Sunday, November 11, 2007

CÓMO SE FORMA UNA CONSTITUCIÓN

El presidente ecuatoriano Rafael Correa se ufana en decir que “su” Asamblea Constituyente no tendrá los tropiezos que tiene la de Bolivia porque él fue muy listo y para evitarlo decidió que las resoluciones sean adoptadas no los dos tercios de votos de los delegados, como en el Altiplano, sino por simple mayoría.
Es una viveza que satisface a sus panegiristas, como el columnista Rodrigo Fierro del Diario El Comercio, pero que repugna a quienes tiene otro sentido de la historia y sobre todo de la democracia. Disponer que una nueva Constitución se elabore y apruebe si no por consenso, al menos con los 2/3 de los votos, es todo menos democrático.
Pero el correismo ha hecho presa de la Asamblea no solo por el influjo directo del jefe de Estado en todos los niveles, sino porque allá ha llegado triunfante una colección de incondicionales abrumadoramente mayoritaria: 80 de los 130 delegados son fieles a Correa. (Y el prestigio del presidente va por el 72% según las encuestas, lo que le coloca como el más popular de América Latina)
Entre Correa y Alberto Acosta, nombrado éste presidente de la Asamblea aún antes de que la asamblea se reúna, decidirán qué curso darle al país. No solo con el documento constitucional que lo tienen redactado y definido, sino además en torno a quienes serán los elegidos para ocupar las funciones en los organismos del Estado que han declarado vacantes.
Si el sistema democrático que precedió a Correa era imperfecto y débil, era susceptible sin embargo de ser perfeccionado y corregido. El que ahora está instaurando la pareja no busca fortalecer la democracia, sino sustituirla por una autocracia.
Correa y Acosta detestan a los Estados Unidos. Ambos son economistas y una de las razones de su aborrecimiento es el capitalismo, sistema que ha fortalecido a este país y que sigue fortaleciendo a todos las naciones que siguen por ese camino, encuadrado eso si dentro del marco de libertad, democracia y respeto a la ley.
Sarkozy, el presidente de Francia, habló ante el pleno del Congreso de los Estados Unidos y, en contraste con los que repudian a esta nación, expresó su admiración sustentada en hechos históricos. Dijo que el pueblo francés admira a USA no por su grandeza material sino por la validez eterna de sus principios que Francia los comparte.
Esos principios son la defensa de la libertad, el respeto a las ideas ajenas y a discrepar, libre albedrío religioso y respeto a la propiedad privada, material e intelectual. Estas ideas y principios tienen que sujetarse por cierto a un ordenamiento, a evitar el abuso, a la sujeción general por la ley.
Cuando las 13 Colonias se unieron para lograr su Independencia de la Gran Bretaña, el vínculo legal que las enlazó fue un puñado de normas y regulaciones conocido como los Artículos de la Confederación. Conquistada la independencia, los “padres de la Patria” observaron que esos Artículos eran insuficientes para garantizar un desenvolvimiento normal del gobierno para las Colonias.
Los Artículos, a la postre, se transformaron en la Constitución. La aprobaron 39 de los 55 delegados de la Convención Constitucional de Filadelfia, el 9 de septiembre de 1787. Benjamín Franklin exhortó a que la Constitución se ratifique por consenso pero prevaleció el criterio de que sea aprobada al menos por 9 de las 13 Colonias.
La Colonia número 9 fue New Hempshire, que la ratificó el 21 de junio de 1788. La “carta magna” entró en vigencia a partir del 4 de marzo del año siguiente, 1789.
El proceso de formación de la Constitución norteamericana fue largo, complejo y los mejores cerebros de la época se enfrascaron en hondas discusiones y a puerta cerrada en Filadelfia. Sigue vigente, con 27 enmiendas introducidas luego de procesos igualmente prolongados y exigentes.
Aunque la Constitución prevé reformas mediante convenciones constitucionales, la forma que se ha empleado tradicionalmente es a través de la discusión y aprobación de proyectos de enmienda con los 2/3 de los votos de las dos cámaras del Congreso Federal, la de Representantes y el Senado. Si la aprobación se da entonces la enmienda tiene que ser discutida y aprobada siguiendo las mismas normas por los congresos de los 50 Estados. Solamente cuando hay la aprobación de los 3/4 partes de los Estados, la enmienda finalmente se incluye en la Constitución.
En todo este proceso el presidente de la República no tiene ninguna participación. No está facultado ni para aprobar ni para rechazar las enmiendas y solo puede opinar. Por ello la enmienda aprobada como queda descrito es mandataria para él y para el pueblo de los Estados Unidos, sin más opción. El trámite en algunos casos demoró mucho, por lo que se aceptó fijar un límite máximo de 7 años al proceso, o suspenderlo.
Hay que resaltar el contraste entre el sistema democrático constitucional de USA y el sistema que está aplicando Correa en el Ecuador, aún con el consenso del pueblo. En el Ecuador la nueva Constitución no será del pueblo, será de Correa. Si Correa y sus seguidores se hubiesen inspirado en algo en la democracia yanqui, la situación hubiera podido marchar mejor en el Ecuador. Pero Correa ha preferido imitar el modelo seguido por Chávez en materia de enmiendas constitucionales y nada puede ser peor.

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Rafael Correa dijo en Chile que no comparte con Chávez la idea de la indefinida reelección presidencial, pero anunció que buscará él mismo la reelección por una sola vez. Si tiene presentada su renuncia ante la Asamblea Constituyente y ésta la rechaza, como es seguro, pasaría entonces a ejercer con ello su segunda presidencia. Una tercera, luego de 4 o más años (depende de lo que diga la nueva Constitución sobre duración de períodos) debería quedar descartada.
También en Chile dijo que su socialismo del siglo XXI no fomentará la lucha de clases. Si así fuere, su socialismo no sería socialismo sino cualquier otra cosa. Pero en realidad Correa incesantemente estimula la lucha de clases al pretender que “pueblo” es solo el pueblo correista y no los “pelucones” y en general los de clase media alta y alta, a los que quiere despojar de su dinero para dar a los pobres.
Correa detesta a la clase de los “ricos”, pero no deja de hacer todo lo que esté a su alcance para acaparar la mayor suma de ingresos para el Estado. De ahí su arremetida contra las petroleras, contra los municipios de Quito y Guayaquil, contra los bancos, los medios de comunicación fuertes, todos los que detentan algún poder económico.
Su idea como economista de despojar a los ricos para dar a los pobres es falsa, pues esa doctrina “robin hood” no funciona. El Estado puede engrosar sus arcas, pero ello no generará riqueza, sino despilfarro y corrupción. El ejemplo está cercano geográfica e históricamente en Venezuela. El Estado existe para garantizar la seguridad nacional y el cumplimiento de la ley, no para interferir en la vida de los ciudadanos y obstruirla. Eso conduce a la miseria económica y política, como se observa en Cuba o Corea del Norte.

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El déficit presupuestario suma ahora 484 millones de dólares y se proyecta a 855 millones de dólares para el año próximo, según estadísticas y proyecciones oficiales. El déficit comercial se duplicó de 1.775 millones de dólares en el 2004 a 2.842 millones de dólares en el 2007, también según cifras oficiales. Huelgan comentarios.
En Chile Correa confesó con orgullo propio de un discípulo aprovechado frente a su maestro que fue él quien convenció a Hugo Chávez para que disuelva el Banco Central. Dijo que ese organismo es una patraña del imperialismo yanqui que hay que acabar en los dos países. El maestro aceptó el consejo y el Central desaparecerá en Venezuela. La abolición en el Ecuador del Banco es un retroceso al caos que prevalecía en el con anterioridad a la visita al país de la Misión Kemerer, a comienzos del siglo XX. El objetivo es claro: acumulación de poder y dinero por parte del Estado, sin control alguno.
La “revolución ciudadana” de Correa ya deshizo también las relaciones con el Banco Mundial. Ahora amenaza con demandar a esta institución por supuestos daños y perjuicios contra el Ecuador en el campo de la minería. ¿Las razones? No que mineros embozados, con cascos BM, hayan venido subrepticiamente a llevarse oro y petróleo de las entrañas del subsuelo ecuatoriano, sino por una ley. Supuestamente el Banco ha “obligado” al Ecuador, acaso metralleta en mano, a que apruebe una ley minera que a Correa no le ha gustado para nada.

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