LA APROPIACIÓN DEL 99%

Por Franklin López Buenaño, PhD en Economía
(Colaboración)

Parece una medida "patriótica". ¿Por qué las empresas petroleras extranjeras tienen que beneficiarse de los altos precios del petróleo? ¿Por qué no revertir esas ganancias al Estado ecuatoriano, que al final de cuentas es el "dueño" de los recursos naturales? A pesar de que estas preguntas parecen legítimas, se esconde detrás de ellas algunos sofismas y más que un desconocimiento de las leyes económicas.
Durante el gobierno del Gral. Rodríguez Lara, se "nacionalizó" el petróleo. Del consorcio Gulf-Texaco pasó a CEPE-Texaco y luego simplemente a CEPE. El Estado era el propietario del petróleo y las empresas extranjeras simples operadoras; por consiguiente, era el Estado quién comercializaba el petróleo. Los reembolsos y tasas de servicios a las empresas eran parte de un orden de prelación de pagos que incluía, entre otros, los costos de transporte y de comercialización incurridos por la empresa estatal. Cualquier excedente quedaba en manos del Estado. Pero se suscitó un problema porque, en un determinado momento, el precio del petróleo bajó ostensiblemente y, por tanto, en algunos casos, los ingresos no permitían al Estado ni siquiera rembolsar los costos de las empresas peor gozar de un excedente. Este hecho, ligado además a la percepción de que las empresas inflaban sus costos, impulsaron al Estado a presionar a las empresas para que se cambiaran a un contrato de participación, lo cual fue aceptado por todas menos una (actualmente operando con el nombre de AGIP).
La gran mayoría de las empresas tenían, hasta hace unos 8-10 años, contratos de prestación de servicios. Bajo esa forma contractual, el Estado les reembolsaba sus costos y, adicionalmente, les pagaba una tasa por servicios basada en una fórmula cuyo factor primordial estaba relacionado a niveles de producción (a mayor producción menor la tasa). Los contratos y, por tanto, las tasas de servicio -- que eran en realidad los ingresos imponibles -- fueron producto de licitaciones internacionales que sirvieron para escoger a las empresas "prestatarias de servicios". Pero, bajo un Contrato de Participación, las empresas reciben precisamente una "participación" o porcentaje de la producción de petróleo para su propia comercialización, en base a una tabla que liga dichos porcentajes a niveles de producción. Los ingresos por ventas le sirven -- en teoría -- para recuperar sus costos y hacer una utilidad razonable. Es obvio que el factor riesgo es mayor en esta modalidad contractual y que las petroleras deben esforzarse en ser más eficientes. Para los cálculos económicos de cambio de contrato, que buscaban dar a las empresas una rentabilidad esperada similar a la que ya tenían bajo un contrato de prestación de servicios, hubo necesidad de estimar un precio promedio de petróleo, y el valor estimado -- tomando en cuenta el comportamiento de los 10 años previos -- fue de $15,00 por barril. El incremento del precio del petróleo en el mercado internacional en los últimos años (sobre los US$15,00) ha generado lo que el Estado llama utilidades o ganancias "extraordinarias" de las petroleras, las mismas que, de acuerdo al último decreto presidencial, serán repartidas 99% Estado y 1% petroleras privadas.
Ahora, el estado ecuatoriano desea reimplantar la modalidad de prestación de servicios, con el argumento de que la constitución vigente establece que los recursos naturales son propiedad inalienable del Estado. La renegociación de los contratos con las petroleras es algo complementario a la ya decretada repartición de las ganancias extraordinarias.
Aquí cabe, sin embargo, mencionar algunos hechos y hacer algunas reflexiones:
1) Paralelamente al incremento del precio del petróleo ha existido en los últimos tiempos un marcado aumento de los costos de producción, por tanto la rentabilidad estimada de las petroleras a la fecha de los anteriores cambios contractuales (sobre la base de un precio de venta de US$15,00/barril) ha disminuido ostensiblemente. Es prácticamente imposible estimar cuántas son las ganancias "extraordinarias", el 99% bien podría ser excesivo y por consiguiente algunas empresas prefieran cerrar sus operaciones.
2) El cambio a prestación de servicios introduce un elemento de incertidumbre en la relación contractual, ¿Seguirán las petroleras u otras empresas privadas predispuestas a invertir en el país ante un futuro tan incierto?
3) Si un día fue un escándalo que las petroleras inflaban los costos, ¿quién nos puede asegurar que no vuelva a ocurrir? Los administradores de Petroecuador no se distinguen por su eficiencia, eficacia u honradez.
4) Lo cual nos trae a otro problema, los incentivos perversos que abundan en la gestión petrolera. Un ex funcionario calculó que durante los años de CEPE, ingresaron al país por concepto de ventas más de 12 mil millones de dólares, las cuentas muestran gastos por 8 mil millones, 4 mil millones de dólares fueron "desviados", sin que nadie sepa cómo ni a quién, pero no están contabilizados. Muchos llaman a Petroecuador "petrocorrupción". ¿Creemos honestamente que la administración de Correa va a cambiar las cosas? El contrabando de petróleo sigue tan campante como siempre, pero pocos, muy pocos, hablan del asunto.
5) También es preocupante el sesgo del gobierno. La banca, la prensa, el sector petrolero, los molinos, todas estas empresas privadas están "bajo la lupa", ¿qué otras empresas serán también motivo de escrutinio? ¿Cuándo les llegará la hora a las otras?
Lamentablemente la inseguridad jurídica sigue campante en el Ecuador y el abuso del poder -- con los consiguientes golpes bajos a las principales fuentes privadas de ingresos del país -- está aumentando y creando un clima de inversión muy desalentador. Este hecho puede convertirse en un boomerang ya que el nivel de gasto público se ha incrementado considerablemente y el crecimiento del PIB se proyecta en apenas un 3.5% para este año. La producción de petróleo del Ecuador -- el principal motor de la economía -- es apenas una sexta parte de la de Venezuela, y el Estado ha demostrado en el pasado ser un mal operador y un pésimo administrador de recursos. Sólo los ingenuos pueden pensar que con Correa la historia va a ser distinta.