Faltan pocas horas para que los ciudadanos vuelvan a las urnas en este país el póximo martes, de forma voluntaria, para determinar si se rectifica o no el rumbo estatista que le ha imprimido a la nación el gobernante demócrata Barack Hussein Obama.
Por cierto, no se lo va a reemplazar. Ello ocurrirá el 2016. Pero en esta ocasión los republicanos podrían reasumir el control del Senado y confirmar la mayoría en la Cámara de Representantes, con lo cual habría chance de mejorar la imagen negativa que ha adquirida el Congreso con este régimen.
Los analistas partidarios de Obama, frente al derrumbe del líder en las encuestas, han pretendido consolarse y consolar a sus coidearios diciendo que la popularidad del Congreso “es todavía peor”. Si lo es, ha sido gracias a la hostilidad de Obama que ha preferido gobernar en base a “decretos ejecutivos”, en lugar de negociar con los legisladores.
El líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, un mormón del estado de Nevada, ha obstruído sistemáticamente un total de 356 proyectos de ley venidos de la Cámara de Representantes, de los cuales el 98% se aprobó con el voto de demócratas y republicanos, 200 por unanimidad y el 75% con apoyo de los demócratas.
Cuando los votantes acudan el martes a expresar su voluntad de sufragio en las máquinas electrónicas (algunas abiertas con tres y cuatro semanas de anticipación para votos adelantados y en las cuales se han comprobado fraudes), deberían reflexionar acerca del significado de su acción. Porque frecuentemente hay confusión de principios.
En muchas partes se considera que el acto del sufragio es una concesión graciosa del gobernante. Especialmente cuando los gobernantes asumen funciones que van más allá de las que están específicamente señaladas en las leyes, y en la ley mayor, la Constitución. Ello ha ocurrido con mucha frecuencia en naciones de democracias débiles, pero se está registrando también en los Estados Unidos.
La fuente del poder está en el pueblo, no emana del Ejecutivo. Cuando los Estados Unidos se fundaron en el siglo XVIII, las 13 Colonias decidieron aglutinarse, establecer su doctrina en la Declaración de Independencia y regularla en el cuerpo escueto de una Constitución de siete artículos originales, a los que se sumaron con el tiempo 27 enmiendas.
Para el funcionamiento armónico de la sociedad, se determinó que haya una delegación temporal del poder popular en tres ramas de gobierno que se equilibren entre si, para impedir los excesos tiránicos de un poder único sin control. Una legislatura para crear leyes, otra para ejecutarlas y otra para juzgar y sancionar a quienes las contravengan.
La interacción e interrelación entre el Congreso y la Legislatura, según la Constitución, es muy estrecha. En lo económico, es únicamente la Cámara de Representantes la encargada de proponer proyectos de ley para la creación, reducción o aumento de impuestos, que tienen que ser revisados y aprobados, negados o enmendados por el Senado. Luego el Presidente puede ejecutarlos o vetarlos.
¿Cuántos proyectos de carácter económico permanecen archivados por el senador Reid en su escritorio? También el Presidente puede ser coautor de leyes de cualquier tipo, cuando propone proyectos al Congreso. Lo que no puede es negarse a aplicar una ley aprobada por el Congreso y por él, o modificarla, o aplicarla parcialmente, o diferirla.
Es lo que Obama ha hecho con su Obamacare. El líder de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, ha planteado una demanda contra el Ejecutivo por esta infracción inconstitucional ante las cortes ordinarias, pero el proceso llevará años hasta conocerla y ejecutarla. Obama dice que decretará la amnistía para los ilegales, lo cual es privativo del Congreso.
El Ejecutivo está autorizado a nombrar a sus ministros, pero previa la autorización del Senado. Para eludir esa regulación, Obama ha optado por nombrar a una veintena de “zares” (el último es el “zar” del Ebola), que tienen la calidad, funciones y sueldos de ministros, mas no sus responsabilidades.
Obama, de otro lado, sigue empeñado en seguir edificando el “estado de bienestar”, que ni se especifica ni insinua en parte alguna de la Constitución. No es misión del gobierno redistribuir la riqueza, ni fijar sueldos mínimos ni máximos, ni inmiscuirse en la educación. Su misión es cumplir y hacer las leyes y velar por la seguridad interna y externa de la nación.
Desde Bismarck al nacer la Alemania industrial, pasando luego por Marx, Lenin y Stalin, más tarde con Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt hasta más recientemente Lyndon B. Johnson y demás presidentes demócratas, sin descontar la Europa de posguerra, el concepto del “estado de bienestar” está quebrando las economías.
Cuando los líderes del Ejecutivo, con arrogancia aún cuando fuere fruto de buenas intenciones, intentan rebasar sus funciones para erigirse en mesías capaces de transformar la condición humana, generan catástrofes. La ley natural no puede ser manipulada para generar utopías. Eso lo entendieron los fundadores de la Unión Americana, que nunca hablaron, como Johnson en su discurso sobre la Gran Sociedad de que aquí en la tierra, “en la ciudad del hombre”, se hallaría la felicidad.
Lo que ellos propusieron fue una Unión que favoreciera de modo perpetuo la “búsqueda” de la felicidad para un número cada vez creciente de ciudadanos. Y a través del ejercicio de la libertad para idear, inventar, comerciar, crear y distribuir la riqueza. Con un gobierno que garantizara esa libertad, no que la obstruyera.
En un artículo que se difunde hoy, el ex-juez Andrew Napolitano, que frecuentemente se presenta como panelista en la TV, dice en una parte (sigue la versión libre en español):
In the years following the adoption of the Constitution, before he was Secretary of State under President Thomas Jefferson and then president himself, James Madison, who wrote the Constitution, was a member of the House of Representatives. During that period of his life, he gave illuminating speeches and wrote elegant essays and letters about human freedom.
In one of his essays, Madison noted that freedom came about in Europe when the people rose up and cast off or intimidated tyrants, who reluctantly granted the people the freedoms they sought. That was, in Madison's words, "power granting liberty." The American experience was the opposite, he argued. After we seceded from Great Britain, the free people of the 13 independent states voluntarily came together and through the states delegated discrete amounts of power to a central government. That was, in Madison's words, "liberty granting power," especially since the people reserved to themselves the liberties they did not delegate away.
Much of the political class of the founding generation, unlike our own, viewed the Constitution as restraining, not unleashing, the government. They recognized along with Madison and Jefferson that natural rights -- areas of human behavior for which we do not need a government permission slip -- are truly inalienable. An inalienable right, like speech, worship, travel, self-defense and privacy for example, is one that cannot be taken away by majority vote or by legislation or by executive command. It can only be taken away after the behavior of the person whose restraint the government seeks has been found by a jury to have violated another's natural rights.
This process and these guarantees are known today as the presumption of liberty. Stated differently, because of our recognition of natural rights, and our history, values and written constitutional guarantees, we in America are self-directed and free to make our own choices. In fact, the constitutional guarantee of due process mandates that because our individual liberty is natural to us, it is always presumed; thus, it is always the government's obligation to demonstrate our unworthiness of freedom to a judge and jury before it can curtail that freedom. It is not the other way around.
Until now
(Traducción)
(En los años que siguieron a la adopción de la Constitución, antes de que fuera Secretario de Estado del Presidente Thomas Jefferson y más tarde Presidenre él mismo, James Madison, que escribió la Constitución, fue miemro de la Cámara de Representantes. Durante este período de su vida, dio discursos luminosos y escribió ensayos y cartas elegantes acerca de las libertades humanas.
En uno de sus ensayos, Madison destacó que la libertad advino en Europa cuando el pueblo se leventó y expulsó o intimidó a los tiranos, quienes a regañadientes concedieron al pueblo las libertades que buscaban. Eso era, en palabras de Madison, “la libertad otorgada por el poder”. La experiencia americana fue lo opuesto, arguyó. Luego de separarnos de la Gran Bretaña, los pueblos libres de los 13 estados independientes se unieron voluntariamente y a través de sus estados delegaron discretas ciertas czantidades de poder al gobierno central. Eso fue, en palabras de Madison, “el poder otorgado por la libertad”, especialmente cuando el pueblo se reservó a si mismo las libertades que no delegó a nadie.
Muchos de la clase política de la generación de los fundadores, a diferencia de la actual, miró a la Constitución como restrictiva, no liberadora, del gobierno. Reconocían, con Madison y Jefferson, que los derechos naturales -áreas de la conducta humana para las cuales no necesitamos permiso del gobierno- son verdaderamente inalienables. Un derecho inalienable, como el derecho de expresión, credo, movilización, defensa propia y privacidad, por ejemplo, es algo que de ninguna manera puede ser eliminado por una mayoría de votos, o por la legislatura o por una orden ejecutiva. Un derecho inalienable solo puede ser eliminado si un jurado encuentra que la persona acusada ha violado los derechos naturales de otra persona.
Este proceso y estas garantías se conocen hoy como la presunción de libertad. Dicho de otrro modo, debido a nuestro reconocimiento de los derechos naturales y de nuestra historia, valores y garantías constitucionales escritas, aquí los norteamericanos somo libres para auto determinarnos y tomar nuestras propias decisiones. )
El Ejecutivo, en el caso de Obama, se ha aliado inconstitucionalmente con los jueces más radicales del sistema judicial, para ejercer lo que se conoce como “activismo” en contra de la voluntad del poder popular. En la mayoría de los Estados, el pueblo ha votado en contra del matrimonio gay pero los jueces han invalidado esa decisión porque ellos la consideran contraria a la Constitución.
La Corte Suprema, hace pocas semanas, prefirió desconocer una apelación contra esa decisión y ello se ha interpretado como un fallo a favor del matrimonio gay, algo que va en contra de la ley y el derecho naturales. Igual sucede desde 1973 con el aborto, que desde su vigencia ha ocasionado la muerte de 57 millones de seres humanos. La Constitución de la República garantiza el derecho a la vida, como una ley natural.
Está en manos del votante ratificar, o comenzar a frenar, esta tendencia de una minoría de la población opuesta a los fundamentos cardinales de esta nación, resumidas hace más de dos siglos en la Declaración de Independencia y en la Constitución de la República. El resultado de estas elecciones, aunque de medio período, tendrán resonancia universal.
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