Si uno se ubica en el lado de los contribuyentes, la respuesta sería obvia: menos impuestos. Siempre que el que opine no esté corroído por el virus del “progresismo” demócrata/izquierdista que busca fortalecer al Ejecutivo, como solución a todos los problemas de la comunidad.
Los que piensan de otra manera, como los republicanos e independientes que respaldan a Donald J. Trump, juzgan que una reforma tributaria que simplifique el esquema e incluya una reducción general de impuestos estimularía la economía y consolidaría el sistema democrático capitalista.
La Declaración de la Independencia y la Constitución de los Estados Unidos determinan que el poder reside en el pueblo, no en el gobierno. El pueblo delega su poder temporalmente al gobierno para que garantice las libertades ciudadanas y elabore leyes y cuide que se cumplan, para así garantizar la armonía social.
Al gobierno, con ese fin, se lo dividió en tres ramas para que mutuamente se controlen para evitar excesos. Sus representantes son elegidos directa e indirectamente por votación popular. En ningún caso el Ejecutivo podrá crear impuestos o dictar leyes, atribución vedada igualmente a las Cortes de Justicia.
La mayor carga de responsabilidad del poder popular recae en la rama legislativa, en la Federal y en la de cada uno de los 50 Estados. Desafortunadamente, en los últimos decenios el Congreso Federal ha ido cediendo parte de sus atribuciones al Ejecutivo y a la Corte Suprema, que han comenzado a legislar y regular pese a prohibirlo la Constitución.
El Ejecutivo, sobre todo con Obama, ha expedido más de 4.000 leyes, con más de 90.000 regulaciones (Véase el cuadro) que técnica y constitucionalmente debían tener la venia del Congreso. Lo ha hecho a través de organizaciones para la protección del medio ambiente, o de la energía y similares, autorizadas por los propios legisladores.
El proceso democrático se ha entorpecido y envilecido en los últimos años, como ocurrió con el Obamacare y su mandato inconstitucional para la adquisición de pólizas de salud. La demanda contra le ley llegó a la Corte Suprema pero fue desechada con el voto dirimente del Presidente de la Corte, el republicano John Roberts.
La misma Corte violó la Constitución al legalizar el sacrificio de los niños nonatos mediante el aborto. El Congreso se niega a rechazar esa decisión opuesta al principio básico de defensa de la vida que estipula la Carta Magna. Igual sucedió con la admisión de legalidad del matirmonio homosexual, repudiado en los referendos que se han realizado en 37 Estados.
Los partidarios de Trump confiaban en que la confusión terminaría con las pasadas elecciones, debido a que el GOP captó, además de la Casa Blanca, la mayoría de las gobernaciones estatales y la mayoría en las dos cámaras del Congreso Fedreal y la mayoría también de los congresos estatales. Pero la realidad ha sido frustrante.
Aparte del nombramiento de Neil Gorsuch como noveno juez de la Corte Suprema de Justicia, ningún otro logro de importancia de la agenda de Trump se ha concretado hasta la fecha, debido a la traición de algunos senadores republicanos. Todos ellos prometieron, por ejemplo, anular el Obamacare de inmediato, pero nunca se obtuvo mayoría.
Trump ha dicho que la batalla no está perdida, aunque si aplazada hasta el año próximo. Mientras tanto y puesto que el Obamacare está quebrado, ha anunciado que recurrirá a arbitrios legales fuera del Congreso para mitigar el impacto negativo, como abrir las fronteras estatales a la competencia de las aseguradoras, exonerar de multas a los que no se afilien, formación de grupos de asociados, etc.
Ahora Trump se apresta a “vender” su proyecto de reforma y reducción de tributos. Obama duplicó irresponsablemente la deuda pública a a más 20.000 billones. Característica demócrata: aumentar excesivamente el gasto público, endeudamiento, incremento de impuestos. En Estados Unidos, ciudades en rojo como Detroit, Chicago, muchas de California, Puerto Rico, están quebradas, por obra de gobiernos demócrata/socialistas, como en Venezuela o Ecuador.
Para combatir el endeudamiento no cabe sino la opción de reducir el gasto y acelerar el desarrollo. La primera es de efecto lento pero la segunda puede alcanzar resultados más rápidos al simplificar la compleja fijación de los impuestos y exenciones (que implican evasiones y uso de expertos tributarios), junto con la baja de las tasas impositivas.
La medida, si bien es republicana, fue aprobada en 1963 por John F. Kennedy, demócrata, con excelentes resultados y más tarde la repitió Ronald Reagan, republicano. En ambos casos la economía creció de una manera consistente y persistente, hasta que advinieron otros regímenes que descuidaron un manejo prolijo del gasto.
Los demócratas, que se autoproclaman defensores de la clase media y de los desposeídos, ya se han declarado opuestos al plan Trump para reducir y reformar el esquema tributario. Repiten, mintiendo, que va a beneficiar a los “ricos” en perjuicio de los pobres. El 50% de la población no paga el impuesto a la renta - la mayor recaudación tributaria proviene de menos del 10% de la población de más altos ingresos, que es la que crea riqueza y empleo.
Trump ha iniciado giras de promoción del plan por varios Estados, para presionar a los legisladores de su partido a que cumplan con la agenda que los llevó al poder. Si nuevamente hay tropiezos, parecería que la sola alternativa es iniciar una campaña para que en las elecciones de medio tiempo del 2018, la gente no reelija a ninguno de los legisladores que han traicionado a la causa.
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