Argentina acaba de sumarse a un grupo de ahora nueve países de la América Latina que condena a Arizona porque su congreso estatal y su gobernadora han aprobado una ley para hacer cumplir la ley federal que regula la inmigración a los Estados Unidos.
La ley estatal de Arizona, que entrará en vigor el 29 de este mes, en realidad no debería haberse promulgado si el gobierno federal, asentado en la Casa Blanca, no hubiese cumplido con su deber constititucional: el de cumplir y hacer cumplir las leyes.
No ha desempeñado este papel en lo atinente a inmigración y no solo en Arizona sino en todos los 50 estados (no 75 como dijo Obama en su campaña electoral) de la Unión. La ley al respecto es simple y similar a lo sustantivo a las que rigen en otras naciones: que para ingresar al país el ciudadano extranjero tiene que sujetarse a registros y regulaciones específicas.
Ante la lenidad de Washington, en Arizona, alarmado el pueblo por la ola incontenible de invasores indocumentados de México, otros países de la región y del mundo, forzaron a las autoridades a que adopten sus propias medidas para impedirlo. Porque la ola acarrea violencia, tráfico ilícito de drogas, raptos, secuestros y crímenes de todo tipo, más corrupción.
Los nueve países latinoamericanos (la Venezuela de Chávez y su clon Correa, de Ecuador, entre ellos), alentados por el propio presidente de los Estados Unidos denuncian a la ley de Arizona como atentatoria de los derechos humanos y piden intervención internacional para evitar su vigencia en pocos días. Obama se adelantó a ellos al plantear un juicio a las autoridades estatales por iguales motivos.
La ley cuestionada no es racista, como alegan Obama y sus 9 coidearios del sur. Simplemente pide que se exija a los ciudadanos sorprendidos en cualquier infracción, mayor o menor, los documentos de identidad que de modo rutinario se pide igual en bancos, bibliotecas, tiendas. No importa la etnia o el color de la piel del individuo. En situaciones normales la ley federal faculta a la policía a requerir la identidad de cualquier ciudadano en cualquier circunstancia.
Esta vez, por la algazara de los demócratas e izquierdosos de dentro y fuera del país (destacándose los medios de comunicación), le ley de AZ expresamente prohibe a la policía el pedido de documentos si no existe una previa infracción y, por cierto, alerta pra evitar todo proceder de tinte racista contra latinos, árabes, negros, rojos o azules.
La ley de Arizona tiene el respaldo del 64% de los latinos de ese Estado y del 74% del resto de la población del país. Es un respaldo tan sigfnificativo como la oposición que existía contra la ley de la salud, que a la postre se aprobó sin el respaldo de un solo voto republicano, algo sin precedentes en la historia legislativa de esta nación.
A Obama, como a sus cuates del exterior, le importa un comino la opinión de la mayoría del pueblo, como lo está demostrando en los casos citados, en el de la reforma bancaria y en muchos de política exterior en los cuales ha dejado de lado las tradiciones, las regulaciones y leyes que han hecho de este país la potencia que ha sido hasta hoy.
La intención de Obama en inmigración es atraer los votos latinos para las elecciones de noviembre próximo, en que se renuevan puestos en las dos cámaras de los Congresos federal y estatales, algunso gobernadores y otras dignidades de elección popular. Y para los comicios del 2012 cuando pretenderá ser reelegido para otros cuatro años.
Pero quizás esté errado en su estrategia con los latinos. En primer lugar, los ilegales o indocumentados no votan, salvo que tengan documentos fraudulentos. En segundo lugar, los latinos que acataron las leyes y ahora son ciudadanos naturalizados, lo último que quieren es que se premie a la ilegalidad de otros que aspiran a su mismo estatus por vías inmorales e ilícitas.
Los inmigrantes de hoy y de siempre llegaron a este país porque lo consideraban y consideran preferible a los países de donde emigraron. Básicamente, porque esta es una nación sustentada desde su fundación en el respeto a las leyes. A ello obedece, por sobre todo otro análisis, su grandeza de hoy.
Los países latinoamericanos han estancado su desarrollo por las razones opuestas: irrespeto a la ley en todos los estratos. Desde la Colonia, la ley no ha sido acatada o ha sido manipulada en contubernio entre los políticos en el poder y los hombres de fortuna. La noción de la separación democrática de los poderes es nominal y el de la justicia, casi inexistente.
Por ello emigran, sobre todo a los Estados Unidos. Sostener que la ley de Arizona es anti inmgratoria, como lo proclaman Obama y los 9 monigotes del sur, es absurdo.
Con seguridad no existe otro país en el orbe que haya acogido con tanta hospitalidad a inmigrantes de todo género, lengua y credo como los Estados Unidos. Que se repudie aquí a los inmigrantes, como se repudia y con ferocidad en México o el Ecuador, es una falacia. Es probable y acaso sin probable, que en USA hay inmigrantes legales de todos los casi 200 países miembros de las Naciones Unidas.
Los que han inmigrado ven con pavor cómo este gobierno está en el plan de romper las estructuras y tradiciones democráticas en USA, con peligro de degenerar su sistema en algo parecido a las informes democracias que existen en los países de los que emigraron sean de Europa, América Latina u otras zonas.
En lo económico, el desempleo y la recesión siguen rampantes en USA y ello explica la fragilidad e incertidumbre en la economía mundial. Desde que se posesionó hace un año y siete meses, Obama ha dilapidado cerca de mil millones de dólares sin crear empleo y ha bloqueado a la empresa privada, único motor de la economía.
La economía se vino al suelo tras la presión de los gobiernos demócratas para que la banca otorgue hipotecas a quienes no podían pagarlas. Para la insolvencia, creó dos instituciones con dinero fiscal, Fanny May y Freddy Mac para los subsidios. Este manejo artificial quebró al sistema. Con la nueva ley habrá más regulaciones y más intervención estatal. Pero no estarán incluidas las dos instituciones estatales causantes del desastre...
En salud comienza el descalabro. Los nuevos asegurados, los que no lo son porque no quieren o no pueden, estarán forzados a hacerlo y para ello Obama acaba de anunciar lo que no quería hacerlo: el costo será impuesto para los nuevos asegurados y las primas subirán para los ricos. El servicio empeorará porque habrá menos médicos, racionamiento y extinción de las aseguradoras privadas, que hasta ahora son 1.500 que compiten entre si. Se instituirá la saludad estatal y los médicos serán burócratas. La medicina mejor del mundo, que es la norteamericana, dejará de serlo con el Obamacare en acción.
En lo externo, si el plan Obama continúa, Estados Unidos perderá respeto en lo económico, cultural y militar. Tal como lo quieren los 9 del sur y como no lo quieren los millones de inmigrantes que han venido a este país en búsqueda de un ambiente propicio al mejoramiento de las condiciones de vida originado en al esfuerzo propio, no del Estado y en el respeto a las libertades de opinión, crédito, circulación y de ahorro e inversión.
La gente que apoya lo resuelto por el pueblo de Arizona y que rechaza a Obama por su intromisión, no es blanca, negra, mulata ni de un credo o partido político en particular. Es el norteamericano común, fruto de casi 300 años de inmigración constante que ha permitido forjar una cultura sin paralelo en la historia, sobre la base de la ley, no de líderes mesiánicos.
La condena de los 9 del sur debería ser, en realidad, una autocondena a si mismos y a un sistema que representa con los Perones, Chávez, Velasco Ibarras y Castros de siempre como telón histórico de fondo. Un mea culpa colectivo que pida excusas a los forzados emigrantes, que fugaron porque esos sistemas cierran las oportunidades para que sus habitantes crezcan y logren la felicidad en un ambiente de respeto, tolerancia y libertad, lo cual es imposible sin una estructura legal clara que todos acaten.
La inexistencia de esas condiciones es lo que impulsa a sus ciudadanos al exilio, a enfrentar el desafío de nuevas culturas, costumbres e idiomas. La crueldad no está en pedir que lo hagan con sujeción a la ley. La crueldad está en los sistemas políticos abominables que representa este grupo de los nueve, tan coincidente con Obama.
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