La alharaca armada por los demócratas progresistas opuestos a Trump con la amenaza de llevarlo a un "impeachment" o interpelación, con el nuevo Congreso en el que esperan tener mayoría en enero próximo, no tiene sentido alguno.
El "impeachment" está previsto en la Constitución para enjuiciar y acaso destituir a un Presidente que haya cometido crímenes comprobados durante el ejercicio de su cargo, no antes. El tipo de crímenes no está especificado pero la Cámara de Representantes tendría que determinarlo.
Los demoprogresistas sufrieron un trauma del que no se recuperan cuando el 8 de noviembre del 2016 el republicano Donald Trumpo derrotó nítidamente a Hillary Clinton, la demócrata que todos daban por victoriosa hasta los últimos conteos de los votos.
Cuando la derrota fue inobjetable forjaron estrategias para anular el triunfo de Trump. No prosperó el intento de encontrar fraude en el conteo de votos y entonces se creó la fantasía de la "colusión" de Putin en las elecciones, o sea intervención rusa para favorecer a Trump.
Varias comisiones del Congreso estudiaron el caso y lo desecharon por falta de pruebas. Pero subsiste la que preside el ex Director del FBI Bob Mueller, que desde hace casi dos años está en la pesquisa ayudado por 17 sabuesos demócratas, abogados que ganan altísimos sueldos. También sin resultados.
En el curso de la investigación, la comisión Mueller se ha detenido en revisar los archivos de algunos ex colaboradores de Trump y ha hallado delitos tributarios en algunos de ellos, que en todo caso nada tienen que ver con Trump ni con la campaña electoral a la que alguna vez sirvieron.
Las acusaciones y amenazas persisten y ahora está claro que el propósito de Bob Mueller y la oposición es acumular delitos que se vinculen con Trump, no ligados con la "colusión", porque no existen, sino con pagos fraudulentos o supuestas mentiras del candidato, con miras al "impeachment".
Por ejemplo, se le quiere acusar a Trump de haber utilizado ilícitamente fondos de campaña para silenciar a una o dos mujeres de vida alegre, la una porno star, la otra playgirl, con las que habría tenido algún affaire en el 2016 y antes. El candidato lo niega, dice que su abogado pagó con fondos asignados a él por sus servicios profesionales y no de la campaña.
Abogados independientes sostienen que la "colusión" no es un delito y que tampoco lo es que un candidato pague de su bolsillo para su campaña o para "silenciar" o comprometer a alguna persona. Lo que si fue delito es que Hillary pague nueve millones de dólares a un ex espía británico para crear un falso "dossier" contra Trump, que el FBI de Obama lo tomó como cierto para iniciar la investigación anti colusión.
En todo caso los supuestos fraudes o delitos cometidos por Trump no fueron consumados en ejercicio de la Presidencia, de la que se posesionó el 20 de enero del 2017, sino antes. Distinto fue el caso de Bill Clinton, quien llevó abusivamente a Monica Lewinsky, de 22 años de edad, a la Oficina Oval de la Casa Blanca para tener sexo oral con ella, que luego negó bajo juramento.
Monica cumplía una pasantía y su caso generó un escándalo que develó otros exceso sexuales de Clinton y culminó con una interpelación por perjurio, que no terminó con destitución por razones de política partidista. En ese entonces y hasta la fecha, Hillary se convirtió en la mayor defensora y encubridora de su marido infiel.
El proceso de "impeachment" tiene que iniciarse en la Cámara de Representantes, en la cual hay mayoría republicana. Con las elecciones de medio término, en noviembre, los demócratas aspiran a recuperar la mayoría, así como en el Senado, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría de 51/49 (51 republicanos, 47 demócratas, 2 independientes; el fallecido John McCain de Arizona tiene que ser reemplazado por el Gobernador de ese Estado).
Pero la oferta demócrata es poco atractiva para los votantes, que han visto con Trump fortalecerse la economía y el empleo como nunca antes en muchas décadas, aumentar la oferta de empleo más allá de la oferta de mano de obra, recuperar el prestigio internacional en el comercio y las relaciones con aliados y no aliados y la certeza de seguir en la ruta de progreso.
La oposición, en contraste, busca eliminar la reducción de impuestos que estimuló la economía, fomentar las fronteras abiertas, eliminar la policía de control de fronteras y aduanas y proteger los llamados "santuarios" en ciudades y Estados que impiden la acción federal de control de indocumentados.
También la oposición insiste en bloquear el nombramiento de nuevos jueces en la Suprema y Cortes Federales, destinados a sustituir a quienes se han convertido en manipuladores de las leyes y no en jueces cumplidores del mandato constitucional de emitir veredictos independientes sobre dudas en la interpretación de las leyes, no en cambiarlas. (Casos aborto, matrimonio gay, etc.)
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