento de Kavanaugh, la Corte Suprema de Justicia por primera vez en una cincuentena de años tendrá mayoría de jueces no partidistas, que juzguen según los principios originales de la Constitución y que no legislen guiados por distorsiones ideológicas. Fue penoso observar que entre quienes protestaban dentro y fuera del Congreso la mayoría era de mujeres pro aborto, defensoras del derecho a matar con impunidad el fruto de sus vientres.  

La ponzoña demoprogresista acaso quede atrás en lo atinente a la nominación del noveno juez, pero esa ponzoña anti Trump continuará en el partido demo y en el eco que halla en la mayoría de medios de prensa. Pero Trump sigue demostrando una fortaleza increíble por lo cual su popularidad ha saltado al 51%, pese al total bloqueo informativo y de opinión de dichos medios.

Y seguirá ganando batallas. Pronto se harán públicos los documentos de Inteligencia del FBI y la CIA que demostrarán la conspiración de Obama y los demócratas para destruir a Trump y vendrán juicios contra los culpables y, quién sabe, comenzarán las condenas públicas a altos funcionarios de esas Agencias y a sus cómplices, a Hillary Clinton y acaso a otros civiles y militares.

Pero lo ocurrido hoy en el Senado es ya una espectacular victoria para la democracia en este país, para su líder Trump y para los senadores que no cejaron ante los embates venenosos de la oposición. A la cabeza figuran el presidente del Comité Judicial, Chuck Grassley y el Presidente del Senado, Mitch McConnell.