CORREA DEBERIA IR A LA CARCEL

El presidente Rafael Correa, técnica pero hipotéticamente debería estar en la cárcel, si se siguiera su rudimentaria forma de interpretar la ley como lo hizo para el caso de la destitución de 57 de los 100 diputados del Congreso Nacional. Basta leer el Art. 130 del Código Penal vigente.
Correa impuso el degüello de los congresistas, vía Tribunal Supremo Electoral y determinó que las fuerzas policiales, al mando del ministro de Gobierno, cerquen el edificio del Congreso para impedir el ingreso de los destituidos. Al mismo tiempo dispuso que garroteros a sueldo los hostiguen en las calles adyacentes.
En tono sarcástico y bufonesco, respondió a los medios de comunicación que le censuraron esta conducta, acusándolos de mafiosos e inmorales y señalando que él no tiene participación alguna en el conflicto político entre el Congreso y el TSE, y ahora el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Arguye que lo que hizo el TSE es legal, pues este organismo tiene atribuciones para sancionar en esa y otra forma a quienes obstruyan un proceso electoral en marcha. El proceso en marcha, según él, es la convocatoria a consulta popular para decidir si procede o no una asamblea constituyente.
Ese es un forzamiento inaceptable de la ley. Primero, porque el TSE no puede irse contra el organismo del cual emana su poder ni puede anular la designación de sus integrantes elegidos por voto popular. Y segundo, porque la convocatoria a consulta aún no está en marcha, precisamente porque el Congreso ha objetado al estatuto que la regularía.
El Congreso se inclina y con razón, por un estatuto que prohíba la terminación de los períodos de funcionarios electos por votación popular. El estatuto original de Correa pide poderes absolutos para la asamblea. La enmienda del Congreso no fue aceptada por el TSE por órdenes del gobierno. El estatuto original fue ratificado por el tribunal sin autoridad para ello y se dio paso a la consulta.
En tal situación, es temerario que Correa pretenda convencer que es neutral en la pelea. No solo no es neutral, sino que es el primer protagonista y conductor de los antagonismos. Y lo sigue siendo a través de su ministro de Gobierno, quien “llama a la concordia y la paz” para este martes, día anunciado para que el Congreso trate de reunirse para afrontar la situación.
Su llamado era inicialmente confuso. ¿Cuál Congreso? ¿El único lícito, esto es, el integrado por los 100 congresistas elegidos por voto popular o los 100 menos los 57 vapuleados más los 57 alternos bendecidos por Correa? El mismo Correa, en su verborrea de los sábados, se encargó de dilucidar la incógnita: quiere el Congreso con los suplentes. Y aconseja a los destituidos que se marchen a casa muy modositos y pidiendo perdón.
En otras palabras, Correa continúa en su ruta hacia la dictadura sin aparentes tropiezos. Ha disuelto o disgregado al Congreso Nacional, ha impedido que se reúnan los sobrevivientes, ha exhortado a las turbas a que salgan a las calles a respaldarlo, ha permitido el vejamen físico a los opositores y amenaza en todos los tonos a quienes osen discrepar con él.
Quienes intenten romper la Constitución, rebelarse por la fuerza contra el gobierno o “impedir la reunión del Congreso Nacional o disolverlo”, así como “provocar la guerra civil”, serán reprimidos con reclusión mayor de 4 a 8 años de prisión. Lo dice el Código Penal. El Presidente Correa y su ministro Larrea serían reos de tales infracciones. Pero, claro, Correa es presidente y no hay Congreso.
¿Para qué quiere Correa un Congreso con los 57 diputados sumisos? ¿Para continuar la farsa de que se acepten sus argumentos de que está rompiendo las leyes y la Constitución, dentro de la ley y la Constitución?
Correa dice contar con el respaldo global de “su pueblo” y las encuestas así lo confirman. Entonces porqué no quemar etapas y proclamarse Chávez II sin más dilaciones y con menos piruetas verbales que no convencen sino a quienes ya están convencidos de que él será el salvador del Ecuador del siglo XXI.
Al parecer no tiene dudas de que ya es dictador. Los medios de comunicación más serios y creíbles del país repudian su conducta, pero él insiste en lanzarles insultos y acusaciones sin fundamento. Sigue adelante en su decisión. Gobierna si no con decretos leyes directos como su modelo venezolano, con los decretos leyes de emergencia, que a la postre significan lo mismo.
Dichas leyes son optativas del Ejecutivo en caso de verdadera emergencia y le facultan, entre otras prerrogativas, a asignar recursos fiscales sin licitaciones ni requisitos de salvaguardia del buen uso de los fondos. La idea es que, pasada la emergencia, el Congreso y la Contraloría fiscalicen el gasto y sancionen cualquier irregularidad. ¿Pero qué validez puede tener ese precepto si no hay ni va a haber Congreso?
Mientras tanto, Correa sigue en su campaña de polarización de la sociedad ecuatoriana fomentando una pugna, más aún, un odio contra el rico. En su pose de Robin Hood proclama que la democracia capitalista es mala porque crea ricos y ofrece quitar a los ricos sus riquezas para darlas a los pobres.
Acaba de anunciar en su verborrea sabatina que “pondrá en vereda” a la banca privada, porque a su juicio “están ganando demasiada plata”. Implantará un tope a esas ganancias “ilícitas” o “inmorales” y los excedentes, por cierto, no irán a los “pobres” sino a las arcas fiscales. Luego se percatará que los precios de los alimentos y demás bienes y servicios son muy altos para los pobres y los frenará con topes.
La historia es trillada y repetitiva. Cuando los gobiernos, en cualquiera de sus matices de intervencionismo entran a regular los mercados, se genera un inmediato desequilibrio entre la oferta y la demanda. Ha ocurrido en el Ecuador con la banca y el mercado en general, está ocurriendo hoy en Venezuela. Ante la escasez, aflorará el mercado negro y los topes de precios serán un mito.
El “rumor” de un nuevo feriado bancario dejará algún día de ser tal. La oferta de productos se reducirá, habrá escasez, los precios comenzarán a escalar en estampida, la emigración de gente y capitales crecerá y el desempleo afectará como siempre principalmente a los pobres que Robin Hood prometió rescatar.
Ahora Correa también las emprende contra la petrolera Oxy. Pero no dentro del juicio que está en marcha, por los reclamos de la petrolera contra la confiscación del presidente Palacios. Sino porque la Oxy supuestamente está difundiendo “informaciones falsas” en los Estados Unidos sobre el juicio. Si tal juicio llega a los tribunales norteamericanos o internacionales, los jueces no podrán contener risillas de estupor ante tanta candidez, antes de rechazar la demanda.
De otro lado, Correa arremete sin pausa contra los Estados Unidos y contra el presidente George W Bush y sus políticas. Criticó a Chávez por haber calificado a Bush de “diablo” en las Naciones Unidas, aduciendo que ello es insultar al diablo, pues éste “al menos es inteligente”.
Sin embargo, tiene el cinismo y desfachatez de enviar una misión a USA para lograr la extensión de las preferencias arancelarias para la exportación de los productos ecuatorianos a ese país, que es el principal consumidor. Pero las instrucciones no son negociar o pedir extensión, que vence en junio, sino de “exigir”.
Las preferencias no son una limosna, ha dicho Correa, sino la compensación mínima por el “gran esfuerzo” del Ecuador en la lucha contra el narcotráfico. Y añade una barbaridad: en el Ecuador mueren más ciudadanos por accidentes de tránsito que por efecto de las drogas, por lo cual “la lucha contra las drogas no es aquí lo más importante”.
Insinúa que la lucha mundial contra la producción, tráfico y consumo de drogas es algo que interesa exclusivamente a los Estados Unidos y que en este país, según su información, hay más muertes por drogadicción que por accidentes de tránsito. Más aún, como para fundamentar la “gran lucha” contra el narcotráfico, reitera que la base militar de Manta para el control de narcotraficantes, a cargo de USA, será cerrada en el 2008.
El Diario El Comercio publica hoy un “perfil psicológico” del Presidente Correa. Es interesante, pero tras llegar a la conclusión de que el temperamental jefe de Estado es temperamental, no ilumina ni guía para comprender las posibles causas de su personalidad, caracterizada sobre todo por su resentimiento social.
En ninguna crónica periodística se han mencionado datos de sus antecedentes familiares. Ni cuando fue ministro de Palacio, ni en las campañas de la primera y segunda vueltas electorales. Especialmente se silencia datos sobre su padre. ¿Quién es o fue, pues se ignora si vive o no? ¿Talvez abandonó el hogar, formó otro? ¿Por qué emigraron su madre y hermanas a los Estados Unidos, cuándo y en qué circunstancias?
Es probable que su hostilidad a los que tienen más dinero que él se explique de alguna manera por sus orígenes familiares. Esa hostilidad a la Robin Hood podría también explicar su apego a Chávez, su admiración por Fidel Castro y su odio visceral contra los Estados Unidos, país en el que estudió por 4 años y al cual evidentemente no entendió.
En suma, si el Congreso que ha de reunirse el martes próximo en Quito lo hace sin los 57 diputados arbitrariamente cancelados por Correa vía tribunal subalterno, la dictadura tendrá luz verde en el Ecuador. Peor si claudican los políticos de oposición y los medios de comunicación independientes. Sería como si los ecuatorianos resolviesen por propia iniciativa ir en masa al abismo hacia un suicidio colectivo conforme a la leyenda de los lemmings o conejitos de Noruega.
Un acápite final: ¿qué “jurista notable” tendrá la poca vergüenza de aceptar integrar la comisión para redactar una nueva constitución que decapite a la vigente?