No hay otro presidente en la historia de los Estados Unidos que merezca tanto ser interpelado y destituído por el Congreso Federal como Barack Hussein Obama. Pero paradógicamente esa posibilidad se estrella contra la realidad política vigente.
Las causales de interpelación son múltiples y todas ellas se sustentan en el desprecio del Presidente por el sistema constitucional, que ha regido en esta nación sin alteración desde que se fundó en 1776. Desde el inicio en el 2009 lo menos que ha hecho Obama es co gobernar con el Congreso.
Para esquivar la exigencia constitucional de aprobación del Senado para el nombramiento de ministros, optó por designar a un enjambre de llamados zares o superministros, cuya sola responsabilidad descansa en él y no en el Congreso.
Ha gobernado por seis años sin un presupuesto aprobado por el Congreso y lo ha hecho por decretos ejecutivos. Ello le ha permitido inflar el gasto y la burocracia a niveles extremos, hasta superar los 17 trillones de dólares, lo que supera el total de la riqueza nacional. Ello es inconstitucional.
Nombró como Fiscal General a Eric Holder, que ha actuado todo menos como abogado independiente de la nación. Fue pieza capital del operativo “Fast and Furious” que facilitó gratuitamente armas al narcoterrorismo de México y ocasionó la muerte de un guardia de frontera norteamericano. Se ha negado en desacato a facilitar documentación al Congreso.
También se ha declarado en rebeldía al pedido de que designe a un investigador independiente para analizar las acusaciones de que el IRS, que colecta impuestos, actuó maliciosamente contra organizaciones de oposición por orden de la Casa Blanca, durante la campaña para reelegir a Obama en el 2012.
Uno de los mandatos primarios que tiene el Presidente es garantizar la seguridad interna y externa de la nación. Obama ha reducido el personal de las fuerzas armadas, las ha retirado de sitios clave de conflicto como en el Irak y Afganistán, impidió la defensa del personal diplomático asignado en el Libia, ha demostrado ambigüedad en sus políticas de Medio Oriente.
Existen pruebas concretas de su rompimiento de la ley con la propia ley que lleva su nombre, el Obamacare. Presionó para que se la apruebe y lo logró utilizando todas las argucias posibles, no obstante la oposicón mayoritaria del pueblo y sin un solo voto republicano de respaldo.
Pero la ley tenía y tiene innumerables defectos, vacíos y contradicciones, que resolvió enmendar sin consultar al Congreso, como manda la Constitución. De manera similar amenaza con gobernar mediante Decretos Ejecutivos para enfrentar los conflictos por él creados para estimular la inmigración ilegal por la frontera con México.
La ley de Inmigración no ha sido aplicada con rigor desde la última vez que fue enmendada cuando gobernaba Ronald Reagan en 1986. Se concedió aministía a unos tres millones de inmigrantes, condicionado a que se vigilaría con estrictez las fronteras. Ello no ocurrió y ahora se calcula que hay entre 11 millones y 13 millones de ilegales en el país.
Cuando George W Bush impulsó una reforma para facilitar la transición de los ilegales a la legalidad y racionalizar el ingreso de nuevos inmigrantes, hubo oposición incluso de los mismos republicanos. Bush retiró el proyecto. Igual ocurrió con el proyecto de estatización de la salud de Bill y Hillary Clinton: fue tal la oposición, que el proyecto lo archivó.
Obama es distinto, según se vió con el Obamacare. Con el problema de la inmigración, fueron los demócratas los que tomaron la batuta. Pero la idea Bush fue alterada y se convirtió a la postre en una velada ruta hacia la inmunidad. El Senado, controlado por los demos, aprobó el proyecto pero se estancó en la Cámara de Repesentantes con mayoría republicana.
Ahora Obama quiere hacer prevalecer su voluntad al golpe de un Decreto Ejecutivo que conceda amnistía a 5 millones de ilegales y legalice a los niños (y adolescentes y pandilleros) que aguardan pacientemente en las fronteras o en confortables hostales de varios estados, hasta que se concrete su legalización como refugiados.
Con tantas y tantas evidencias ¿por qué no proceder a la interpelación y a la ulterior destitución, como establece la Constitución? Por la simple razón de que este documento, tan frágil en manos de Obama, exige que para la interpelación se requiere la simple mayoría de votos en la Cámara de Representantes, o sea un mínimo de 218 y de la mayoría de los dos tercios de votos en el Senado, esto es, 67.
Si bien en la Cámara de Representantes hay una mayoría de 234 republicanos frente a 205 demócratas, en el Senado el asunto se complica pues los demos tienen 53 votos más 2 independientes que votan siempre demo; los republicanos tiene solo 45 y algunos tan tibios como John McCain. En esas condiciones, sería un sueño aspirar a 67 o más en favor de un “impeachment”.
Los demócratas han demostrado en asuntos como el Obamacare que votan sin razonar, como borregos en una asamblea de Correa o de Chávez. Para el Obamacare Nancy Pelosi, líder demócrata en la Cámara de Representantes, recomendó (ordenó) a algunos de sus coidearios vacilantes que “votaran sin más” que ya después podrían leer el texto de la ley de más de 2.000 páginas, si querían.
Ningún presidente ha sido interpelado y destituído en los Estados Unidos. Ha habido cuatro interpelaciones: a Andrew Johnson, John Tyler, Richard Nixon y Bill Clinton. Johnson y Clinton llegaron a ser interpelados por la Cámara de Representantes, pero fueron absueltos por el Senado. No hubo votos suficientes para interpelar a Tyler. Nixon renunció antes de someterse al proceso.
El actual presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, seguramente tras analizar la historia y las alternativas actuales decidió bloquear la interpelación a Obama y en su lugar optó por recurrir a los jueces para que lo sancionen por irrespeto a las leyes y la Constitución.
No hay antecedentes de un juicio de esta naturaleza y tampoco se prevén resultados prácticos. Primeramente, porque el trámite demoraría más allá del término del actual presidente y segundo, porque probablemente los jueces se excusarían del caso, arguyendo que ello equivaldría a interferir entre las dos funciones del Estado.
Lo cual es precisamente el origen de la protesta y planteamiento del juicio. En todo caso, quedaría formalizada la protesta y evidencia de que el actual mandatario irrespeta la ley y la Constitución. Y que si no cabe interpelarlo hoy, al menos queda la esperanza de rescatar al sistema institucional gravemente malherido por este régimen, mediante las elecciones que se avecinan.
En noviembre próximo se podría recuperar la mayoría republicana en el Senado y mantener e incluso aumentar la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Aunque Obama continuaría boicoteando al país desde la Casa Blanca por dos años más, los daños podrían ser atenuados si existe un Congreso con dos cámaras de oposición.
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